FOTO: Nino Oliveri

A día de hoy es aún incierto el desenlace de la crisis hondureña, más aún tras la llegada a la embajada brasileña del presidente constitucional Zelaya el pasado 21 de septiembre. El Gobierno golpista de Roberto Micheletti, cuyas horas parecían estar contadas después de la creciente movilización popular y, sobre todo, tras el claro aislamiento de la comunidad internacional, aprieta las tuercas de la represión contra la población, que cada vez hace mayor hincapié en la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente.

Para el régimen golpista la única salida posible parece ser mantener la situación tal y como está hasta las próximas elecciones del 29 de noviembre. “Ellos apuestan por ello como su última carta”, piensan que “la gente va a ir a las elecciones y que estará terminado el asunto”, afirma Miriam Miranda, representante del Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, organización que está coordinando las continuas movilizaciones populares. Pero según Erasto Reyes, miembro también del Frente, “con este Gobierno golpista no está garantizada una elección libre, pues los custodios de todo el proceso electoral serán las mismas Fuerzas Armadas que han dado el golpe”, por lo que aboga no sólo por la restitución del orden constitucional, sino por la convocatoria de un proceso Constituyente como única salida para el conflicto. La propia ONU comparte la desconfianza sobre los resultados que pudieran tener unas elecciones en estas circunstancias.

El secretario general, Ban Ki-Moon manifestó, tras la reciente condena por parte del Consejo de Seguridad, que “no existen las condiciones para organizar unas elecciones creíbles que impulsen la paz y la estabilidad”. En consecuencia, la ONU decidió suspender la asistencia electoral a Honduras.

La Asamblea Constituyente se ha convertido en la principal reclamación de las organizaciones populares, pues en el caso de regresar Zelaya a la presidencia, en el próximo enero acabaría su mandato, ya que no es posible la reelección presidencial en el país centroamericano. “La reinstauración del presidente es un objetivo fundamental, pero éste no es el propósito más importante de este proceso”, afirmó el investigador social Ricardo Arturo Salgado.

Un país paralizado
Mientras, organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, denuncian que en los últimos días se han incrementado las graves violaciones de los derechos humanos, en forma de asesinatos, agresiones indiscriminadas, persecuciones políticas o detenciones ilegales tanto individuales como colectivas, así como el uso, como medio para disolver las movilizaciones populares, de un agente químico tóxico con altas concentraciones de ácido cianhídrico que provocó sangrados por las vías respiratorias y por la orina de los afectados, además de vómitos, desorientación y fuertes dolores de cabeza. Efectos que también se habrían sufrido en el interior de la embajada brasileña.

Quedan aún dos meses para esas hipotéticas elecciones y no está claro qué puede suceder hasta entonces. Según la socióloga y economista Leticia Salomón, del Centro de Documentación de Honduras, los mismos sectores empresariales “han empezado a presionar para que se encuentre una salida, porque ya han llegado al límite de las pérdidas”. No en vano, los continuos estados de sitio y las movilizaciones y bloqueos de vías que están paralizando el país suponen un fuerte impacto en la economía nacional. Está por ver si esa salida pasa por la renuncia del Gobierno golpista o por un recrudecimiento de la situación.