Perú vivió un conflicto armado iniciado en 1980 que se prolongó durante la década de los ‘90, y cuyo impacto se sintió en todo el país y significó un elevado coste humano. Como resume Edgardo Rodríguez Gómez, abogado peruano que ha trabajado en diversas organizaciones de derechos humanos de su país, los ‘90 se caracterizaron por una crisis extrema de la estrategia político militar ofensiva llevada a cabo por los grupos alzados –con la captura de miembros de la directiva del Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso, en 1992, que se tradujo en un notorio declive de las acciones armadas– y acciones de contraofensiva cada vez más brutales de las fuerzas de seguridad estatales.

Tras el golpe de Fujimori, también en 1992, “el Gobierno endureció la denominada legislación antiterrorista y estableció un marco legal de justicia sumaria y militarizada, y mantuvo las zonas de emergencia. Esto se tradujo en detenciones arbitrarias, la generalización de la tortura, la violación de las garantías al debido proceso y condenas masivas indiscriminadas a penas de prisión prolongadas”, explica Rodríguez.

La muestra más patente de dicha política fue la implantación para procesos por terrorismo y traición a la patria de “jueces sin rostro”, funcionarios judiciales que dirigían audiencias y leían sentencias escondiéndose bajo pasamontañas. “Así, en los ‘90, según Rodríguez, la política de pacificación consistió en mantener en prisión a la mayor cantidad posible de personas acusadas de terrorismo bajo condiciones extremas, en penales de máxima seguridad”. También actuaron grupos paramilitares que contaron con la protección de la cúpula militar y del Gobierno. Tras la caída del régimen fujimorista, ya en el nuevo siglo, se emprendieron medidas para revisar las dos décadas de conflicto armado interno, una Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada con el encargo de investigar durante dos años las graves violaciones de derechos. Su trabajo permitió conocer a fondo la actuación de los actores del conflicto, sacando a la luz y contribuyendo a la judicialización de abusos. Pero aclara Rodríguez: “El cargo de vicepresidente que ostenta el ex oficial de la Marina de Guerra de Perú, almirante Luis Giampietri, protagonista de uno de los sucesos claves en la historia del conflicto, como fue la matanza de presos en la isla de El Frontón en 1986, en el primer Gobierno de Alan García, ha significado enormes retrocesos en el proceso de esclarecimiento”.

Bajo dicho Gobierno Perú se convirtió, en la segunda mitad de los ‘80, en el país con en el mayor número de desapariciones forzadas de todo el mundo. Actualmente, en tres años del segundo Gobierno de García se han producido 101 muertos civiles –entre ellos cuatro niños, campesinos, mujeres– a manos de la policía, la mayoría durante protestas, y muchos de ellos con disparos en la cabeza.