La expansión de las revueltas en el norte de África llegó el día 15 febrero hasta Libia, trayendo con ellas un abrupto final a ocho años de relaciones impecables entre el Estado libio, la Unión Europea y Estados Unidos.

Unos días después, el sábado 26, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un paquete de sanciones, entre las que se incluye un embargo de armas, que acaba con el impasse diplomático y comercial que vivían Libia y sus socios desde abril de 1999.

Reconciliación

Aquel año, el Gobierno de Gadafi anunció la entrega de los dos agentes libios implicados en el atentado que se cobró la vida de 270 personas en Lockerbie (Escocia) en 1988, para ser juzgados con posterioridad en La Haya por un tribunal escocés. Ese mismo día la ONU anunció el levantamiento del embargo que pesaba sobre este país desde 1992, y días más tarde Libia aparecía como invitada en su primera cumbre del proceso de establecimiento de un marco euromediterráneo común, que sienta sus bases en “el respeto a la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas”.

Entre 2002 y 2003, el Gobierno libio escenificó una serie de gestos públicos destinados a la reconciliación diplomática y al levantamiento de las sanciones comerciales, como reconocería Saif al-Gadafi en la BBC en agosto de 2008. Entre estas iniciativas consta el pago en mayo de 2002 de 28.000 millones de dólares para compensar a las familias de las víctimas de Lockerbie.

En agosto de 2003, el embajador libio ante la ONU admitió responsabilidades públicas por el suceso y en septiembre se reanudaron las visitas oficiales de mandatarios extranjeros con el viaje del entonces presidente español José María Aznar a Trípoli.

La escalada de gestos de esta naturaleza llevó al Gobierno libio a renunciar a su programa nuclear y de armas de destrucción masiva en diciembre de 2003, lo que facilitó la exclusión en 2006 de este país de la lista de Estados terroristas que confecciona anualmente el departamento de Estado de EE UU.

En esta línea, el Washington Post publicaba el 25 de febrero datos sobre una reunión celebrada en mayo de 2009 con el delegado militar de EE UU en África, el general Richard Ward, en la que Gadafi ofreció apoyo a los EE UU para labores de contraterrorismo en África. De esta reunión habría surgido la autorización por la que el EE UU viene realizando operaciones militares en la zona libia del desierto del Sáhara, dentro del contexto de la “guerra global contra el terror”.

Relaciones comerciales

En el caso del Estado español, la reanudación efectiva de las relaciones comerciales se materializó con la visita oficial de Gadafi en diciembre de 2007. Durante estos contactos se cerró un acuerdo marco de cooperación política y económica con Libia, del que “se deducen expectativas de proyectos conjuntos por un valor aproximado de 11.500 millones de euros”, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo a las últimas cifras ofrecidas por el Instituto de Comercio Exterior (en su informe de 2008), el Estado español es el tercer país con más intereses económicos en Libia, que ascienden a 3.160 millones de euros, de los cuales un 10% proviene de la venta de armas y tecnología de doble uso (militar-civil).

De entre las tres compañías con mayor facturación en el país, Repsol tiene en Libia el 4% de su producción total y el 5% de sus reservas; Sacyr tiene comprometidas contratas por valor de 700 millones de euros y opera en consorcio con la empresa estatal Svlidco, controlada por la familia Gadafi. Por su parte, Abengoa forma parte de un plan de inversión para infraestructuras de tratamiento de aguas por importe de 50.000 millones de euros.

En el apartado de las exportaciones, el Estado español compra a Libia el 2% del gas y el 10% del total del petróleo que consume. Esta cifra crece hasta el 15% en el caso de Alemania y un 50% en el caso de Italia, segundo y primer socio comercial de Libia respectivamente. En el caso de la venta de armas, entre 2008 y 2009 el Estado español vendió tecnología militar y de doble uso por valor de 30 millones de euros, contraviniendo la ley 53/2007 sobre comercio de armas, que rechaza la venta de este tipo de equipos “en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad(...), con fines de represión interna o en situación de violación de los derechos humanos”.

Cero en derechos humanos

Amnistía Internacional viene denunciando desde hace décadas la situación de los derechos humanos y civiles en Libia, a menudo coincidiendo con la inclusión del país en órganos y tratados internacionales que vinculan la participación en los mismos al respeto y fomento de las libertades colectivas e individuales.

Cárcel y abusos a personas migrantes y solicitantes de asilo; represión contra mujeres en la forma de la ‘zina’ (delito definido en la legislación libia como relaciones sexuales entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio legítimo); detención arbitraria de cientos de personas consideradas críticas o amenazadoras con el argumento de la “guerra contra el terror” tras el 11-S; represión de la disidencia mediante torturas, coacciones o procesos sin garantías. Estos son algunos de los casos que recoge Amnistía Internacional en sus informes anuales entre 2001 y 2009 en lo que se refiere a Libia.

GADAFI, CON LA SOGA AL CUELLO

GUERRA CIVIL En una entrevista con Al-Arabiya, Saif al-Islam Gadafi admitió la existencia de revueltas, al afirmar “que los manifestantes están siendo explotados y manipulados por elementos extranjeros, abriendo la puerta a la guerra civil”.

Por su parte, Al-Yazira confirmó el día 28 por fuentes propias la caída del este de Libia en manos de la oposición.

LOCKERBIE En diciembre de 1988 una bomba explotó en el interior de un Boeing de Pan-Am que volaba de Londres a Nueva York, matando a 270 personas.

La investigación incriminó a dos agentes de los servicios secretos libios, que no fueron extraditados por su país, precipitando una serie de medidas de castigo por parte de EE UU y la UE.