El 25 de agosto empezó oficialmente la campaña electoral para las legislativas del 26 de septiembre en Venezuela. En ellas, 17 millones de votantes han de elegir a 165 diputados –tres de ellos indígenas– para la Asamblea Nacional, y 12 diputados al parlamento latinoamericano, el Parlatino.

El Gobierno chavista tiene como objetivo repetir su mayoría absoluta en la Asamblea, revalidando así la indiscutible hegemonía social y política de la que ha hecho gala en 14 de las 15 elecciones celebradas desde que Chávez ganó las presidenciales de 1998. Pero indicadores sociales y encuestas señalan síntomas de fatiga: tras el desgaste de 11 años de Gobierno, parece asentarse la sensación general de que el proceso bolivariano ha entrado en una fase de estancamiento.

Esta tendencia se incrementó entre enero y mayo, cuando el Gobierno aprobó una batería de medidas muy impopulares: una devaluación del 100%, cortes de agua y de luz para afrontar la crisis eléctrica, congelación del gasto público, incremento de los salarios por debajo de la inflación, reducción de las importaciones de bienes de consumo, etc.

Crisis económica

Todo ello, en una coyuntura de fuerte crisis, con una caída del PIB del 5,8% en el último trimestre de 2009, con una inflación interanual del 30,5% –el precio de los alimentos se incrementó en 25,2% entre enero y julio–, con una reducción del ingreso petrolero del 42%, y con una crisis comercial con la vecina Colombia. De guinda, las políticas sociales dirigidas a la alimentación se han visto manchadas por uno de los más sonados escándalos de corrupción: el descubrimiento de cientos de contenedores con comida importada en descomposición. Así las cosas, es comprensible que, según las encuestas, el 70% de la población considere que los diputados y diputadas han ayudado poco o nada a resolver los problemas del país. Con independencia de que se sigan valorando muy positivamente los logros del proceso bolivariano, amplios sectores de la población están desencantados o escépticos.

Esta situación podría trasladarse al voto, sobretodo en unas elecciones de segundo orden como las legislativas, en la que no se elige directamente la figura presidencial, cuya valoración sigue altísima. Por lo pronto, entre 2006 y 2009, el proceso bolivariano sufrió una pérdida bruta de un millón de electores, y la oposición tuvo un incremento bruto de 900.000 votos. Ésta última plantea las legislativas como el principio del fin del proceso. Pese a que sólo tenga en común su rechazo a Chávez, pese a seguir lastrada por los viejos aparatos partidistas y las prácticas semimafiosas del anterior régimen, y pese a carecer de proyecto alternativo al chavista, la Mesa Unitaria Democrática (plataforma que aglutina a la mayor parte de las organizaciones opositoras) aspira a llegar a un empate en la Asamblea.

Según algunos analistas, no sacarían mucho más de los 50 diputados que lograron en las legislativas del año 2000 –se negaron a participar en las legislativas de 2005, entregando al chavismo el 98% de la Asamblea–. Su programa es sencillo: más allá de promesas de leyes genéricas, no han presentado propuestas concretas salvo las de controlar al presidente y revocar las medidas gubernamentales. Desde el altavoz parlamentario, su objetivo será erosionar la figura de Chávez. Y es que, para todos los actores políticos, el trasfondo de los comicios del 26 de septiembre es la campaña para las presidenciales de 2012. De esta forma se abriría un escenario de cierta fragilidad: hasta ahora –a excepción de 2003 y un breve periodo en 2007–, no existía el espacio político que pudiera amenazar al proceso. Hoy sí existiría.

EL TIRÓN DE CHÁVEZ. Mitin celebrado en la ciudad de Barinas el 21 de agosto, bajo el lema de la campaña: ‘El Pueblo pa’ la Asamblea’. Prensa Presidencial de Venezuela

Chávez, sin un opositor firme

Pero las señales de desgaste no implican que exista ningún líder, partido o plataforma opositora en condiciones de capitalizar políticamente a los sectores populares escépticos. Chávez ha demostrado ser un animal político capaz de sobrevivir y revertir las situaciones más adversas.

Actualmente, ya ha logrado remontar unas encuestas que daban a su Gobierno por perdedor. Su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuyo lema para estas elecciones es: “El pueblo pa’la Asamblea”, tiene siete millones de afiliados, de los cuales un millón y medio son militantes. Además, controla una engrasada maquinaria electoral. Desde mayo, los esfuerzos del proceso por mitigar el impacto de la recesión en los sectores populares han ido dando sus frutos: los masivos operativos de venta de alimentos a precios reducidos, para quebrar el desabastecimiento y la especulación; los esfuerzos –por ahora exitosos– por reducir la inflación; la extensión de los derechos de los usuarios frente a las aseguradoras y las clínicas privadas; la ampliación de la cobertura del Seguro Social a sectores marginados; la tímida recuperación económica, etc.

Por otro lado, un 30% de los venezolanos con derecho a voto son chavistas acérrimos que votarían por Chávez en cualquier circunstancia. El electorado tiene un alto grado de formación política y de interés por la res publica. Es muy dudoso que los sectores populares voten a una oposición que no puede esconder su clasismo y que amenaza con revertir las conquistas del proceso. El conflicto social es enconado. Por ejemplo, desde la implantación de la Ley de Tierras en 2001 para luchar contra el latifundio, 227 campesinos han sido asesinados por sicarios. El Gobierno tiene claro que el resultado de las elecciones dependerá de la abstención, que es lo que medirá el desencanto popular. Las proyecciones más serias plantean una modesta victoria del chavismo, pero no se puede anticipar el número en diputados. Con las variaciones de la nueva Ley de Procesos Electorales, estrenada en estos comicios, la indeterminación de la composición de la futura Asamblea es completa.

El proceso bolivariano atraviesa dificultades

El sistema judicial, que no ha sido reformado todavía, es un ejemplo de las dificultades por las que pasa el proceso bolivariano. “De no darse una solución al problema de la administración de Justicia, que es conservadora y complaciente con el rico, a pesar de que se autodenomina ‘socialista’, en este país no habrá cambio” afirma el activista Francisco Sierra Corrales. El retraso judicial golpea duramente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad: el 70% de las 32.624 personas presas no tiene sentencia. Hay 1.840 jueces, de los que 807 son penalistas, según los datos de ONG. Las mismas fuentes resaltan que no es un problema presupuestario, ya que el sistema judicial de Venezuela tiene asignado el 2,6% del presupuesto nacional.

DATOS DE VENEZUELA HOY

70% De la población venezolana considera hoy que los diputados y diputadas han hecho poco o nada para mejorar los problemas del país.

25,2% Fue el incremento del precio de los alimentos entre enero y julio de este año. Con una inflación interanual del 30%.

227 Campesinos han sido asesinados por sicarios desde que entró en vigor la Ley de Tierras contra el latifundio.

7 millones Son los afiliados del PSUV, el partido de Chávez, de los cuales más de un millón y medio son militantes muy activos.

30% Del electorado es chavista acérrimo, aunque sus votantes son muchos más. Chávez ganó las presidendiales de 2006 con el 62% de los votos.

2012 Las legislativas que se celebran este 26 de septiembre tienen como trasfondo las presidenciales previstas para el 2012. Estos comicios son un termómetro del nivel de desencanto popular.