La naturaleza plurilingüe de los territorios administrados por el Estado español ha sido considerada tradicionalmente por sus autoridades como un obstáculo al proceso de la construcción nacional española. La política aplicada por éstas para sortearlo ha consistido en la imposición de una única lengua común a toda la población, con medidas diversas destinadas a reducir al máximo el uso de las restantes lenguas peninsulares. Sólo cuando la correlación de fuerzas les ha obligado a ello han admitido las autoridades españolas algún tipo de reconocimiento jurídico en los idiomas distintos del castellano.

En el primer caso, la política ha consistido en la expulsión gradual de dichos idiomas de la enseñanza, de las administraciones públicas y en la adopción de medidas destinadas a provocar la penetración gradual del castellano en el máximo posible de ámbitos de uso de las comunidades lingüísticas restantes. Ello ha implicado la castellanización progresiva de sus hablantes, a medida que se generalizaba el acceso a la enseñanza, y la pérdida creciente de funciones para el resto de idiomas peninsulares.

Durante las épocas en que los idiomas distintos del castellano han carecido de reconocimiento jurídico y la enseñanza ha funcionado como agente efectivo de castellanización, aquéllos han sido abandonados como lengua familiar por algunos sectores sociales de su comunidad de hablantes. Huelga decir que el proceso de minorización se ha acelerado en los casos de las comunidades lingüísticas cuyo dominio territorial ha sido escenario de movimientos inmigratorios intensos procedentes de zonas de lengua castellana.

En el segundo caso, la política lingüística española y su marco jurídico- lingüístico se han caracterizado por la jerarquización de las distintas lenguas peninsulares y el establecimiento de una relación asimétrica entre los derechos de la comunidad lingüística mayoritaria y los del resto de comunidades. Así, si consideramos el marco jurídico-lingüístico de la II República, encontramos que su Constitución proclama el castellano como “idioma oficial de la República”, impone a “todo español” la “obligación de saberlo” (art. 4) y ni siquiera establece explícitamente la oficialidad del resto de lenguas peninsulares.

Tanto en el marco jurídico- lingüístico republicano como en el de la monarquía reinstaurada, los avances para estos idiomas (cuando los ha habido) se han realizado mediante los estatutos de autonomía y normas autonómicas o locales de rango inferior. Al igual que la Constitución de 1931, la carta monárquica de 1978 proclama el castellano como única lengua oficial “del Estado”, impone su conocimiento como “deber” de todo súbdito español (art. 3.1) y, si bien prevé la oficialidad de “las demás lenguas españolas”, reduce su alcance a “las respectivas Comunidades Autónomas” y “de acuerdo con sus Estatutos” (art. 3.2).

Asimismo, y aun cuando una sentencia favorable al redactado actual del art. 6.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 obligaría a reformular la doctrina, hasta la fecha es un principio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el deber de conocimiento sólo puede predicarse del castellano. Por su parte, el legislador español posfranquista ha mantenido la política de imposición del uso del castellano en disposiciones reguladoras de todo tipo de ámbitos y de vigencia en el conjunto del territorio estatal. Por todo ello, tanto en el marco jurídico-lingüístico compuesto por la Constitución de 1978 y la jurisprudencia como en las prescripciones lingüísticas contenidas en las disposiciones emanadas del legislador español confluyen en los objetivos de, por un lado, limitar el uso de las lenguas distintas del castellano a su dominio territorial y en el supuesto de que aun allí su conocimiento es de carácter optativo y, por otro, de apuntalar la presencia del castellano en esos territorios y como lengua de conocimiento obligatorio.

Subordinación jurídica

Así, mientras la comunidad de lengua castellana dispone de plenos recursos jurídicos y políticos para prescribir el uso de su lengua con carácter general en su dominio histórico, las comunidades restantes se encuentran constreñidas por un marco jurídico que no sólo les impone la oficialidad del castellano en su propio dominio lingüístico, sino también la subordinación jurídica de su propia lengua a éste, plasmada en el hecho de que los legisladores autonómicos ni siquiera pueden establecer con respecto a la lengua propia deberes análogos a los que se imponen constitucionalmente respecto al castellano.

Y, si bien en algunas comunidades se ha establecido el conocimiento de la lengua propia como requisito para el acceso a la función pública, así como su presencia en algunos ámbitos de uso público, estas medidas se han restringido siempre a ámbitos específicos y han sido frecuentemente torpedeadas por los sucesivos Gobiernos españoles con recursos de inconstitucionalidad.

¿Y en Europa es lo mismo?

En el contexto europeo, la principal peculiaridad del marco jurídico-lingüístico del Reino de España reside en ser el único de la Unión que no reconoce como oficiales “del Estado” a todas las lenguas habladas por comunidades de más de cinco millones de personas e históricamente implantadas en el territorio. Esto es, que tiene la “minoría” lingüística no reconocida a nivel estatal de mayor tamaño de la Unión (la catalana).

