La ciudad de Panamá es un ejemplo perfecto de la desigualdad que vive el país: a tan sólo unos metros del muro de rascacielos que se eleva en la costa, existen barrios con serios problemas de abastecimiento de agua y electricidad. Para denunciar esta situación, resultado de las políticas para atraer capital extranjero, y la criminalización de los sindicatos más críticos por parte del Gobierno, ha visitado el Estado español Saúl Méndez, secretario de Organización del sindicato de la construcción Suntracs y miembro del mayor frente de movimientos sociales de Panamá, Frenadeso.
DIAGONAL: ¿Cuál es el objeto de tu
visita al Estado español?
SAÚL MÉNDEZ: He venido para
presentar el documental La Lucha
Sigue en la sexta edición de la Muestra
de Documentales y Cine Social
La Imagen del Sur, organizada por
CIC Batá. En el vídeo denunciamos
el asesinato del dirigente Al Iromi
Smith por un miembro de la policía
nacional, el 12 de febrero de 2008, y
el asesinato de los compañeros Osvaldo
Lorenzo y Luiyi Argüelles en
agosto de 2007, a manos de sicarios.
Esto nos permite informar a nivel internacional
de la situación que atraviesan
los dirigentes sindicales de la
construcción con relación a un
Gobierno que no respeta los derechos
fundamentales.
D.: ¿Por qué se está produciendo la
oleada de represión gubernamental?
S.M.: El Gobierno de Martín Torrijos
está introduciendo el mecanismo de
asesinato de líderes del movimiento
social como una medida para aplastar
a la oposición contra las medidas
neoliberales que está llevando adelante.
Aparte de los asesinatos de los
compañeros, han detenido a más de
1.000 obreros, y yo mismo he sufrido
un proceso judicial.
D.: ¿En qué situación están los responsables
de los asesinatos cometidos
a los compañeros de Suntracs?
S.M.: El Gobierno apoya la impunidad
de los asesinatos cometidos,
aunque nosotros les damos seguimiento
para que no queden impunes.
Debemos diferenciar entre los
autores intelectuales y los materiales.
Entre los primeros, quiénes prepararon
y ordenaron, está el presidente
Martín Torrijos, sus ministros
de Estado, y el director de la policía.
Sobre el autor material, que ya está
identificado, lo más seguro es que
sea detenido, pero quedarán impunes
los autores intelectuales.
D.: ¿Cuáles son las consecuencias
que están teniendo las medidas neoliberales
en Panamá?
S.M.: Casi el 60% de la población panameña
vive en la pobreza, dentro
de los cuales el 36% vive en la extrema
pobreza. El 10% es indígena y el
98% de ellos son extremadamente
pobres. En este contexto, el Gobierno
está intentando privatizar el sistema
de salud, la educación está colapsada,
existen serios problemas
en el transporte público, el alza del
precio de la canasta básica es continuo,
y se ha incrementado el precio
de los servicios públicos. Hay más
de 70 concesiones mineras y se están
multiplicando las construcciones
hidroeléctricas, todo ello está
planteando el desalojo de asentamientos
indígenas y campesinos para
llevar a cabo estas obras.
D.: Dentro de Frenadeso, Suntracs
trabaja precisamente con grupos ambientalistas
e indígenas. ¿No existe
contraposición de intereses entre el
sindicato y las reivindicaciones de
estos grupos que quieren frenar la
construcción de infraestructuras?
S.M.: Nosotros somos un sindicato
de clase y entendemos que nuestro
papel en la sociedad panameña no
sólo debe ser la reivindicación de los
trabajadores a través de las convenciones
colectivas, sino que además a
partir de ahí se debe ayudar a la organización
del resto de la sociedad
panameña. Por eso, también estamos
en Frenadeso junto con otros
muchos movimientos sociales, para
contribuir a la organización de indígenas,
campesinos, etc. Esto es bueno
para la sociedad porque los cambios
tenemos que provocarlos todos.
D.: ¿Qué papel tienen las transnacionales
en la economía panameña?
S.M.: La lógica del Gobierno es abrir
el mercado a las transnacionales y
éstas se han beneficiado del país en
condiciones leoninas. Las compañías
de la electricidad, como Unión Fenosa,
han aumentado exageradamente
los precios del servicio y la estadounidense
AES está construyendo
centrales hidroeléctricas en el
norte del país generando una devastación
muy grave sobre los ecosistemas.
Ahora, con la ampliación del
Canal de Panamá, se dará entrada a
numerosos grupos empresariales.
Más recientemente, ha llegado al país
la multinacional española FCC imponiendo
la constitución de un sindicato
amarillo. Aunque finalmente se
ha conseguido la firma de un convenio
con la participación de los trabajadores,
tras más de 30 días de huelga,
la compañía está intentando pasar
por alto lo firmado a través de
subcontratas como Mecco Santa Fé.
La transnacional brasileña Oderbretch
también utiliza esta estrategia
y fue un sicario de su sindicato amarillo,
Siticopp, quién asesinó al compañero
Osvaldo Lorenzo.
En general, la llegada de las multinacionales
ha esquilmado los derechos
de los panameños. De su entrada
sólo se beneficia el capital transnacional
y la cúpula político económica
que esté gobernando.
D.: ¿Qué respuesta está teniendo
Suntracs y Frenadeso ante esta situación?
S.M.: Esta situación ha conllevado
que Frenadeso y Suntracs enfrenten
estos problemas en la calle. El 14 de
agosto se organizó una marcha en la
capital donde se sacaron 100.000
personas, el 4 de septiembre se realizó
una huelga de 24 horas que paralizó
el transporte público, el sector
de la medicina, el administrativo, la
educación y la construcción. También
participaron organizaciones
ambientales, comunidades barriales
donde la gente reclama servicios mínimos
como agua y vivienda. Todo
esto ha concitado un pliego de peticiones
al Gobierno con los puntos
que ya he citado anteriormente. En
este momento a través de Frenadeso
y Suntracs se ha conformado una
plataforma de acción unitaria con
otros sectores que ha respaldado el
pliego de peticiones y se está por declarar
una huelga general de 48 horas
próximamente. Son 48 horas de
advertencia de una huelga más larga,
producto de la actitud del Gobierno
que ignora las peticiones del pueblo
a través de sus organizaciones.
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