Una “marea” por 2.000 euros. Tres semanas de faena continúa en un bonitero barrido por las tempestades del Atlántico norte. A cambio, el doble de salario que en cualquier otra oferta asequible para un joven sin formación. Esta era la salida a la que se aferraban cientos de parados gallegos hace unos años. Hoy, la válvula de escape del Gran Sol ya no existe.

Ahora florecen las agencias de contratación que proporcionan marineros a los armadores gallegos. Son unos 1.600, en su mayoría indonesios que, según denuncian sindicatos y profesores universitarios, faenan explotados ante la pasividad del Estado y la Xunta.

La primera en ponerle nombre a los presuntos explotadores fue la Confederación Intersindical Galega (CIG). Xabier Aboi, su responsable en pesca, firmó una denuncia ante la Seguridad Social acompañada de las ofertas de dos agencias: Total Spain Quality ofrecía marineros indonesios por 400 dólares, rusos por 900 euros. El precio era “orientativo”, es decir, se podía negociar. Más baratos aún salían en Shipping Oriental Services (Shipopesca), 295 dólares por cada marinero indonesio. Eso sí, había que pagarles tres dólares por cada tonelada de pescado.

La denuncia es de hace dos años, pero la Administración no ha sancionado a ninguna de las dos agencias a pesar de ofertar trabajadores por debajo del salario mínimo. “Todo el mundo calló y miró para otro lado, la Xunta, la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo, todo el mundo con competencias se escondió”, declara indignado Aboi a DIAGONAL. El sindicalista insiste en que la “explotación del hombre por el hombre” continúa en los puertos gallegos: “Por el salario de un marinero gallego, contratan doce indonesios”.

De sueldos paupérrimos también habla el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), José Antonio Aldrey. Este geógrafo indica que las agencias pagan “muy poco, en torno a 500 euros al mes, menos de una tercera parte de lo que cobraría un marinero de aquí” a pesar de que los indonesios “son muy útiles para los armadores porque son personas con cualificación para faenar, hasta el punto que son las propias empresas las que los buscan en Indonesia”.

Contratos y control
La ausencia de investigaciones judiciales está relacionada además con el aislamiento de los marineros, muy remisos a denunciar. El profesor Aldrey los califica de “colectivo dócil” tras explicar que los armadores los tienen “bastante controlados” en pisos pagados por las agencias. Ademas, los propios emigrantes limitan su vida social al máximo para poder ahorrar. Durante los tres o cuatro años que permanecen en Galicia “a pesar de ganar algunos muy poco, en torno a 300 euros, consiguen mandar remesas de hasta cien euros al mes a sus familias, que aquí es poco dinero pero que allá supone un incentivo importante”. El experto explica que en la gran mayoría de casos “no se relacionan prácticamente nada con la población local”, “no tienen ningún tipo de identificación con Galicia, ni idea del idioma” y mientras piensan en retornar “viven casi como extraterrestres”.

En opinión de la CIG los medios de comunicación también contribuyen a la explotación. Aboi denuncia que “la prensa se esconde, a pesar de que publicamos los contratos que ofrecen las agencias, porque informar de esto significa tocar a grandes nombres de la pesca”. Muchos indonesios faenan para ABSA, sociedad de los armadores de Burela y una de las de mayor facturación de la provincia de Lugo.

Pago de indemnizaciones tras un naufragio o repatriación de cadáveres. Estos son los únicos temas que protagonizan en los grandes medios los marineros indonesios, carne de cañón en el sector con mayor mortalidad laboral de toda España. Xabier Aboi apunta a la existencia de verdaderas “mafias” que pretenden construir un muro de silencio. Así, el sindicalista apunta al caso de un armador de Ribeira (A Coruña) “presionado” por otros armadores, molestos porque este empresario, satisfecho con sus tripulantes, les ofrecía un sueldo digno.

Las empresas acusadas por la CIG (las citadas Total Spain Quality y Shipopesca junto a otras como Crewnova, Nautae Burela y Servixestion Burela) siempre han negado cualquier irregularidad. José Quelle, administrador de Shipopesca, sociedad radicada en Xove (Lugo), incluso amenazó a la Confederación Intersindical con una querella ante los tribunales por acusarlo de “traficar con carne humana”, demanda de la que nunca más se supo.

Lo cierto es que la actividad de estas empresas no es ilegal. En internet docenas de agencias indonesias ofertan tripulaciones a armadores de todo el mundo. Por ejemplo, Fosterindo presume de proveer tripulaciones “a un coste razonable” encargándose de todos los trámites, incluidos los certificados médicos para embarcar, pasaporte, “asistencia a los marineros desde el aeropuerto internacional de Yakarta” y “el rápido pago a las familias”.

“UNA SITUACIÓN LABORAL REGULADA NO EQUIVALE A SALARIOS DIGNOS”

M.V.

Con los también profesores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Jesús González y Xosé Manuel Santos, José Antonio Aldrey es autor del estudio La emigración extranjera en Galicia. De él se desprende que todos los indonesios son marineros con experiencia, que salen de su país con un contrato debajo del brazo y a los que los empleadores les facilitan comida y alojamiento. En teoría, esto los convierte en unos privilegiados frente a la mayoría de los emigrantes que entran en España. Nada más lejos de la realidad. El estudio de la USC apunta que la mayoría cobra menos de 600 euros y que “llaman la atención los bajos salarios medios de los asiáticos cuando son un colectivo con una situación laboral mayoritariamente regulada (...) unas buenas condiciones de partida no redundan en un salario adecuado. Es más, esto probablemente les afecte negativamente, es un precio que deben pagar”. Es decir, mientras que algunos emigrantes tienen posibilidades de prosperar, los marineros están atados a unas condiciones pésimas durante todo su permiso de trabajo. Ante esta situación, el profesor Aldrey demanda a las administraciones asesoramiento a los emigrantes y sobre todo “un control más duro en el tema laboral; las condiciones laborales deben cumplir unos mínimos al margen de dónde sea la empresa o de si se trata de una Empresa de Trabajo Temporal que se queda con parte del salario”. Por su parte el sindicalista Aboy insiste en que ni Inspección de Trabajo ni la Fiscalía actúan en los buques con bandera española o en los pesqueros con bandera de conveniencia que son, a su juicio, “la verdadera selva, con salarios de 200 euros”. El representante de la CIG denuncia que el resultado es que en la mayoría de la flota de altura ya no hay trabajadores gallegos, salvo como capitanes o patrones de pesca.