Además de ésta y de la comunidad de habla occitana del Valle de Arán, existen en el Reino de España dos comunidades cuya lengua está reconocida oficialmente en su dominio territorial (la gallego-portuguesa y la vasca). Sin embargo, con la excepción de la comunidad lingüística occitana (cuyo dominio está en su mayor parte bajo Administración francesa), ninguna de éstas es oficial en la totalidad de su dominio peninsular, ya que ni el catalán es oficial en la franja oriental de Aragón, ni el euskera en la mayor parte de Navarra, ni el gallego-portugués en El Bierzo.

Asimismo, existen idiomas peninsulares carentes de reconocimiento oficial en territorio alguno, como el asturiano, el aragonés o el cántabro. No obstante, la responsabilidad de la no oficialidad de las lenguas distintas del castellano en su dominio territorial no es imputable, en rigor, al legislador español, sino a los propios legisladores autonómicos correspondientes, que, teniendo constitucionalmente atribuida la competencia de declararlas oficiales, han omitido el ejercicio de dicha facultad.

Con todo, la no declaración de estos idiomas como oficiales “del Estado” ha implicado también su no reconocimiento oficial por la Unión Europea. Además de la imposibilidad de usarlos en el Parlamento europeo, ello puede invalidar toda norma que prescriba el uso de cualquiera de los idiomas que carecen de dicha oficialidad, por cuanto las directivas europeas que regulan el ámbito socioeconómico sólo autorizan a los estados miembros a establecer el uso concurrente de la lengua o las lenguas oficiales “del Estado” o “de la Comunidad”.

LA SITUACIÓN DEL GALEGO: EL ‘PRESTIGE’ DE NÚÑEZ FEIJOO

GUILLERMO CID FELPETO

Con la negra sombra del Prestige todavía presente, Galiza está viviendo un proceso similar al de noviembre de 2002. El ataque frontal contra la lengua (y cultura) de Galiza, perpetrado por el gobierno de Núñez Feijoo, está haciendo rebrotar en la sociedad gallega aquel espíritu de protesta y movilización colectiva.

Por primera vez en democracia, un Gobierno de la Xunta legisla desprotegiendo el galego y reduciendo su presencia social. La supresión del galego en las materias científicas de la educación no universitaria, la subvención en algunos cursos de libros de texto sólo en castellano o la erradicación de cualquier posibilidad de recibir la educación infantil completamente en galego, son sólo algunas de las medidas del ejecutivo que, además de un fuerte rechazo social, se ha convertido en el primer Gobierno que legisla sin el apoyo de ninguno de sus órganos consultivos (como ha sucedido con el nuevo decreto del plurilingüismo).

Ante esta situación Galiza está viviendo un momento en el que se multiplican las iniciativas, asociaciones y plataformas en defensa de su lengua. La plataforma ciudadana Queremos Galego!, con un papel similar al que tuvo Nunca Máis, coordina las grandes acciones colectivas que han reunido en sus manifestaciones a más de 100.000 personas por las calles de Santiago de Compostela.

ARAGONÉS //

CONTINÚA SU LUCHA POR LA OFICIALIDAD

En el año 2009 se aprobó la Ley de Lenguas de Aragón, desde ese momento el idioma aragonés figura como lengua propia de Aragón, aunque no oficial. En igual situación deja esta reforma legislativa al catalán.
“Nos da derechos a las personas que hablamos en aragonés, además de obligaciones, por ejemplo, a la Administración”, explica Chorche Romance, periodista e integrante de la red softaragonés, una de las iniciativas para reivindicar el uso de esta lengua. Su mayor objetivo traducir algunos de los programas más usados en la red al aragonés. Con esta ley de lenguas, “la educación se podrá recibir en diferentes idiomas. Según la zona, al castellano se podrá sumar el aragonés y el catalán o las dos. Al igual que para dirigirse a la Administración, la posibilidad de rotulación de los letreros de las localidades”, explica Romance, que también destaca la creación de una Academia del aragonés y de un Consejo Superior, “pero el proceso se debe acelerar. Hay miedo a una victoria en 2011 del PP y del PAR, y el idioma se encuentra muy indefenso todavía y hay mucho más por avanzar: ¿Qué va a pasar con las grafías?”, se pregunta Chorce. Desde el asociacionismo, gran responsable de su no desaparición absoluta, se exige más apoyo público, por ejemplo, desde los medios de comunicación, ya sean públicos o privados.

ASTURIANO //

TRAICIONADA POR LA PASIVIDAD INSTITUCIONAL

Sobre esta lengua romance, dialecto del latín, PP y PSOE coinciden en negar su oficialidad. Para eso, se amparan en la denominación actual de “modalidad lingüística” que recoge el Estatuto de Autonomía y en el argumento machacón de “no a la imposición”.

