Foto: Olmo Calvo.

El Pacto de Educación impulsado por el ministro de Educación Ángel Gabilondo se encuentra en la fase de aprobación y firma del tercer y último documento de consenso. Durante los últimos meses se han recogido medidas de más de 70 organizaciones y colectivos, además de Comunidades Autónomas y partidos políticos del arco parlamentario.

Pero este talante permeable hacia las propuestas educativas se ha visto lastrado por la necesidad de consenso entre el PP y el PSOE. Un acuerdo que, en la actualidad, se presenta imposible, ya que ambas formaciones políticas escenifican públicamente como contrapuestas sus visiones en materia educativa.

Una lectura detenida de las propuestas del Pacto permite evidenciar que muchas de ellas son fruto de un consenso histórico entre ambos partidos en sucesivas leyes educativas y que, por tanto, no son ni novedosas en su nivel de acuerdo, ni tienen por qué ser la solución a los principales problemas educativos.

En este sentido, pueden destacarse tres de los temas que quedan fuera de la discusión, debido a la visión defendida en el Pacto o a la falta de concreción de las medidas.

Acceso y función docente
Tras la creación de la Constitución y de los Pactos de la Moncloa, en 1984 se aprueba la primera ley en la que se regula el acceso a la función pública y, posteriormente, la función docente. Desde entonces los sucesivos Gobiernos han refrendado un sistema rígido e inmune a los cambios y responsabilidades. Tal y como sostiene Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad de Salamanca, “se sobrepasaron los delicados límites de la mejora de las condiciones laborales del profesorado para llegar a una situación que resultaría mejor definida como de inmunidad, impunidad e inanidad funcionarial, con un efecto de desmoralización de una parte del profesorado, ineficacia creciente de la organización escolar y de los mecanismos de participación y descrédito indiferenciado de la educación pública”.

En el nuevo Pacto se mantiene el sistema de negociación sindical y el marco de la función pública docente existente, y se perfilan medidas como un sistema de incentivos económicos y de promoción profesional o mejoras en los procesos de selección del profesorado, sin que se entre en el detalle de tales iniciativas.

Los centros concertados
La LODE de 1985 crea el sistema de centros públicos, centros privados y centros privados concertados. Posteriormente las siguientes leyes mantendrán y reforzarán este modelo híbrido de titularidad financiada con fondos públicos.

En los documentos del Pacto se acuña el término de centros educativos sostenidos con fondos públicos con la idea de establecer una red educativa, con independencia de la titularidad. Entre las propuestas se plantea analizar la normativa sobre la escolarización y la regulación de los conciertos educativos con los centros privados, con la intención de que exista un porcentaje equitativo de alumnado con necesidades educativas especiales y de alumnado inmigrante o procedente de minorías étnicas o culturales. También se quiere dotar de más recursos específicos a los centros concertados que asuman este reto.

Por tanto, no se plantea el debate sobre el modelo educativo existente, ni se entra a cuestionar la confesionalidad de los centros concertados, ni se especifican requisitos mínimos para el establecimiento de tales conciertos, lo que contrasta con el dispar porcentaje de alumnado extranjero en centros públicos y centros concertados (82,7 frente al 14,2, en el curso 2007/2008). Este sistema dual en titularidad y desequilibrado en cuanto a la composición del alumnado incide en los resultados educativos, como demuestra Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, que en un estudio sobre el informe PISA de 2006 pone de manifiesto que el riesgo de sufrir fracaso escolar es 140% mayor en alumnos matriculados en centros concertados, así como un 40% superior para todos aquellos que estudian en un centro con un ratio mayor del 20% de alumnado de origen inmigrante.

Autogestión de los centros
La autonomía de los centros educativos empieza a regularse desde la LOECE de 1980. La gestión participativa en los órganos de decisión se establece en la LODE de 1985, donde se crea el Consejo Escolar como máximo órgano colegiado y se establece un proceso de elección para el director. La LOPEG de 1995 mantendrá esta estructura.

Sin embargo la LOCE, aprobada por el PP, y la LOE, por el PSOE, sustituyen el proceso de elección directa ponderada dentro de la comunidad educativa por un concurso de méritos llevado a cabo por una comisión compuesta mayoritariamente por la adminis tración pública. Como sostiene Alfredo Olmeda, profesor de secundaria en Leganés y miembro de CNT Enseñanza Madrid, “hay un generalizado proceso de involución en los valores pedagógicos y políticos en la escuela y, esta medida, como cualquier otra de carácter jerárquico, supone un debilitamiento de la pobre democracia que se vive en la escuela”.

En el Pacto se habla de dotar de mayor autonomía a los centros, con medidas como modificar los sistemas de selección de los equipos directivos para profesionalizarlos o firmar contratos-programa entre la administración y los centros, pero como mantiene el propio Olmeda, “la autonomía para ser real sólo puede construirse en torno a los principios de la autogestión y el asamblearismo. Así es la escuela del futuro, todos los demás proyectos sólo son la escuela del pasado con distintas caretas y disfraces adornada con las palabras que uno quiera utilizar”.

EL DILEMA DEL FRACASO ESCOLAR

Por Saray Rojo Rubio, especialista en Pedagogía Terapéutica

Con un 31% de población entre 18 y 24 años que no ha completado la secundaria en el curso 2007/08, el fracaso escolar en el Estado dobla la media de la UE. La concepción más extendida de fracaso en el ámbito institucional es la no obtención de la ESO. En los últimos años, se entiende que el concepto es más amplio y comenzaría en Primaria con procesos de absentismo o desmotivación. Mientras que se atribuye la responsabilidad a la escuela, sería más justo entender que ésta evidencia la falta de coordinación entre servicios sociales y educativos y, por otro, la falta de medios.