
La actual crisis económica no es europea. Se trata de una crisis global generada por la acumulación de tensiones que ha generado el modelo neoliberal: financiarización, aumento de las desigualdades económicas, polarización entre espacios geográficos, crisis ambiental, privatización de la gestión pública, etc. Pero su desarrollo ha acabado generando un problema específico europeo.
En parte porque el diseño institucional de la Unión Europea ha agravado la situación y al mismo tiempo este agravamiento está afectando a estas mismas instituciones.
Los principales problemas de la ‘construcción europea’ se encuentran en tres espacios: la ausencia de una verdadera política fiscal comunitaria, la ausencia de un proyecto económico inclusivo y el diseño de un banco central destinado a controlar la inflación.
Es un diseño inadecuado, en cuyo nacimiento jugó tanto el dogmatismo neoliberal como, especialmente, la estructura de poder real dentro de la propia Unión. Aunque el imperialismo clásico es en parte cosa del pasado –aunque siguen persistiendo las guerras y la ocupación de territorios que se consideran estratégicos para las potencias dominantes, como muestran las diversas guerras de Oriente Medio– es evidente que siguen persistiendo potencias internacionales que tratan de imponer sus intereses y sus visiones del mundo al resto.
Evitar la redistribución
Desde este punto de vista la ausencia de fiscalidad común y de un diseño institucional basado en imponer la estabilidad de precios por encima de todo traducía bastante bien la visión dominante entre las élites de la potencia hegemónica europea –Alemania– puesto que evitaba una posible redistribución de recursos hacia los países más pobres –algo que por otra parte hubiera sido difícil de ‘vender’ a su propio electorado– y les trataba de imponer reglas estrictas para evitar que una actuación irresponsable de esta periferia europea pusiera en peligro el modelo alemán. Una muestra de esta construcción europea asimétrica se pudo constatar cuando Alemania y Francia tuvieron problemas para cumplir las normas que ellas mismas habían promovido y forzaron al resto a que aceptaran sin rechistar su incumplimiento.
Una característica de cualquier sistema de poder es que las normas que rigen para cada miembro no lo hacen, o no de la misma manera, para quien tiene las riendas. Después de años de economía europea, las estructuras productivas de los estados miembros han cambiado.
En parte, el proyecto europeo estaba pensado para promover una reorganización de la estructura productiva, favoreciendo la especialización y las economías de escala. No es casualidad que en este proceso los países con estructuras productivas más débiles hayan experimentado una cierta desindustrialización.
Mientras vivimos en la fase del crédito fácil estas desigualdades territoriales se escondieron bajo formas diversas –burbujas inmobiliarias, gasto público en base a endeudamiento, etc.–, pero cuando todos estos falsos milagros quedaron al desnudo los problemas estructurales de cada una de las economías aparecieron con fuerza, como lo muestra la sucesión de crisis que han experimentado gran parte de los países de la periferia europea. No sólo los mediterráneos, también Irlanda y gran parte de países del Este.
La crisis ha puesto en evidencia los fallos del modelo: un banco central que se ha mostrado incapaz de prevenir los desmanes y el crash del sector financiero; un modelo de desarrollo que no ha reequilibrado las diferentes economías; un euro sobrevalorado que afecta a la posición internacional de muchas economías; una política energética incapaz de luchar contra el cambio climático y de responder al alza de precios con un cambio sustancial del modelo de desarrollo; y la incapacidad de crear mecanismos de apoyo mutuo que eviten la caída de las economías más débiles.
Y ha dado lugar a una serie de diagnósticos erróneos que se traducen en tratamientos que agravan cada día el bienestar de inmensas masas de población.
Las élites económicas, que no han dudado en salir en apoyo de un irresponsable sistema bancario –evitando su nacionalización y una reforma en profundidad de la esfera financiera–, han traducido la crisis a un problema de despilfarro público.
Acusando de problemas globales al mal hacer de políticos locales. Obviando en cambio todas las tensiones que generan los modelos actuales de financiarización económica y polarización espacial y social de la economía europea.
El resultado de esta diagnosis inadecuada es el de promover políticas generalizadas de ajuste económico, de reformas estructurales –que siempre se acaban concretando en reducción de derechos laborales y sociales– y de obviar un replanteamiento en profundidad del modelo económico global.
La crisis de cada país tiene sin duda causas específicas de cada uno de ellos, pero también otras que provienen de los mecanismos de interacción internacional generados a lo largo de las décadas precedentes. La imposición dogmática de políticas de austeridad a todo el que tenga problemas ignora casi siempre rasgos importantes de cada situación concreta y obvia plantearse si no será la estructura europea la que también los genera.
De hecho, al insistir en que Grecia debía ‘ajustarse’ por su cuenta lo único que se ha conseguido es convertir un problema menor –el de una economía que representa el 2% del total– en una metástasis que acaba afectando al conjunto.
De la misma forma que al imponer planes de ajuste de caballo a los países con problemas, Alemania sólo está logrando bloquear su propia economía y la del conjunto.
Planes mal diseñados
El último acuerdo comunitario, el de constitucionalizar la austeridad e imponer un cuadro de sanciones rígidas, es más de lo mismo en un contexto cada vez peor. A veces uno piensa que las élites alemanas copian los modos dogmáticos con los que la vieja burocracia soviética trataba de imponer sus mal diseñados planes.
Como no se han cambiado las fuentes básicas de las tensiones ni se ha rediseñado el modelo, los problemas se agudizan, no se puede saber cuál va a ser el resultado final: si el euro acabará por estallar, si algunos países serán ‘expulsados’ o se mantendrá la unidad en un contexto de graves problemas sociales y de ajustes impuestos.
Pero de lo que estoy convencido es de que cualquiera de las alternativas implica fuertes costes sociales, con respuestas que, dada la situación social dominante, pueden ser catastróficas en temas como el reflote del autoritarismo, las políticas xenófobas radicales, etc.
En todo caso, una cosa está clara: cualquier respuesta alternativa debe incluir en su trazado una perspectiva internacional, tanto en forma de promover otras reglas de juego internacionales –también a escala europea– como de considerar en qué medida las respuestas locales interaccionan con las presiones externas. Y ello exige sin duda empezar a tejer movimientos internacionalistas que generen una presión común sobre las instituciones a transformar.