BEATRIZ R. VIADO
Según el último informe oficial de 2002 hablan esta lengua unas 250.000 personas. Desde su creación en 1981, la Academia de la Llingua Asturiana se encarga de dictar las normas ortográficas y gramaticales. Gracias al movimiento de reivindicación lingüística, activo desde la Transición, y a la constante actividad creativa, principalmente literaria y musical, el asturiano tiene cierta presencia, aunque con un estatus muy precario. Así, está presente en las escuelas: este curso escogieron la asignatura de llingua asturiana 22.466 estudiantes. Sin embargo, se trata de una materia voluntaria, sujeta a la arbitrariedad de los centros a la hora de ofertarla. Igualmente, tiene una presencia mínima en la televisión y la radio públicas, a pesar de que los programas en asturiano suelen acaparar los mayores índices de audiencia. También existen iniciativas privadas de medios en asturiano en prensa escrita, en internet y en radio.

CANTABRO //

EN GRAVE PELIGRO DE DESAPARICIÓN, SEGÚN LA UNESCO

Mientras las instituciones niegan su entidad y el presidente de Cantabria Miguel Angel Revilla se empeña en descalificarlo, iniciativas populares luchan para evitar su extinción.

PLATAFORMA ESCLAVE
El cántabro es resultado de la evolución del latín en Cantabria, interpretado a partir de un sustrato indígena anterior. Se discute si es lengua, dialecto, conjunto de registros comarcales… pero cuanto menos es un patrimonio lingüístico desatendido de forma sospechosa por las instituciones. Se adscribe como una variante diferenciada dentro del diasistema lingüístico leonés, ajena por tanto al castellano.

La UNESCO ha alertado sobre su grave riesgo de desaparición. Sin embargo, existen iniciativas populares para preservarlo. La Plataforma Esclave, avalada por abundantes colectivos e investigadores, solicitó su reconocimiento como Bien de Interés Cultural, petición denegada con endebles argumentos por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria que, paradójicamente, ya había auspiciado la edición de un Diccionario Castellano- Cántabru. Desde hace años, se organizan espontáneamente cursos de cántabro en Santander y Torrelavega, creándose grupos de cántabroparlantes. El último paso es Proyeutu Depriendi (depriendi.wordpress. com), una escuela popular en la red.

CATALÁN //

CATALUNYA, LA COMUNIDAD CON MAYOR IMPLANTACIÓN

Desde el año 1998, el catalán está declarado idioma de uso preferente en las Administraciones Públicas catalanas. Esta medida es una de las grandes responsables de su diferente uso en las otras Comunidades catalanoparlantes.

D.E.R.
El catalán está reconocido como lengua oficial y propia en Catalunya, País Valencià (con la denominación de valenciano) e Illes Balears, si bien es en Cataluña donde ha habido mayor voluntad política de extender sus ámbitos de uso. Pese a sus insuficiencias, la Ley 1/1998, además de declararlo idioma de uso preferente de las Administraciones Públicas sitas en Catalunya, establece su uso concurrente en algunos espacios socioeconómicos y prescribe cuotas mínimas de emisión en los medios de comunicación radiofónicos y audiovisuales, que tan criticadas han sido por sectores españolistas como las cuotas mínimas de pantalla de películas dobladas o subtituladas al catalán. Con todo, aunque el nivel de conocimiento de la lengua ha aumentado tanto en Catalunya como en Balears, no es clara la tendencia de su uso social en el Principado y retrocede claramente en las islas y en el País Valenciano.

EUSKERA //

TODAVÍA ES VULNERABLE

Esta es la clasificación que la UNESCO le otorgaba a este idioma en el último informe de 2009 del Atlas de las lenguas del mundo.

“La mayoría de los niños la hablan, pero puede estar restringida a determinados ámbitos (por ejemplo, el hogar)”, esta es la explicación de una lengua vulnerable para la UNESCO y la catalogación que realiza del euskera. Como explica Igor Elordui, de la Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización (AEK, por sus siglas en euskera), “la situación ha mejorado en los últimos años, aunque no al ritmo que algunos agentes sociales quisiéramos tanto en el aspecto meramente público y social como en lo administrativo. Veníamos de una situación muy mala, su uso se restringía al ámbito familiar”. En 2006, la Encuesta Sociolingüística, que se publica cada 5 años, reveló que en las últimas décadas, en Euskadi se ha incrementado sensiblemente el número de personas que lo conocen y usan. En Nafarroa, aunque a ritmo más lento, también se registra un crecimiento, especialmente entre los jóvenes. En Iparralde, y a pesar de que continúa el retroceso, éste aminora su ritmo y aparecen señales de recuperación.