La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella “no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva”, observa Leticia Salomón, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los padres de la Constitución “conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales”, establecieron un conjunto de ocho artículos relacionados con la forma de gobierno, incluyendo los periodos presidenciales, denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. El desencadenante de esta crisis ha sido la iniciativa de Manuel Zelaya de impulsar una consulta para preguntar a la población si aceptaba “una cuarta urna” en las elecciones de noviembre de 2009 para decidir sobre la elección de una Asamblea Constituyente, encargada de reformar ciertos artículos de la Constitución.

Los sectores críticos con Manuel Zelaya defienden que detrás de esta reforma constitucional no se encuentra otra cosa que la pretensión de Zelaya de perpetuarse en el poder instalando la posibilidad de la reelección como en otros países del ALBA.

Sin embargo, Zelaya había asegurado y firmado que esta cuestión quedaría fuera de la agenda y que el encargado de redactarla sería el siguiente Gobierno, en el que él ya no estaría, ya que su mandato termina en enero de 2010. Para Luis Galdanas, director del programa Tras la Verdad en Radio Globo, “lo que quería hacer Zelaya era una reforma donde se cumpliera el artículo 5 de la Constitución, que dice que el Gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia, participativa de la cual deriva la integración nacional que implica participación de todos los sectores”.