La Ley Integral contra la Violencia de Género, primera de la legislatura, ha permitido que más de 90.000 mujeres hayan obtenido órdenes de protección. Pero para Amnistía Internacional imponer la denuncia u orden de protección como requisito para acogerse a la ley discrimina a las inmigrantes irregulares, que además tampoco acceden a las ayudas económicas. El colectivo Las Otras Feministas también critica esta obligatoriedad y propone apostar por reforzar la prevención.

Respecto a la Ley de Igualdad, Altamira Gonzalo, presidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, valora “el compromiso de las Administraciones al introducir la transversalidad del principio de igualdad en todas sus políticas”, con medidas como “excedencias para cuidar de familiares dependientes o descendientes, conservando el puesto de trabajo”.

Directrices no vinculantes
Gonzalo aplaude “la representación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las empresas con participación estatal”. Lo que no pasa en las privadas, ya que, como en otras áreas, “el principio de representación equilibrada en puestos directivos no es vinculante, sino una recomendación”. En cuanto al permiso de paternidad, en Themis están “insatisfechas por su corta duración, aunque está previsto que se amplíe”, tal y como pide la Plataforma por un Permiso de Paternidad Intransferible. A juicio de la experta en cuidados Amaia Pérez, “la ley responde a una noción de igualdad centrada en el mercado laboral y la política formal y basada en una perspectiva liberal”.

En cuanto a la Ley de Dependencia, Pérez cree que “enfatiza la atención a la dependencia con el trabajo mal pagado de las mujeres frente a la promoción de la autonomía. Además, la creación del cuarto pilar del Estado de bienestar que comporta la ley se basa en un sistema privatizado”. Según Raquel Platero, investigadora en políticas de igualdad y género, “los partidos han adaptado las demandas del movimiento feminista y por la diversidad sexual a sus propios marcos interpretativos”.

La brecha entre posturas prorregulación de la prostitución y abolicionistas en el movimiento feminista se visibilizó en el Parlamento, cuya Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer rechazó regular la prostitución. Colectivos de prostitutas y Las Otras Feministas criticaron la medida. En cuanto a la Ley del Aborto, el PSOE ha incumplido su promesa electoral de reformarla. Themis está asesorando gratuitamente a las mujeres citadas judicialmente por haber abortado y considera que “una ley de plazos acabaría con la inseguridad jurídica”.

Respecto a la Ley de Matrimonio Homosexual, otra de las grandes reformas legislativas, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya la valora como un resultado de la lucha de gays y lesbianas, pero alerta de que “el matrimonio consagra un modelo conservador de relaciones” y apuesta por su abolición como “concreción radical de los derechos individuales”. En ello coincide el Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona, que aboga porque “los derechos no dependan de tener pareja”. Respecto a Ley de Identidad de Género, que permite cambiar de género en el DNI sin operarse, su entrada en vigor incorporó una enmienda a la Ley de Reproducción Asistida que logró el reconocimiento como madres de las lesbianas casadas que tengan descendencia por inseminación artificial. Sin embargo, diferentes grupos censuran que la ley imponga para el cambio un certificado de disforia de género y hormonarse durante dos años. Por su parte, la Plataforma por los Derechos Sanitarios Trans critica que no se garantice la sanidad de proximidad.