HUIDO. Gualberto ha tenido que salir de Oaxaca para no ser detenido.

DIAGONAL: ¿Cuál es la situación actual de los acusados?

GUALBERTO FRANCISCO SANTIAGO NAVARRO: Desde que nos inculpan hemos sufrido un hostigamiento constante, que ha afectado a nuestros familiares y amigos. Han vigilado nuestras casas e intervenido nuestros teléfonos. Nosotros cinco somos activistas, no lo negamos, y por eso nos están atacando. Por esto mismo, es incoherente la acusación. Todas las actividades que realizamos están siempre enfocadas hacia el respeto de los derechos humanos. Gustavo Vilchis es un fotógrafo independiente centrado en la cuestión indígena; Miguel Cruz es integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO); mi hermano Edgar, Leonardo Ortiz y yo pertenecemos al colectivo Siembra y Cosecha, que trabaja directamente con comunidades del campo.

D.: ¿Cuáles han sido los últimos movimientos de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a este caso?

G.F.S.N.: La PGR ha retomado la última parte de la investigación que hizo la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Oaxaca. Afirman que los dos disparos que mataron a Brad fueron efectuados por la misma persona a menos de dos metros de distancia.

Se quiere buscar un chivo expiatorio que permita a su vez implicar a otra gente, como nosotros. Vemos que estas detenciones están estratégicamente organizadas, incluso se podría haber pagado y presionado a testigos para podernos señalar. A los vecinos que fueron interrogados les dijeron prácticamente lo que tenían que responder.

Entre ellos se encontraban niños y gente que no estaba al tanto de la situación. Cuando pudimos acceder al expediente vimos que a los cinco que nos presentamos como testigos se nos acusaba de encubrimiento del caso. Estamos intentando preparar unas solicitudes de amparo para que las órdenes de detención se suspendan.

Pero esto también es inoperable, ya que para que un recurso de amparo sea eficiente hay que presentarse a declarar e ir a firmar cada siete días. Al menos los compañeros que estamos fuera de Oaxaca no podemos hacer eso. Podemos presentarnos y que nos detengan.

D.: ¿Cuál es la posición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a vuestro caso?

G.F.S.N.: La CNDH ha realizado una llamada de atención sobre la investigación de la PGR. Les acusa de parcialidad y de cometer numerosas irregularidades y omisiones. De momento, se inclina a nuestro favor. La posición de la CNDH ha sido un punto de inflexión para nuestra defensa señala las irregularidades que se han producido hasta ahora. Por ejemplo, es mentira que el disparo fuera a menos de dos metros.

La familia de Brad presentó un estudio que afirmaba que fue desde más de 30 metros. Aunque, una vez más, se refuta la investigación de la PGR, las órdenes de detención en nuestra contra se ejecutan. Se ha detenido a Juan Manuel Martínez, que ahora está preso, acusado de ser el asesino. Tampoco podemos olvidar que la CNDH es una institución gubernamental. Sus recomendaciones generan una contradicción en el Gobierno, por eso no sabemos hasta dónde pueden tener efecto. Además hay rumores de presiones desde EE UU para que se resuelva pronto, como condición para que se pueda destinar el recurso de 1.500 millones de dólares para la Iniciativa Mérida.

D.: ¿En qué consiste esta Iniciativa?

G.F.S.N.: La Iniciativa Mérida o Plan México es un proyecto que supuestamente tiene como fin la lucha contra el narcotráfico, pero, sin embargo, financia la lucha contrainsurgente.

Esta iniciativa ha servido para el asesoramiento clandestino de EE UU a cuerpos policíacos y militares de México. Este plan recibirá 1.500 millones de dólares. Y la gente se pregunta por qué no se destina esa suma a generar empleo o a mejorar las condiciones que reduzcan tanto el flujo migratorio como la violencia en las calles. Ambos son consecuencia de las condiciones de vida en México.

Esta iniciativa ya ha pasado a la fase de militarización del país, como vemos por la ola de detenciones y supuestos golpes al narcotráfico. El asesinato de Brad Will fue una excusa para intervenir militarmente en Oaxaca. Entonces, el descontento de dos millones de personas les había desbordado. Por eso, entró la Policía Federal Preventiva en Oaxaca.

Con el fin de “controlar el caos” cometió violaciones y torturas psicológicas y físicas. Y aquí vuelve a darnos la razón la CNDH que en su última entrevista apunta a que la PGJ se ha visto obligada a realizar estas acusaciones porque EE UU ha condicionado su ayuda a la resolución del caso de Brad Will.