EL ACTA INSTAURARÁ LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD

Empezó a negociarse en 2007, ahora llega a los parlamentos europeos

REDACCIÓN
Ahora que el ACTA es público, las posibilidades de que no llegue a aplicarse son mayores. El parlamento mexicano ha sido el primero en debatirlo y después en denegarlo. Este acuerdo transnacional ha sido negociado de forma secreta desde 2007 por EE UU, Japón, la UE, México, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Suiza y Corea del Sur. Para la Quadrature du Net, organización francesa en defensa de los derechos fundamentales en la red, este pacto supone una estratagema política para eludir los debates a nivel nacional o europeo, y adopta decisiones que los Parlamentos sólo podrán rechazar o adoptar en su conjunto.

Por su parte, Michael Geist, profesor de Derecho y Comercio Electrónico, ha alertado de que este acuerdo será la nueva fuente principal de derecho internacional sobre propiedad intelectual. ¿Qué implica este acuerdo? Gracias al ACTA se podrá controlar y espiar los archivos intercambiados por internet sin orden judicial, puesto que su principal objetivo es la lucha contra las falsificaciones. Sin embargo, bajo este declaración de intenciones se esconden otros objetivos: ACTA implementa un marco legal en el que garantías como la separación de los poderes se derrumbarían, y competencias de la policía propias de los Estados serían concedidas a las empresas privadas, tales como los proveedores de internet.

Otra de las disposiciones serán las “medidas provisionales” a petición del demandante sin autorización judicial y sin notificar al acusado. Incluso utilizar sin saberlo material copiado ilegalmente resultará también sujeto de responsabilidad civil. En resumen, según el profesor de informática Simone Santini, “el ACTA implementa un marco legal que abandona la presunción de inocencia a favor de la presunción de culpabilidad”.

Eyeliam

¿HA FINANCIADO ILEGALMENTE LA SGAE A LOS PARTIDOS?

El tribunal de cuentas investiga descuentos sospechosos de la SGAE

H.R.L.
La presencia de Teddy Bautista en varias fundaciones afines al PSOE ha despertado varias suspicacias sobre las relaciones entre la Sociedad y este partido. No se trata sólo de que muchos de los más afines a Bautista hayan mostrado en numerosas ocasiones su apoyo al presidente “de la ceja”. El director de cine Achero Mañas ha denunciado que el dinero que acusan a Bautista de apropiarse se “ha desviado desde hace años a una conocida formación política, experta, como todas, en las mañas de la corrupción”. Al margen de estas acusaciones, desde 2008 hay una denuncia en el Tribunal de Cuentas por “realizar descuentos en los derechos de autoría en los mítines de partidos como PSOE o CiU o permitir que estos partidos estén exentos de pagar el canon”, explica el abogado Jover. Además, la SGAE ha financiado durante años cursos de fundaciones afines a PP o PSOE. Por ejemplo, a Alternativas, de la que Bautista era patrono, le financió cursos como Culturas emergentes en el mundo hispano de EE UU y Prácticas emergentes y nuevas tecnologías: la música digital en España.

PERSONAJE HORRIBLE

MIGUEL SATRÚSTEGUI HA DURADO UNA SEMANA COMO PRESIDENTE LA COMISIÓN GESTORA DE LA SGAE.

Satrústegui, el apagafuegos que se quemó en una semana

P.E.
Eran otros tiempos y otras eran las amenazas; la industria del cine pedía una legislación urgente contra el vídeo comunitario y una reportera de El País se preguntaba cómo se podían “evitar las copias caseras, ya sea de un disco, de una película o de un programa de TV”. Era 1987 y la respuesta a esas preguntas fue la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que hoy sigue vigente.

La Ley fue aprobada unos días después del nombramiento de Miguel Satrústegui como subsecretario del Ministerio de Cultura. Entre sus aspectos más polémicos, la normativa, que sustituyó a un texto de 1879, estableció la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la propiedad intelectual e industrial; en concreto, la modificación del artículo 534 que, a partir de 1987, establecía penas de prisión para quien con ánimo de lucro “reprodujere, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica”. Además, la ley posibilitaba la creación de sociedades de gestión y la exención del IVA para los creadores. Un par de años después de la aprobación de la LPI, Satrústegui, al que en otro artículo de la época se califica como “responsable de completar los planteamientos culturales del Gobierno socialista”, tuvo que cesar de su cargo por problemas con CiU, desde donde se le consideraba “un obstáculo a la cooperación cultural”.

Desde entonces, Satrústegui ha proseguido su carrera en el ámbito de la gestión cultural (ha dirigido el Centro de Arte Reina Sofía) y la ha combinado con su carrera en la órbita del grupo Prisa. Así, ha sido director general de coordinación del grupo que dirige la Cadena Ser, presidente de Sogecable y, hasta 2009, secretario del consejo de administración de Prisa.

Satrústegui fue elegido para gestionar la crisis de la SGAE en contra de la opinión de Teddy Bautista, que prefería al presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Aldo Olcese, para ese puesto. Sin embargo, una semana después de su nombramiento, las presiones de la anterior directiva han bastado para que Satrústegui desaparezca una vez más de la primera línea política. A cambio, Tomás Marco gana enteros para gestionar la crisis de la SGAE. Marco, que estaba en la directiva saliente, ha trabajado con los Gobiernos del PSOE y el PP.

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