Las fronteras de este rincón, desconectado a la fuerza de Cisjordania, siguen blindadas y los crímenes de guerra sin ser juzgados. La reconstrucción de la paz con justicia en Gaza es un oxímoron en una comunidad internacional que permite la ilegal violencia fundadora del Estado israelí, contraviniendo la ley internacional de derechos humanos. Esta reconstrucción es imposible, además, por una cuestión meramente material: no se puede reparar la red eléctrica, ni las tuberías o los depósitos de agua porque Israel no autoriza la entrada del material necesario: “No son suministros humanitarios”, es la razón aducida.

“Gaza ha retrocedido tras los bombardeos no a la edad de piedra, sino a la de barro”, ha denunciado la Agencia para la Ayuda de los Refugiados Palestinos de la ONU (UNRWA), que para rehabilitar los 60.000 hogares dañados o destruidos se ha visto forzada a utilizar barro. La obscenidad de este bloqueo no tiene límites. Un muro de acero subterráneo se está construyendo en la frontera de Gaza con Egipto, para blindar a cal y canto la entrada de suministros no autorizados por Israel.

Contra este cerco ilegal, al que hay que sumar el mediático, 1.400 activistas internacionales de más de 40 países han confluido en El Cairo, convocados por la Coalición Internacional para el fin del Asedio Ilegal a Gaza. Su objetivo inicial era realizar una marcha en Gaza el 31 de diciembre desde múltiples direcciones (Egipto, Cisjordania e Israel) pero la solidaridad internacional tampoco tiene licencia en la Franja. La mayor parte de las personas activistas se han quedado retenidas en El Cairo, donde el Gobierno egipcio ha prohibido toda manifestación pública a favor del pueblo palestino, además de impedir la celebración de reuniones en lugares previamente pactados o el trayecto hasta la frontera con Gaza en autobuses ya contratados.

Un grupo ha logrado llegar hasta Al Arish, la última ciudad egipcia antes de llegar a Gaza. Pese a la represión, “la gente nos responde por la calle, nos saluda, nos invitan a café, no nos cobran en los taxis…”, comenta uno de los activistas de este grupo. Otras acciones también han seguido su curso, como la huelga de hambre de varias personas que han reclamado la atención mediática para romper el silencio: el silencio de las 1.400 personas que no han sobrevivido a los bombardeos del año pasado y del millón y medio de gazatíes sumidos en la extrema pobreza por voluntad política. El silencio también de los habitantes de Cisjordania, donde el muro del apartheid sigue desmenbrando y desconectando territorios palestinos. La criminalización empieza a tocar en la puerta de organizaciones civiles como Stop the Wall, cuyo presidente e incansable activista, Jamal Juma, ha sido arrestado el 15 de diciembre sin ninguna explicación. Estas acciones han servido, además, para intensificar la campaña internacional por el boicot, las desinversiones y sanciones contra Israel.