FELIPE CALDERÓN. México recibe cientos de millones de dólares de EE UU para controlar los flijos migratorios de América Latina hacia EE UU.

En los dos años del mandato de Calderón se ha aumentado la lucha contra el narcotráfico con mayores presupuestos a cuerpos policíacos, ampliación jurisdiccional a las fuerzas armadas en temas de seguridad pública, incremento de estrategias de seguridad en la frontera con Guatemala y categorización de instituciones gubernamentales migratorias como instancias ejecutoras de la política de seguridad nacional.

En la lucha contra la delincuencia organizada se pone énfasis en aumentar la seguridad en las fronteras, desmantelar bandas de traficantes de migrantes y controlar la migración indocumentada. Sin embargo, en la frontera sur no impera el respeto de los derechos humanos (DD HH) de los migrantes; más bien se agrava la represión de autoridades migratorias y policíacas y domina un ambiente de impunidad y violación de los DD HH. En nombre de la seguridad nacional se ejecutan operativos militares para detener a migrantes (en marzo de 2008, en Arriaga, Chiapas, militares invadieron campamentos de migrantes y agredieron a mujeres y hombres); las estaciones migratorias en donde detienen a los migrantes aumentan su carácter de reclusorios de máxima seguridad; y con el objetivo de identificar a presuntos narcotraficantes, ‘polleros’, tratantes de personas y miembros de pandillas delictivas, se han creado cuerpos especiales de seguridad como la Policía Estatal Fronteriza.

El fenómeno migratorio entre México y Guatemala no se está abordando desde una agenda de desarrollo, sino de la misma manera en que es controlado en EE UU: desde el prisma de la seguridad nacional. Cabe preguntarse si la política migratoria del Gobierno mexicano se inscribe en una estrategia ‘propia’ de seguridad nacional o es una extensión de la política de seguridad fronteriza elaborada e instrumentada por EE UU. La Iniciativa Mérida responde esta pregunta. Si bien es un plan del Gobierno estadounidense que destina recursos en apoyo a Calderón contra al narcotráfico, su esencia es perpetuar la participación de México en la lucha antiterrorista de Washington e impedir el ingreso de terroristas, narcotraficantes e inmigrantes indocumentados. Los más de 500 millones de dólares no son para garantizar la seguridad de México, sino para proteger los intereses de la seguridad nacional estadounidense. Son para que México se convierta en la gran policía fronteriza. Los resultados serán la mayor militarización del país, extensión de la violencia, la participación de agencias como la DEA y la CIA en actividades propias de autoridades mexicanas, la criminalización de la migración irregular justificada por la lucha contra la delincuencia transnacional, aumento de la violación de los DD HH, y en particular la definición de las amenazas para la seguridad nacional mexicana en términos de las amenazas para EE UU.