El 25 de junio, las Cortes de Aragón aprobaron la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (COAC) que, entre otras cosas, obvia la legislación vigente sobre regulación del juego en Aragón y la autonomía de los entes municipales.

Un consorcio, cuya Presidencia y Secretaría ostentará el Ejecutivo autonómico, será el encargado de gestionar y controlar la ejecución del proyecto, reduciendo así a la mínima expresión las competencias locales.

En realidad, “los Centros de Ocio de Alta Capacidad” se resumen en uno, Gran Scala (que contará con 32 casinos, 70 hoteles y 200 restaurantes), un proyecto que se ha hecho en secreto y que no cuenta con ninguna base sólida que lo respalde más que el interés de la empresa International Leisure Development (ILD). Esta compañía cuenta con socios como André Guelfi o Paul- Stephane Allegrini. El primero de ellos fue imputado en su momento por un delito de blanqueo de dinero y ambos participaron en el proyecto del casino on line Goldenpot, que quebró en 2005 y que dejó una grieta monetaria de 350.000 euros. La propia promotora informó en mayo de 2009 al Registro Mercantil de Cardiff (Gales), donde tiene su sede, de su situación: cero empleados y una liquidez bancaria de algo más de 5.300 euros, tal y como recuerda José Luis Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción en la campaña Stop Gran Scala.

Es difícil de explicar el apoyo incondicional del Gobierno de Marcelino Iglesias a ILD, dado que no ha puesto aún un mínimo de capital que permita poner la primera piedra, a pesar de tener ya una ley hecha a medida. En este contexto, la expresión “hecha la ley, hecha la trampa” cobra todo su sentido.

Un apoyo materializado en una norma cuya constitucionalidad ha sido puesta en entredicho por informes jurídicos de las Cortes de Aragón y de la propia Diputación General de Aragón.

Voces contra la trampa
Frente a la ley, la inexistente base del proyecto, y frente a todo lo que supone Gran Scala, los sectores sociales siguen alzando su voz. José Luis Martínez tiene claro que la Ley COAC no es tanto una norma al servicio de Gran Scala como una estrategia político-económica para recalificar unos terrenos yermos que, sin el disfraz de Gran Scala como oportunidad única de creación de empleo en este momento de crisis, nunca podrían multiplicar su valor de la forma en que previsiblemente lo harán con la puesta en marcha de este verdadero circo especulativo.

Históricos dirigentes del Partido Aragonés (PAR), como el ex Presidente de Aragón Hipólito Gómez de las Roces, también han alzado voces críticas con el proyecto, el partido y su presidente José Ángel Biel. Decía Gómez de las Roces: “a los promotores la ley les da caña y anzuelo para pescar inversores y clientes. Así, el esqueleto urbanístico se irá convirtiendo en el macronegocio que ellos sueñan, si los aragoneses decidimos permitirlo...”.

Las interpretaciones críticas acerca de Gran Scala, y contra lo que definen como “pobreza política que vive Aragón”, son muchas y diversas y, sobre todo, están activas y armadas como para detener este proyecto urbanístico declarado de “interés público” por la Administración y que no es más que otro instrumento al servicio de un sistema que ha demostrado con creces que cuando el “abuso” es el rey, la explosión es inminente.