Frente a la reunión del G-20, celebrada el 1 y 2 de abril en Londres, una cadena de acuerdos y reuniones previas han definido la postura que tanto la UE como Estados Unidos parecen haber adoptado para salir de la crisis económica. Mientras que la semana pasada Obama presentaba un plan con el que inyectar a las grandes empresas y bancos un billón de dólares en créditos, y animaba al resto del mundo a seguir sus pasos, los gobiernos de la UE, con la excepción de Reino Unido, abogaban por una reforma del andamiaje financiero global, en lo que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, definía como “refundación del capitalismo”.
No obstante, la necesidad de inyectar dinero líquido al mercado ha dejado la puerta abierta a la recuperación de capital escapado en los tiempos de bonanza a los denominados espacios offshore. “La mitad del dinero mundial está en los paraísos fiscales. Los Estados necesitan conseguir liquidez por medio de la venta de deuda pública, para así financiar el déficit provocado por la crisis, y los bancos necesitan capital, y en esos centros hay una enorme cantidad de dinero parado”, afirma Ramón Fernández Durán, analista y miembro de Ecologistas en Acción.
Aunque tras la primera cumbre del G-20, celebrada en noviembre en Washington, la declaración final mencionaba entre las medidas a medio plazo que había que “proteger el sistema financiero global de las jurisdicciones con falta de cooperación y la falta de transparencia que plantean riesgos o actividades financieras ilícitas”, lo cierto es que las iniciativas que se están planteando de cara a recuperar el dinero de los centros offshore, no parece que busquen defender esa transparencia. “La UE está interesada en conseguir algún tipo de regulación de los paraísos, porque no los tienen tan desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña, que se han beneficiado en los últimos 30 años de un montón de estos centros en el Caribe y el Canal de la Mancha”, afirma Fernández Durán. Lo que no está claro es a qué tipo de regulación se tenderá. En ese sentido, se ha conocido recientemente que el Gobierno español ha elaborado un Real Decreto por el que el dinero procedente de los paraísos fiscales tendrá total impunidad en España si los evasores lo invierten en deuda pública. Además de no tributar al fisco, se suprimirá la obligación de declarar la identidad de los titulares, el país de procedencia y el importe de los rendimientos. “Es algo que no sólo se hace en España, se está emitiendo una enorme cantidad de deuda pública, pues el déficit se dispara, por lo que se hace necesario crear unas condiciones atractivas y homogéneas, pues si no te llevas tú esos fondos, se los llevará otro país”, confirma Ramón Fernández Durán.
Dinero muy negro
Además de la discriminación que supone este tipo de medidas, en tanto que quien invierta dinero procedente de paraísos fiscales no tributará el 18% que deben pagar los que operen desde territorio nacional, gracias a esa especie de amnistía fiscal offshore, no siempre ese capital procederá de la mera evasión fiscal. En enero, Antonio Costa, responsable de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirmaba a un semanario austríaco que “el dinero del narcotráfico constituye un importante capital líquido de inversión disponible y hay indicios de que, a través de préstamos interbancarios, algunos bancos se salvaron de la crisis utilizando dicho capital”. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de EE UU confirmaba que el lavado de activos anual proveniente de diversos negocios transnacionales ilegales, fundamentalmente tráfico de armas, de drogas y prostitución, supuso entre el 3% y el 5% del PIB mundial en 2008.
Ya en 1998, la OCDE proponía terminar con los centros offshore antes de 2006, aunque ni siquiera parece que la crisis vaya a conseguir erradicarlos. “Creo que no será posible porque no hay una voluntad real de eliminarlos, habrá un goteo de medidas, pues a países como España o Francia, que no tienen ninguno, les podría interesar alguna regulación estética, pero a otros como a Suiza o Gran Bretaña, les afectaría demasiado en su economía”, afirma Ricardo Gómez Muñoz, miembro del Consejo Científico de Attac-Cataluña. Un asunto capital como el secreto bancario ni siquiera se ha puesto sobre la mesa del G-20, a pesar de que la presión de la Administración Obama sobre el gobierno suizo consiguiera a comienzos de mes que, por primera vez en la historia, un banco del país helvético entregara los datos de 250 clientes a las autoridades fiscales estadounidenses (ver p.7).
Varios interrogantes
Frente a la cumbre del G-20, tres son los planteamientos que se han puesto sobre la mesa. De una parte, la propuesta del llamado neokeynesianismo, basado en la puesta en circulación de grandes cantidades de dinero público, de momento limitada a grandes compañías y bancos, por parte de EEUU, Gran Bretaña y Japón. “Una política de inversión pública no solucionaría nada más allá de sectores marginales, como la construcción, pues si España pone dinero en manos del ciudadano para reactivar el consumo interior, con la globalización, lo más probable es que acabará comprando un coche chino o de cualquier otro país”, afirma Fernández Durán. Mientras, los países de la Eurozona rechazan la propuesta de EEUU de aumentar más el esfuerzo público para combatir la crisis hasta conocer el efecto de las iniciativas de gasto público puestas ya en marcha. “La UE no va a tomar medidas a corto plazo, pues esperará a la cumbre semestral de junio.
Todavía, países como Alemania Francia se siguen preguntando por qué hay que ayudar a la banca”, confirma Ricardo Gómez Muñoz. Por último, los países emergentes, con un peso cada vez mayor en la economía mundial y que en los últimos años acaparan dos tercios del crecimiento económico mundial, reclaman ganar peso en los principales organismos internacionales, al amparo de la presunta pérdida de influencia de los Estados Unidos.
El último asunto en el tapete del G-20 será la crisis energética. “La ecología está condicionando la cumbre por la crisis de los recursos energéticos, y no tanto por el cambio climático, que es un problema a largo plazo para el capital. La madre del cordero es que si empieza el declive energético es imposible que haya un crecimiento económico, e incluso habría decrecimiento, ya que mantener un sistema financiero basado en interés compuesto en un contexto de decrecimiento es imposible. Lo que obligará a reducir el consumo será ese declive energético”, concluye Ramón Fernández Durán.
RIC: pelotazo fiscal en las Islas Canarias
Primera jornada estatal coordinada contra la crisis
Delicious
Meneame
Facebook
Twitter
