DESDE 2005. Manifestación en defensa de la sanidad pública en abril de 2005 / Frán Lorente / CCOO Madrid

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid hay listas de espera de hasta diez días para una primera consulta en Atención Primaria (AP). A pesar de ello y del hecho de que en los últimos cinco años la población madrileña haya crecido un 20%, el Gobierno regional no sólo ha congelado prácticamente la contratación de personal sanitario, sino que ha invertido un 0,7% menos que el pasado año en AP.

La obscena operación de márketing que ha maquillado la construcción de los nuevos hospitales oculta datos que explican con meridiana claridad la precarización de la atención sanitaria básica.

Conviene recordar que los nuevos centros serán gestionados bajo la fórmula de “iniciativa de financiación privada”, por la que tanto la propiedad de los edificios, como la gestión de los servicios no sanitarios corresponde a empresas privadas (muchas afectadas por la recesión de la construcción que buscan en la sanidad un nuevo nicho de mercado, como FCC, Acciona, Sacyr y Dragados). A cambio, el Gobierno regional pagará de las arcas públicas un canon mensual durante 30 años prorrogables. Esta fórmula, adoptada hace diez años en Gran Bretaña, se ha mostrado no sólo ineficaz, sino más cara, ya que las empresas privadas perciben beneficios de, al menos, el 15%. Los costes de los hospitales bajo esta fórmula son cuatro veces mayores que bajo un sistema sanitario público. En Madrid, aunque quedan por inaugurar casi todos los centros hospitalarios, ya en 2007 pagamos de nuestros bolsillos cerca de 70 millones de euros por servicios no prestados. ¿Podría explicar el pago de estos sobrecostes el recorte de las inversiones en la atención primaria?

Sea como sea, reza la publicidad institucional interiorizada por mucha gente, vamos a disfrutar de centros “con lo último en tecnología y más camas hospitalarias”. Mal consuelo: el número de camas por cada 1.000 habitantes de los nuevos centros está muy lejos del 5/1.000 recomendado: Vallecas (0,76), Sur (0,83), Tajo (0,85), Henares (1,10) Sureste (0,68) y Norte (0,92). Tampoco crearán nuevas plazas para profesionales sanitarios, sino que trasladarán a los nuevos hospitales profesionales que en la actualidad trabajan en otros centros. Esta congelación en la contratación de personal nos da la pista de otro aspecto de la realidad que la Consejería de Sanidad ‘olvida’ referir: en los próximos años se prevé eliminar entre 1.600 y 2.000 camas de los hospitales públicos, cifra que los nuevos centros no alcanza a suplir. ¿Para qué van a contratar más médicos?

La prestidigitación publicitaria se encarga de edulcorar el trasvase de camas de los hospitales públicos a los de “financiación privada”. Podría parecer que la gestión privada de los “servicios no sanitarios” (la limpieza, por ejemplo) es inocua en tanto no parece afectar a los aspectos más delicados de la atención médica. Está suficientemente contrastado que la política de subcontratación de servicios no sólo disminuye la calidad y aumenta los riesgos, sino que, en caso de que éstos den lugar a algún “efecto colateral”, dificulta el control y diluye las responsabilidades jurídicas.

Este modelo de gestión esconde aún otras sorpresas: la natural búsqueda de beneficios económicos por parte de las empresas hace que los centros privados deriven a los hospitales públicos a los pacientes con patologías crónicas o complejas, ya que requieren hospitalizaciones más prolongadas y resultan, por tanto, menos rentables.

Aunque no hay experiencia alguna que avale las bondades de este modelo, Aguirre ya ha allanado el camino para acelerar y extender el proceso de privatización a golpe de leyes de acompañamiento de los presupuestos, por las que, en un futuro, este modelo de gestión se podrá extender a los hospitales públicos (Gregorio Marañón, Doce de Octubre, Princesa, La Paz...) y a los centros de salud dependientes de los nuevos hospitales. Al mismo ritmo que el modelo se impone, se extiende la movilización de vecinos y profesionales para demandar en la calle la participación en la gestión de la sanidad pública que la administración nos niega.