El escultor Eduardo Chillida llegó a Fuerteventura en 1994 y le enseñaron la montaña de Tindaya. Él no la encontró, se la encontraron. Pero la historia comenzó por un sueño: el sueño del artista, la pesadilla que ha dejado insomne al espacio simbólico más relevante de una isla. Jorge Guillén escribió un verso: “lo profundo es el aire” y, según Chillida, el aire es el vacío, y el vacío hay que hacérselo a una montaña. Y lo de menos es que esa montaña tenga nombre, historia y currículum vitae. El artista tuvo un sueño y los sueños de los genios están para cumplirse.
Cuando Chillida plantea realizar en Tindaya su faraónica obra llevaba algún tiempo buscando una montaña por varios países. Al contrario que otros artistas que intervienen en el territorio, él no ideó su proyecto para un espacio concreto. La obra –en realidad un cubo de 50 metros de lado, con un gran túnel de acceso a mitad de ladera y dos enormes chimeneas hacia la cima– la tenía en su mente hasta que Tindaya le fue ofrecida por la clase política isleña. Cuando se hacen públicas sus intenciones los grupos ecologistas y personalidades científicas muestran su rechazo a que su sueño destruya ese singular espacio. Entonces el genio se destapó con algunas manifestaciones: “Los ecologistas no entienden nada de ecología, no saben de lo que hablan. Me resultaría muy frustrante no poder realizarlo, porque creo que se trata de una idea brillante y del todo inédita”. Y todo por “unos cuantos gamberros e incultos que no saben una palabra de arte”. Palabras por las que nunca se disculpó el artista sublime, un exabrupto indigno de alguien que juró y perjuró que su monumento en la montaña es un monumento a la tolerancia.
El mayor caso de corrupción
Hasta que no se demuestre lo contrario, Tindaya sigue siendo el mayor caso de corrupción de Canarias. Todo en torno al negocio de Tindaya ha sido desmesurado. Se pagaron millones de pesetas por una maqueta de la obra. Se pagaron 950 millones de pesetas para el rescate de la concesión minera que explotaba su piedra con fines ornamentales (saneando así a la empresa Cabo Verde, en quiebra técnica) cuando el pago del justiprecio no hubiese superado los cien millones (Lorenzo Olarte, vicepresidente del Gobierno, dijo entonces en el Parlamento: “¿Que se encontraba en una mala situación económica la empresa Cabo Verde? ¡Sin duda! ¿Que a lo mejor se le aportó excesivamente por eso? ¡Probablemente!”). Se pagaron 3.000 millones de pesetas por los sondeos que nunca se hicieron; 1,5 millones de euros por los sondeos que sí se hicieron (a Estudios Guadiana, la misma empresa que hará la obra). En los últimos cuatro años se han destinado más de cuatro millones de euros para el proyecto monumental, y con cargo al ejercicio de 2008 hay estipulada la cifra de 1,6 millones para continuar con el negocio. Y a todo esto hay que sumarle una cantidad indeterminada de dinero invertido en las investigaciones policiales y judiciales y en sus procesos todavía en curso.
En 1996 se forma una Comisión de Estudio constituida por seis catedráticos en derecho administrativo y prehistoria. El informe final no admite lugar a dudas. La montaña no podía ser agujereada. Dicho informe, como no fue del agrado del poder, fue enviado directamente a la gaveta donde cohabitan el olvido y la corrupción. Pero hay informes e informes. Casi diez años después se realizaron los sondeos geotécnicos que debían confirmar –sí o sí– que la obra era técnicamente viable. El informe contó con el asesoramiento medioambiental de Santiago Hernández Fernández, ex presidente de AEDENEX, y Francisco Díaz Pineda, a la sazón catedrático de ecología y presidente de ADENA. No diremos que vendieron su alma al diablo porque la intangibilidad lo desaconseja, pero ¿cuánto cobraron por vender su fuerza de trabajo al proyecto de agujerear nuestro patrimonio natural y cultural?
Recientemente, la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto (DIA) se ha sometido al período de información pública. El presupuesto de salida para la obra es de 76 millones y medio de euros. Presupuesto que termina triplicándose en todas las grandes obras públicas de Canarias. Toda una prioridad social para Fuerteventura.
Las DIA siempre dicen sí a cualquier despropósito medioambiental que se plantee. Todo se justifica a razón de lo que paga la empresa. Justificar que se agujeree el espacio más protegido de Canarias no sabemos a ciencia cierta cuánto habrá costado. Habrá que preguntarle directamente a Díaz Pineda cuánto se cobra por escribir que “… la escultura supondrá probablemente un beneficio ambiental notable para Fuerteventura y una alternativa a su modelo de desarrollo actual”. Todo esto si la Montaña no se desploma. Porque los resultados de los sondeos geotécnicos en los que se basa el proyecto dicen que “a pesar de los amplios reconocimientos realizados, aún existen ciertas incertidumbres geotécnicas (…) que no podrán ser resueltas de manera satisfactoria hasta que se realice una galería piloto, o incluso hasta la construcción de la escultura”.
Pues nada, ya que las leyes no pueden, que las brujas de Tindaya nos protejan de tanta política iletrada y de tanto ilustrado con precio. Porque lo de esta gente ya empieza a ser digno de una intervención paranormal a gran escala.
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