Desde hace más de dos años, la Comunidad de Madrid vigila la Cañada mediante patrullas de agentes forestales, para evitar que se produzcan nuevas ocupaciones de la vía pecuaria en el marco del Plan de Reforzamiento para la Vigilancia de la Cañada Real Galiana. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo numerosos derribos de viviendas, aduciendo que se encontraban vacías, con el objetivo de impedir que el asentamiento siga consolidándose. Actualmente está listo para debatirse en la Asamblea un proyecto de ley presentado por la Comunidad de Madrid que pretende dar solución a los problemas existentes desafectando un tramo de la Cañada para convertirla en un bien patrimonial de la Comunidad.

¿Por qué este repentino interés? Este lugar, hasta ahora invisible para los poderes públicos, ha pasado en poco tiempo a estar situado en el centro del mapa. No parece que hayan sido los graves problemas que sufren los habitantes de la Cañada los que han hecho que las administraciones públicas se preocupen por lo que allí está pasando, puesto que era una situación de sobra conocida y consolidada. Parece, por el contrario, que si la Cañada interesa ahora es porque hasta ella ha llegado, en forma de PAU de El Cañaveral, el “desarrollo” de la ciudad, la máquina inmobiliaria, “la niña mimada” de nuestras administraciones públicas. El conflicto parece claro: ¿quién va a querer pagar 400.000 euros por un piso a estrenar con vistas hacia las chabolas de La Cañada? La geometría pulcra y homogénea de este PAU, impresa en el territorio a golpe de excavadora, ha llegado hasta el territorio orgánico y sedimentado de la Cañada. Dos formas de “hacer ciudad” tan opuestas como aparentemente incompatibles: la ciudad que surge de la necesidad frente a la ciudad como negocio especulativo. Así pues, más allá de disquisiciones sobre la titularidad de la vía pecuaria, lo que se plantea es un debate sobre lo que entendemos por “derecho a la ciudad”, pues existe un problema de injusticia social que no parece acaparar el suficiente interés: una población en riesgo de exclusión que ha sido ignorada por las administraciones públicas durante décadas y que ahora ve amenazado un bien básico como es la vivienda. Ésa y no otra debería ser la cuestión central del debate: ¿Quién tiene derecho a habitar la ciudad? ¿Cómo se adquiere ese derecho? ¿Quién lo otorga? Este conflicto pone de manifiesto, de manera especialmente clara, los distintos imaginarios manejados a la hora de pensar la gestión del territorio y la importancia que en ellos se otorga al régimen de propiedad del suelo. Entre generar un espacio de oportunidad para que la iniciativa privada desarrolle el tejido auto-construido y lo formalice, o que las administraciones públicas se encarguen de su protección y tutelaje como parte de la red de espacios libres (más o menos protegidos), debería existir la opción de desarrollar un proceso que incorpore a los habitantes que han generado ese territorio –durante 40 años– y gestionar de forma colectiva el acceso a unos recursos que, como la Cañada, son comunes. Pensar cuáles pueden ser esos recursos comunes en el modelo actual de producción metropolitana podría ser una de las bases del proceso de construcción de una ciudad más justa. Tarea que no es ni breve (seguro que más de dos años) ni de un solo Gobierno.
CRONOLOGÍA DE LA CAÑADA
1273, FUNDACIÓN Alfonso X El Sabio funda el Honrado Consejo de la Mesta de Pastores. Para evitar conflictos entre los agricultores y los ganaderos en el tránsito de los rebaños, el Rey constituye la red de cañadas en todo su reino. Las nueve más importantes se llamarán Cañadas Reales.
1836, ABOLIDA LA MESTA El Consejo de la Mesta es abolido. Llega la industria. Comienza un siglo y medio de limbo para la gestión de las Cañadas, hasta la llegada del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) en 1971.
1958-1968, REDUCCIÓN DEL TAMAÑO Parte de la Cañada Real Galiana se declara innecesaria por el escaso tránsito ganadero. Con la Orden Ministerial del Boletín Oficial del 31 de enero 1958 se reduce de 75,22 a 37,61 metros de ancho en la parte de Vallecas. Seguirán las órdenes ministeriales de abril de 1964 para Coslada (reducción a 20 metros de ancho) y de junio de 1968 para Rivas (reducción a 14 metros).
1960, LAS HUERTAS Llegan los primeros asentamientos de campesinos que ocupan los terrenos de la Cañada para hacer huertas. A veces edifican pequeñas construcciones para los aperos.
1974, DESAFECTACIÓN El ICONA autoriza las huertas en Coslada y desafecta parte de la Cañada. Algunos vecinos consiguen por primera vez comprar los terrenos y legalizar su situación.
1974-1985, ASOCIACIONES Los vecinos se organizan en asociaciones por sectores. La Cañada Real Galiana ya está casi totalmente ocupada. Las huertas han dejado paso a las viviendas. Comienza la edificación de las grandes urbanizaciones.
1986-2004, UN “PROBLEMA SOCIAL” Se expropian casas (obras del AVE, la M-45 y la M- 50) con indemnizaciones de hasta cien millones de pesetas. En 1998 las Cañadas pasan a la Comunidad. En este periodo mueren cinco niños atropellados por camiones que se dirigen al vertedero. El Defensor de Menor denuncia la situación sanitaria.
2005-2009, DERRIBOS El cierre de Las Barranquillas convierte la Cañada en un supermercado de la droga. Se producen derribos de casas de sin papeles. En octubre de 2008 los vecinos se manifiestan contra los derribos.