"Se trata de un caso de violencia de género, concretamente de violencia sexual, con unas circunstancias muy particulares: ellas [las denunciantes] son presas y el denunciado, Mariano Merino, es el ex subdirector de seguridad en la cárcel de Langraitz [Nanclares de la Oca, Vitoria]", explica Marta Aldanondo, de la asociación de apoyo a presos y presas Salhaketa Araba y abogada de dos de las denunciantes. Cuatro mujeres acusan a Merino de cometer cuatro delitos de acoso sexual y uno de abuso sexual a lo largo del año 2004.
El Ministerio Fiscal, que en un principio apoyó las denuncias y presenció las declaraciones de tres presas, cambió de postura y pidió el sobreseimiento del caso. En un informe, la fiscalía llegó a afirmar que la versión de las denunciantes no estaba probada, pese a que funcionarias y psicólogos de la cárcel la habían corroborado. La posición de la Fiscalía motivó que el juzgado de instrucción nº2 de Vitoria, que instruía el caso, lo archivara en noviembre de 2007. Las acusaciones recurrieron y, en mayo de 2008, la Audiencia Provincial de Vitoria estimó que existían pruebas suficientes como para que se celebrara un juicio. Finalmente, está previsto que la vista oral empiece el 18 de noviembre. Salhaketa asegura que las presas denunciantes han sido objeto de “represalias y presiones innumerables”. Aldanondo considera que “han sido unas valientes. No es fácil denunciar porque te pueden hacer la vida imposible. Los hechos datan de 2004 y ellas seguían dentro de la cárcel cuando denunciaron. A una la sacaron de los talleres”. De hecho, aunque las denunciantes son cuatro, se estima que son 13 las mujeres afectadas. Incluso varias presas denunciaron que una interna se fugó porque no pudo aguantar más el acoso.
"Era vox populi"
En cuanto a los responsables de la
prisión, "Instituciones Penitenciarias
no ha tomado ninguna medida
en especial", afirma la abogada.
Merino dimitió en julio de 2005,
cuando el asunto salió a la luz pública.
"Pensamos que le obligaron,
porque lo hizo cuando Mercedes
Gallizo [directora de Instituciones
Penitenciarias] visitó la cárcel. Pero
sigue ejerciendo en otro lugar.
Por su parte el entonces director de
Langraitz, Jesús Moreno, fue trasladado
a Madrid". Ya en 2004, explica
Aldanondo, "era vox populi
que Mariano Merino hacía proposiciones
sexuales a las reclusas a
cambio de permisos y progresiones
de grado, aunque él alegue que
no formaba parte de la junta de tratamiento
que las concede. Las propias
funcionarias declararon que
iba al módulo de mujeres cuando
no le tocaba turno, porque vivía en
una vivienda adosada a la cárcel".
Los rumores eran tales que, en septiembre
de ese año, el director de
Langraitz recomendó a Merino que
se abstuviese de entrar en el módulo
de mujeres, pese a lo cual las funcionarias
contabilizaron hasta 33
visitas a esa zona desde esa fecha
hasta abril de 2006 [ver DIAGONAL
nº 29]. En la fase inicial del
proceso, mujeres y hombres presos
en Langraitz acusaron a Mariano
Merino de los delitos de coacciones
económicas, extorsión
sexual, torturas, amenazas e inducción
al suicidio. 79 organizaciones,
incluidos varios grupos feministas,
apoyaron la denuncia, enmarcada
en una campaña de Salhaketa contra
los abusos hacia las presas y por
la incorporación de la perspectiva
de género en las políticas penitenciarias.
Salhaketa invitó, sin éxito,
a Emakunde (Instituto de la Mujer
del Gobierno Vasco) a personarse
como acusación. Ahora, las tres
acusaciones particulares personadas
piden para el ex jefe de seguridad
una condena de diez años de
cárcel, 36 de inhabilitación total, 21
meses de multa y una indemnización
para cada denunciante de
3.000 euros por daños morales.
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