Ilustración: Luis Demano

Escuchamos continuamente que la economía informal es una lacra para la sociedad; y es cierto. Se trata de actividad económica que no aporta al colectivo y que condena a situaciones de precariedad indigna a quienes la realizan. Este tipo de actividades no paga impuestos ni cotizaciones a la seguridad social. Por otra parte, las personas que trabajan en estas condiciones suelen recibir salarios por debajo del mínimo legalmente establecido, sufren la ausencia total de garantías sobre sus condiciones laborales (horarios, vacaciones, trabajo infantil, normas de seguridad, etc.), carecen de los derechos asociados al contrato laboral (desempleo, bajas, indemnización por despido, pensiones, etc.), y tienen serias dificultades para organizarse.

Y no se trata, ni mucho menos, de un fenómeno marginal. Según un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) el 21,5% de la actividad económica de nuestro país sería informal. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en torno al 69% de los puestos de trabajo en América Latina (dos de cada tres) son informales. ¿Podemos decir por tanto que, por ejemplo en nuestro país, en torno a un 20% de los trabajadores y trabajadoras sufren esta situación de desprotección? No. Ni la actividad económica no regulada se limita a los porcentajes que facilitan los estudios especializados, ni su realización, con todo lo que conlleva de salarios más bajos y ausencia de garantías y derechos, afecta por igual a mujeres y hombres.

Mayoría de mujeres

En lo que se refiere al trabajo no regulado pero remunerado (único ámbito reflejado por las cifras oficiales), al igual que sucede en todas las formas precarizadas de empleo, la presencia femenina es abrumadora. Esto se debe, por un lado, a la concentración de mujeres en actividades propicias a la informalidad: hostelería y restauración, empleo doméstico, trabajadoras del sexo, servicios sociales (especialmente atención a personas dependientes), trabajo en el propio domicilio, comercio minorista, limpieza para locales, sanidad privada o educación infantil. Por ejemplo, en América Latina se calcula que el 50,1% de las trabajadoras no agrícolas pertenecen al sector informal, frente al 44,1% de trabajadores.

Además, las trabajadoras también son víctimas de la “informalidad encubierta” en todos los sectores económicos. Un caso paradigmático es el de las “falsas jornadas parciales”, que se corresponden en realidad con jornadas completas que llevan asociadas, eso sí, salarios y derechos parciales. La feminización de la informalidad en elmercado laboral no es más que un síntoma adicional de la posición subalterna que, en coherencia con la división sexual del trabajo que vertebra nuestras sociedades, ocupan las mujeres. Y la informalidad no hace más que profundizar esa posición de desventaja: si el salario de las trabajadoras formales latinoamericanas representa un 64% del masculino, en el ámbito informal esta proporción baja hasta el 52%.

El trabajo reproductivo

Por otra parte, la ingente cantidad de trabajo no remunerado pero necesario (trabajo reproductivo) no deja de ser una bolsa enorme de trabajo informal, en su práctica totalidad femenino, y no recogido por las estadísticas. La consideración del trabajo reproductivo –doméstico y de cuidados– realizado en el ámbito privado es un tema conflictivo.

Pensemos primero en una sociedad plenamente igualitaria, en la cual estas tareas se repartieran de forma equitativa entre las personas adultas de la unidad de convivencia –condiciones necesarias para lograrlo: jornadas laborales más cortas y servicios públicos completos y de calidad–. En ese caso, es sensato sostener que la mayor parte de las personas adultas sería capaz de sostener el trabajo reproductivo que precisan ellas y su entorno personal más cercano. Es decir, en la mayoría de los casos no sería necesario, ni deseable, recurrir a la mercantilización de dichos trabajos. Sin embargo, de momento, son las mujeres las que se han especializado en el desarrollo de estas tareas. Este trabajo especializado y que lastra las posibilidades de inserción igualitaria en el mercado laboral de las mujeres no obtiene ni visibilidad ni ningún tipo de contraprestación regulada (garantizada).

En resumen, lo que se está produciendo es una gran cantidad de trabajo que una parte de la sociedad (las esposas, novias, hermanas, hijas, madres y abuelas) presta al resto de la sociedad (masculina en su mayoría), que disfruta de los bienes y servicios correspondientes sin que ello genere ni ingresos, ni garantías, ni derechos para las trabajadoras. Los estudios que tratan de medir el impacto de la economía y el empleo informal no debieran ignorar esta realidad. Hay datos que señalan que las cifras de informalidad se dispararían si lo hicieran. Por ejemplo, en nuestro país se trabaja un promedio de 46,3 horas a la semana: de ellas 25,6 se dedican al trabajo no pagado y sólo 20,3 al trabajo pagado. Además, las mujeres trabajan un 15% más en total que los hombres, pero tres cuartas partes de su trabajo es gratuito y sin derechos asociados. La informalidad, un problema mucho más grave de lo que reflejan las estadísticas oficiales, definitivamente, es cuestión de sexo.