Con inmunidad penal ante cualquier delito y sobreprotegido como una delicada planta de invernadero, se han publicado muy pocas cosas con un mínimo de objetividad sobre el monarca y sobre sus actuaciones políticas.

En el artículo 490.3 del Código Penal se puede leer: “el que calumniare o injuriare al Rey (...), será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son”. Esto generó procesos por injurias al rey en varias ocasiones. Los artículos y un dibujo de Jesús Zulets llevaron a la revista El Cocodrilo al banquillo en 1987. También Javier Madrazo tuvo que vérselas con la justicia por decir: “ya que le pagamos policías, yates, viajes a esquiar y a montar a caballo, no habría estado de más que, por una vez abandonase sus ocupaciones y compartiese con la sociedad su preocupación por la guerra de Iraq”; o Arnaldo Otegi, por referirse al rey como el “jefe de los torturadores”, así como Soziedad Alkohólica, Eskorbuto o Manolo Kabezabolo por el contenido de sus canciones. A pesar del silencio mediático, la figura del rey dista mucho de ser incuestionable: desde su falta de legitimidad democrática a la construcción de su importante fortuna personal, pasando por una nunca bien aclarada actuación en el 23-F, el rey nunca ha tenido que rendir cuentas de sus acciones. La intermediación del rey en los intereses de las multinacionales españolas y de las cúpulas de la CEOE han marcado su labor como máximo representante del Estado en el exterior. Numerosos medios latinoamericanos no han dejado de denunciar sus actuaciones en beneficio del Santander Central Hispano o de Repsol en Argentina, ante la ofensiva española por hacerse con YPF. Al mismo tiempo que la popularidad de la monarquía desciende en los sondeos, un nuevo movimiento republicano emerge con fuerza al cumplirse los 75 años de la proclamación de la II República.