Foto: Edu León

Los presos en Ecuador, por lo menos, ya están en la lista de preocupaciones del Gobierno ecuatoriano. La rehabilitación social de las personas privadas de libertad es política de Estado en Ecuador desde que entró en vigor la Constitución (octubre de 2008). El primer cambio noticiable fue que el 24 de abril de 2009, por primera vez en Latinoamérica, se permitía que los presos sin sentencia participasen en las elecciones presidenciales que reafirmaron a Rafael Correa como presidente. 2.749 tuvieron derecho de acercarse a las urnas que se instalaron en los patios penitenciarios. “Fue un día de fiesta”, como señaló Romeo Silva, director de Rehabilitación Social. Pero sólo fue un día.

El hacinamiento sigue siendo el principal problema en las prisiones ecuatorianas, pese a que el año pasado se indultó a 1.200 ‘mulas’ del narcotráfico que llevaban dos kilos o menos de droga. Los 34 centros de rehabilitación tienen capacidad para 6.000 personas y actualmente albergan a unos 15.000 detenidos.

El Estado sigue ausente en las cárceles y esto se demuestra principalmente en la falta de presupuesto. El dinero asignado por cada preso es de siete dólares al día. Pero no todo llega a las cárceles, porque de esta misma partida se saca para el pago de vigilantes y gastos de luz, agua y teléfono de los centros penitenciarios. El dinero designado para los presos a veces ni siquiera alcanza para retribuir el dólar diario que se paga a los pocos internos que trabajan cocinando o fregando suelos.

No hay recursos para una verdadera rehabilitación social y mientras el Gobierno ecuatoriano busca el dinero y un lugar para poner la primera piedra de un nuevo centro penitenciario, los internos tienen que purgar sus días jugando voleibol o parchís, asistiendo a una de las iglesias cristianas que se han instalado dentro de las cárceles, o levantando las pesas en los gimnasios con dimensiones de trastero que se han abierto en los pabellones por la propia autogestión de los presos.