A principio del verano los medios de comunicación se hacían eco de notas policiales anunciando varias exitosas operaciones contra el tráfico de drogas. Sin embargo, pocas informaciones periodísticas sacaban a colación las conexiones de varios de los detenidos con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el siniestro episodio de terrorismo de Estado impulsado por el primer Gobierno socialista de Felipe González.

A finales de junio, era detenido por robo y tráfico de drogas el ex guardia civil José Manuel Velázquez Soriano en el marco de una operación desarrollada por la Comisaría General de Policía Judicial contra una banda que haciéndose pasar por policías, robaba droga a narcotraficantes, la procesaba, adulteraba y posteriormente la revendía. En la operación, desarrollada en Madrid, Pozuelo de Alarcón y Marbella, fueron detenidas siete personas y se intervinieron hasta nueve armas de fuego con el número de serie borrado, 180.000 euros, carnés profesionales de policías, chalecos, pasamontañas y equipos transmisores.

Velázquez, conocido como Txema desde los tiempos de la guerra sucia, fue testigo protegido en el caso GAL. Natural de Badajoz y miembro activo del grupo anti ETA Rojos del instituto armado, fue el primero en poner al descubierto, aunque con versiones alternas y contradictorias, la trama verde, tocada con tricornio, de los GAL. En declaraciones a la revista Interviú y la televisión belga, realizadas en 1986, situó al frente del terrorismo de Estado al general Rodríguez Galindo y a su superior Andrés Casinello. Obligado a desdecirse, fue encarcelado por un delito de estafa y contra el orden público en 1986.

Velázquez, que también había sido guardaespaldas del presidente franquista Arias Navarro y escolta de Blas Piñar, participó en atentados y algaradas protagonizadas por la ultraderechista Fuerza Nueva y perteneció a las denominadas Juventudes Vikingas. Según sus propias declaraciones, comenzó a militar en la ultraderecha española en 1979, mientras realizaba el servicio militar. Desde su expulsión de la Guardia Civil, constaba como titular de varias empresas dedicadas a realizar informes y servicios de seguridad, una de ellas utilizada como tapadera para sus actuales actividades delictivas.

Ultraderecha y narcotráfico
Enfangado también en el mismo triple ámbito –GAL, ultraderecha y narcotráfico–, el pasado 28 de julio era detenido en el puerto del Fórum de Barcelona el ex galoso Jorge Porta Laborda, cuando intentaba introducir 405 litros de cocaína líquida en una embarcación procedente de Colombia. Porta Laborda, fundador del grupo ultraderechista Milicia Catalana, que atentó en la década de los ‘80 contra clínicas abortistas, fue condenado a 26 años de cárcel por el asesinato, por error, del ciudadano francés Robert Caplanne, un electricista confundido con un refugiado político vasco. Sintomáticamente, el jefe de aquel comando operativo, conocido como el “GAL catalán”, era Ismael Miquel Gutiérrez. Gutiérrez huyó en 1986 tras un chivatazo policial que le alertó de su detención y llegó a Tailandia, donde posteriormente –otra vez la misma conexión– cumplió 11 años de cárcel por tráfico de drogas. A su retorno al Estado español, fue condenado a 45 años de cárcel por el asesinato de Caplanne, abatido con cuatro disparos el 24 de diciembre de 1985 en la barra del bar Royal de Biarritz.

La trama del “GAL catalán” –de la cual varios reportajes periodísticos han ubicado como máximo responsable al ex jefe antiterrorista Francisco Álvarez, alias Gálvarez– reclutó cinco ultras de ambientes próximos a la neonazi CEDADE, en un intento, fracasado, por desviar la atención y aparentar que la guerra sucía se impulsaba desde las filas de la extrema derecha. Al autor material del asesinato, Javier Rovira Llor, le habían abonado 800.000 pesetas en un dinero facilitado, según Gutiérrez, por el inspector de la policía española Jorge de Haro, que en 1996, en activo y destinado en Málaga, fue imputado aunque posteriormente absuelto.

¿Dónde está Máximo Blanco?
La misma costa catalana es, al menos desde 1999, testimonio visible de las sórdidas relaciones entre lucha antiterrorista y tráfico de droga. Es conocido que el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, posteriormente ascendido a general, disfruta de libertad desde 2004 a pesar de la condena a 75 años por el asesinato de los refugiados Joxean Lasa y Joxi Zabala. Menos conocido es el paradero actual del teniente coronel Máximo Blanco López, número dos de Intxaurrondo, condecorado ocho veces por los gobiernos del PP y ‘dedo acusador’ en su día de los negocios de contrabando que dirigía Galindo desde el búnker antiterrorista.

Blanco, jefe de la lucha antidroga en Gipuzkoa en los años del ‘agujero negro’ de Intxaurrondo, fue detenido en 1999 en el puerto de Sant Carles de la Rápita (Tarragona) cuando intentaba introducir 4.200 kilos de hachís. Encarcelado brevemente en la cárcel militar de Alcalá- Meco, en 2003 fue condenado por la Audiencia Provincial de Tarragona a seis años de cárcel. La última noticia sobre su paradero data de 2005, cuando el actual presidente del Congreso de los Diputados y entonces ministro de Defensa, José Bono, firmó su ascenso a coronel informando que estaba “en servicio activo, pendiente de destino en Madrid”. DIAGONAL ha intentado, infructuosamente, saber si ha sido expulsado del cuerpo o si, como es norma y no excepción, se suma a los generosísimos beneficios penitenciarios de los que han gozado los pocos condenados por el terrorismo de Estado que actuó bajo las siglas del GAL.

Otros agentes de Intxaurrondo, con Enrique Dorado Villalobos como paradigma, también utilizaron el escudo de la lucha anti ETA para proteger sus tropelías. Dorado, consumidor habitual de cocaína, implicado en la muerte de Mikel Zabalza y condenado por el asesinato de Lasa y Zabala, ya fue detenido en 1986 por robar en la boutique Traffic de Irún y estaba implicado en el contrabando de tabaco. Tras las condenas por su participación en los GAL, el Ministerio de Defensa lo expulsó del cuerpo, pero le concedió una pensión vitalicia de 1.800 euros, subiéndole el sueldo un 200%.

A día de hoy, los responsables de 26 asesinatos sólo han cumplido un 10% de las condenas impuestas.