Fiestas del barrio de Gracia./ Albert García/ Setmanari Dirrecta

La excarcelación de Laura Riera el 21 de agosto, tras el cumplimiento íntegro de una pena de nueve años de cárcel por colaboración con ETA, y la programación de un acto de recibimiento en el barrio de Gràcia cerró el mes de agosto con las dos primeras prohibiciones de actos pro presos en Catalunya y con la inédita irrupción de la Audiencia Nacional en espacios festivos barceloneses.

La irrupción judicial y policial arrancó, una vez más, a impulso político del PP de Barcelona, que solicitó prohibir el acto de recibimiento programado. A la solicitud de prohibición, en consonancia con la actual política represiva impulsada en el País Vasco, se sumaron de inmediato Ciudadanos, Dignidad y Justicia y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVOT). Pero más allá de la coyuntura, la demanda se enmarcaba en la permanente criminalización que el PP promueve desde hace años, infructuosamente, contra las fiestas alternativas. La petición de la derecha española fue atendida por la Fiscalía del tribunal especial español y derivó finalmente en la prohibición absoluta, ordenada por el magistrado Pablo Ruz, del acto de bienvenida a Laura Riera, así como la posterior manifestación en apoyo a las presas Marina Bernardó y Laura Riera. Ruz adujo que ambas convocatorias se incardinaban en un posible delito de “enaltecimiento del terrorismo” y ordenó a los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil que impidieran su desarrollo por todos los medios.

Detención por informar
Ante la prohibición, la Comissió de Festes Populars (CFP) de Gràcia anunció públicamente, dos horas antes, la desconvocatoria del acto con el fin de no entorpecer el desarrollo de la fiesta mayor. Pese a ello, la plaza fue tomada por un desbordante dispositivo policial de antidisturbios –que acordonaron la plaza e impedían el acceso a cualquier persona– y decenas de agentes de paisano.

Cuando los organizadores, previa comunicación a los Mossos, se limitaron a iniciar una rueda de prensa para leer el manifiesto que daba el acto por desconvocado, el mando de los Mossos que coordinaba el dispositivo, dio la orden, tajante y explícita, de intervenir. Antidisturbios subieron al escenario, sustrayeron la pancarta donde se leía: “Por los derechos civiles y políticos, disolución de la Audiencia Nacional” y retuvieron a las 10 personas que participaban en la rueda de prensa. Tras 30 minutos retenidos y diversas llamadas telefónicas, el portavoz que leía el manifiesto fue detenido y trasladado a la comisaría de Les Corts.

Aun así, y en un clima de creciente tensión, las 150 personas que no habían podido acceder a la plaza del Raspall por el férreo control policial, iniciaron espontáneamente una manifestación pacífica por las calles del barrio, que acabó en carga policial en la céntrica Plaça de la Vila, donde en ese momento se desarrollaba un concurrido correfoc infantil. Tras la acometida policial, donde resultaron contusionados diversos transeúntes, agentes de los Mossos y la Guardia Urbana detuvieron a cinco personas más. Los arrestados fueron liberados con cargos al día siguiente y el portavoz de la CFP que intentaba leer el manifiesto afronta ahora una acusación con cargos por desobediencia, resistencia y quebrantamiento de una orden judicial previa.

Tras la libertad de los detenidos, 300 personas se congregaron en la Plaça de la Vila para denunciar la actuación policial.

En Sants, también
Casi similar situación, por extensión represiva aunque con diferente evolución, vivió el barrio de Sants sólo una semana después, cuando el juez Eloy Velasco –de nuevo, a petición del PP– prohibió un brindis antirrepresivo –esta vez de carácter genérico– en las Fiestas Alternativas organizadas por la Asamblea del Barrio de Sants, integrada por 26 entidades sociales y vecinales. Dado que el magistrado sostenía –en base a informes remitidos por los Mossos– que se trataba de un brindis encubierto a presas de ETA, la Asamblea presentó un recurso de forma donde documentaba que el brindis se celebra desde 1994, ininterrumpidamente desde 1998, y que se trata de un “recuerdo a todas las personas que están privadas de libertad, sea por el motivo que sea y en cualquier parte del mundo donde se encuentren”.

Además, la ABS de Sants ha anunciado que estudia una posible querella por prevaricación y falsedad documental contra la División de Información de los Mossos, sin cuyos informes la prohibición en Sants no hubiera sido posible. Sin atender a las razones expuestas, el magistrado desestimó el recurso y prohibió el brindis. Desestimación que provocó que la ABS denunciara la prohibición como “un ataque a la libertad de expresión” y desconvocara el acto “para evitar cualquier despliegue policial” que alterase o distorsionase la fiesta mayor.

A la hora prevista para el ‘brindis’, se hizo el silencio y se iluminó el histórico logo de la libertad de expresión que presidía el escenario de un recinto festivo repleto de pancartas mudas, mientras sonaban canciones de Lluis Llach o Maria del Mar Bonet. El amplio despliegue policial de antidisturbios quedó esta vez en una discreta segunda fila, pero agentes de paisano deambularon toda la noche por un concierto que congregó a 2.000 personas.

Guerra a las alternativas
Ambos operativos responden a la criminalización que el PP barcelonés ejerce contra los espacios alternativos de fiestas mayores estivales, azuzando una supuesta connivencia permisiva del Ayuntamiento. Nunca antes había acudido hasta la Audiencia Nacional. Todo ello con la inestimable contribución de unos sesgados informes policiales del Departament d’Interior dirigido por ICV. Informes que han vuelto a demostrar el control exhaustivo que los Mossos ejercen contra estos espacios.