Existían dudas acerca del alcance y penetración del ciudadanismo democrático dentro del movimiento de los indignados iniciado el 15 de mayo. El resultado de las elecciones del 20-N ayuda a aclararlas. En cierto modo, las elecciones generales de noviembre eran un banco de pruebas para ver la capacidad que tiene el movimiento indignado para desmarcarse del sistema de representación; es decir, para comprobar hasta qué punto está extendida y arraigada la consigna, dirigida contra políticos, partidos y sindicatos: “no representan a nadie”. Una consigna que inducía a pensar que, como poco, aumentaría la abstención consciente.

Sin embargo, no fue así. La abstención aumentó en sólo dos puntos respecto a las anteriores elecciones generales de 2008, pero descendió en más de cuatro puntos porcentuales respecto a las elecciones municipales de mayo de 2011. Hubo ligeros aumentos de los votos nulos y en blanco, pero en proporciones completamente irrelevantes. Hay que decir, además, que algunas de las organizaciones, corrientes y de las ‘personalidades’ del movimiento indignado hicieron campaña abiertamente por la captación del voto hacia las propuestas de izquierda –lo que explica, por ejemplo, el aumento de IU–.

Como quiera que sea, el horizonte democrático y conservador, caracterizado por la salvaguarda de las garantías sociales en el marco del actual sistema de representación, fue la tónica dominante en la mayoría del movimiento indignado. Así quedó reflejado en los resultados electorales. Una parte del movimiento se decantó claramente por dar su voto a los partidos de izquierda –ascenso sustancial de IU– y a otros partidos minoritarios –Anticapitalistas, etc. –, nacionalistas –Amaiur–, así como también a partidos de centroderecha –UpyD–. Una dispersión que refleja el espectro ideológico de buena parte del movimiento de la indignación pero, eso sí, dentro de su carácter regeneracionista democrático. Por supuesto, eso no quiere decir que todo el movimiento iniciado el 15 de mayo se agote en el sistema de representación. Desde luego, un buena parte de la abstención –en torno al 28%– se trata de una abstención consciente, que apunta más allá de la indignación ciudadanista y que está comprometida en acciones poco espectaculares, pero reales en la escala de barrio –defensa de ocupaciones de viviendas– o centro de trabajo –acciones contra los recortes–.

La naturaleza y composición social predominantes en el movimiento indignado –clase media en proceso acelerado de descomposición– explican su funcionalidad dentro del sistema de representación. Se trata de un segmento social heteróclito de la población asalariada –precarios, jubilados, estudiantes, jóvenes parados de ambos sexos, sindicalistas, funcionarios, etc.– nutrida de la ideología democrática, cuya cultura política proviene del humanitarismo marca ONG, etc., y de la ideología de la izquierda tradicional, que no bascula, al menos de momento, hacia posiciones filofascistas, como ocurriera en otras fases del desarrollo capitalista, cuando el empobrecimiento de las clases medias fue el caldo de cultivo del fascismo y el nazismo. Y es así porque la masa xenófoba y explícitamente racista tiene una presencia muy minoritaria en la vida pública, ya que el PP la incorpora en una buena medida dentro de su estructura y, por otro lado, el racismo y xenofobia cotidianos, los que sufren día a día los inmigrantes, no contabilizan en la tómbola electoral. Todo ello hace que el movimiento indignado acabe constituyendo la base de legitimación del totalitarismo democrático y particularmente de las medidas restrictivas de los derechos sociales, llevadas a cabo desde instituciones electoralmente legitimadas.

Aunque la relativa paz social reinante no parece indicar graves inconvenientes para el próximo gobierno del PP, a nadie se le oculta el mar de fondo de un malestar social que el miedo y la impotencia no serán capaces de contener si, como se prevé, se acentuará la dinámica de deterioro de las condiciones de vida. Un informe de la asociación de comerciantes catalanes señala un aumento de los hurtos de comida en los supermercados en este último año. En ese mismo informe se menciona que, en muchas ocasiones, los empleados y los vigilantes hacen la vista gorda ante semejantes hechos ‘delictivos’. En este sentido, son especialmente significativas las declaraciones de hace unos días de un alto directivo (Salvador Alemany) de la multinacional Abertis, estrechamente vinculada a La Caixa, en las que apostillaba que las medidas necesarias para hacer frente a la actual situación no podían limitarse simplemente a reducir salarios, sino que había que arbitrar igualmente medidas de contención –subsidios– que eviten una progresiva descomposición social que acabaría por aumentar la inestabilidad y afectar negativamente a las condiciones necesarias para una eventual recuperación económica.

Sabido es que para que funcionen los negocios se necesita paz social. Y que la paz social no se garantiza sólo con la represión, sobre todo, en una situación de precaria paz social como las que estamos viviendo. Pero la inestabilidad a que puede dar lugar un gobierno del PP en las actuales circunstancias, hace pensar, como se infiere de las palabras del directivo de Abertis, que la polarización social desemboque en una escalada de los conflictos. Por lo demás, tampoco los aparatos sindicales serán capaces de atajar la conflictividad si las contrapartidas se quedan solamente en prebendas para los profesionales del sindicalismo.

Con todo, no deja de sorprender la pasividad social con que, a pesar de las movilizaciones, la gran maniobra de reestructuración capitalista se lleva a cabo. Los cierres de ambulatorios y la degradación de la asistencia.

Se buscan soluciones particulares, echando mano de contactos, recomendaciones, amistades, etc., para salir del paso, pero el aval democrático de los gestores les permite seguir adelante con el desmantelamiento del sistema asistencial, mediante leyes y disposiciones organizativas que una vez puestas en marcha son irreversibles si no es a costa de una ruptura con la inercia que ha llevado a esa situación, lo que supondría una movilización radical que por ahora no se vislumbra.

Pero no es solamente la represión o el miedo lo que coarta la acción de masas. Hay que tener en cuenta el margen de maniobra todavía existente –ahorros familiares, asistencia filantrópica, amistades, etc. – que permite encontrar soluciones de urgencia ante situaciones críticas personales.

Incluso en un contexto de relativa paz social como el que vivimos y a pesar de la transferencia de patrimonio y ahorros privados hacia la esfera económica, compensando la disminución de la asistencia social –erosión del patrimonio familiar para hacer frente a la crisis y al desempleo de los hijos–, las previsiones apuntan hacia la recesión en el año 2012. Además, el anuncio de un nuevo paso adelante en la reforma laboral, cuyas medidas concretas el nuevo presidente no se ha atrevido a hacer públicas, mientras está intentando buscar el consenso con patronal, sindicatos y aparato mediático, es augurio de profundización de la crisis en lo que se refiere a las condiciones de vida de la gente.

Pues las propuestas insinuadas por el nuevo gobierno, lo que se infiere de la campaña electoral, se resumen en reducir costes laborales, liquidar derechos adquiridos, reducir impuestos a las empresas y su contribución a la Seguridad Social, etc.; una serie de medidas que tuvieron consecuencias desastrosas como ya ha quedado demostrado en Argentina al comienzo de este siglo. Como quiera que sea, la ‘indignación’ expresada en las calles españolas, desinflada después del rito electoral, se ve confrontada a las limitaciones de sus abstracciones ciudadanistas –reforma electoral, afirmación democrática, denuncia de la corrupción, etc. – ante la realidad –reforma laboral, recortes sociales– impuesta por el capital y sus gestores administrativos democráticamente elegidos. O quizá la indignación ha culminado su ciclo y estemos a las puertas de la emergencia de movilizaciones de nuevo tipo.