Otra vez la batalla legal del naturismo

Irene Cuesta

Para practicar nudismo en el Estado español no es preciso buscar una recóndita cala o un sendero aún más escondido. Ni siquiera es necesario limitarse a las zonas ‘tradicionalmente’ naturistas. Con la ley en la mano, cualquier persona puede optar por esta opción en cualquier lugar público. Así lo entienden colectivos como la Federación Española de Naturismo (FEN) y así lo avalan instituciones como el Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco.

También algunas sentencias constatan este derecho, aunque todavía son aisladas. Pero todo ello no basta. Este verano, como cualquier otro, los naturistas corren el riesgo de toparse con autoridades policiales (en su mayoría locales) que les obliguen a vestirse. Incluso pueden verse sancionados y/o en el cuartelillo, si se niegan a ello. Este verano, como otros, algunos municipios han creído conveniente publicar ordenanzas que limitan el nudismo y establecen multas a quienes se saltan la restricción. El último en apuntarse, al cierre de esta edición, es el Ayuntamiento de Cádiz. Se suma, según explican desde FEN, a Pamplona, Ciutadella (Menorca), El Ejido (Almería) o Las Palmas de Gran Canaria. Todas ellas son regulaciones no ajustadas a la ley, señala el presidente de la organización naturista FEN, Ismael Rodrigo. Para explicar el porqué, hay que remontarse a 1978 y a la promulgación de la Constitución. El reconocimiento explícito de la carta magna a la libertad de conciencia, expresión o pensamiento implicaba la invalidez de la norma franquista que incluía al naturismo dentro del delito de escándalo público. De hecho, las autoridades ‘postconstitucionales’ crearon una lista de zonas (playas, en su mayoría) autorizadas. Con el tiempo, la realidad se plasmó en la ley: la aprobación del nuevo Código Penal, en 1995, desterró definitivamente cualquier huella de delito en la práctica del nudismo. En la actualidad, el único ‘escándalo’ tipificado es el exhibicionismo, esto es, mantener una actitud obscena “delante de menores o incapaces”.

La libertad es tan evidente que, como recuerda Rodrigo, los tribunales han declarado que las playas estrictamente nudistas (y por tanto, las estrictamente no nudistas) son ilegales por discriminatorias. Pero hay más. La Ley de Costas sólo da competencias a los ayuntamientos en materia de limpieza, higiene y salubridad. La norma, de 1988, retira la misión de ‘policías de la moralidad’ que atribuía a los consistorios la ley de 1969.

En definitiva, resume Rodrigo, la legislación española es una de las más abiertas de la Unión Europea. El Reino Unido sanciona la desnudez en determinados casos y en Francia el naturismo se debe practicar en zonas reguladas por culpa de una jurisprudencia anticuada.

Acabar con las ordenanzas
¿Cómo se explican, entonces, ordenanzas restrictivas en el Estado español? Muchas son fruto del desconocimiento: las ordenanzas suelen partir de documentos previos, que incluyen incorrecciones. Otras no. “Cuando nos percatamos de la aprobación de alguna, nos ponemos en contacto para explicarlo”, argumenta el presidente de la FEN. La iniciativa de los naturistas ha frenado regulaciones restrictivas en localidades como Vilanova (Barcelona) o, aunque el consistorio se obstine en no reconocerlo, Alicante. Otras veces, no se llega a tiempo y, transcurrido el plazo de recurso, la norma entra en vigor. Entonces, sólo queda el activismo del naturismo, las denuncias y la información. La FEN, de hecho, celebró el 19 de julio, como todos los años, su día sin bañadores, un llamamiento a practicar el nudismo en todas las playas posibles.