FACHADA. Langraitz fue un campo de concentración tras la Guerra Civil y transformada en cárcel tras sucesivas remodelaciones.

En septiembre de 2004, el entonces director de la cárcel de Langraitz (Nanclares de la Oca, Vitoria), Jesús Moreno, recomendó al subdirector de Seguridad del centro, un cargo de confianza con el que mantiene una relación personal, que se abstuviese de entrar en el Módulo de Mujeres. Corrían rumores de que este funcionario ofrecía beneficios penitenciarios a las presas a cambio de relaciones sexuales y que las que se negaban eran represaliadas. Mariano Merino, ex guardia civil apodado El Tuerto, desoyó la recomendación -no era una orden expresa- y volvió a los módulos I y II por lo menos en 33 ocasiones hasta abril de 2005. Pueden haber sido más porque su presencia en estos módulos no debiera ser considerada un hecho extraordinario a registrar pero algunas funcionarias comenzaron a anotarlas, junto al nombre de cada presa que visitaba, tras el comienzo de los rumores. Algo debían suponer puesto que ahora, durante la instrucción del juicio que se sigue contra Merino, algunas de ellas, además de corroborar las denuncias de las presas, han tildado al ex subdirector de “babosillo”. Y también han declarado que su comportamiento afectaba por igual a funcionarias y reclusas en Langraitz, una cárcel de 560 celdas donde entre 700 y 800 personas viven bajo quejas de hacinamiento, plagas de ratas o malas condiciones higiénicas y de alimentación. Sin embargo, aunque Mariano Merino, tras varias denuncias, es el único imputado por delitos de coacciones económicas, extorsión sexual, torturas, amenazas e inducción al suicidio, hombres y mujeres presos hablan también de otros funcionarios que siguen en sus puestos y que, según ellos, les han pegado palizas, agredido sexualmente o amenazado.

El sumario, que ha sido dividido en dos partes diferenciadas para tratar las denuncias de los módulos de hombres y mujeres, está alumbrando, débil e intermitentemente, el interior de los patios y txabolos (celdas) de una cárcel cuyas condiciones según la organización de apoyo a personas presas, Salhaketa Bizkaia “podrían equipararse a las de cualquier cárcel media del estado”. Luces sobre unas estructuras penitenciarias que amparan, según este mismo colectivo, “la impunidad de la que nacen las situaciones de abuso que sufren las presas y presos”. Luces también sobre la situación de trece mujeres -podrían ser más pero son los casos en los que coinciden funcionarias y reclusas- que en algunos casos habrían aceptado, supuestamente, el chantaje sexual; otras que por rechazarlo habrían sido amenazadas, (“me llama y me dice que me porte bien con él que si no mandaba a mi marido a 1º Grado”); una posible violación y la fuga de una presa que, según declaran, no podía aguantar más las presiones. Todo un cuadro relatado por funcionarias y reclusas (el testimonio de éstas validado por psicólogos), anotado en los cuadernos de incidencias de la propia prisión... y que no fue detectado por Instituciones Penitenciarias en un informe de febrero de 2005, meses después de que comenzasen los rumores y poco antes de que una presa presentara la primera denuncia judicial.

“Empieza por el cuello...”
Miguel Penido, preso en Langraitz, puede que esté, en estos momentos, comenzando una nueva huelga de hambre y sed. En esta ocasión no para protestar por las supuestas amenazas y represalias sufridas tras denunciar a Mariano Merino por coacciones económicas e inducción al suicidio (“Recuerda a los ahorcados. Es muy fácil colgarte o asfixiarte: dentro del artículo 72 quedas enteramente en nuestras manos”) sino en solidaridad con Francisco M.O., que fue encontrado solo, colgado de una sábana, el 11 de marzo en Nanclares. Francisco, además de apoyar los testimonios de sus compañeras presas, había denunciado torturas y una agresión sexual por parte de cinco funcionarios.

Es una de las nueve personas que según Salhaketa han muerto en el centro desde 2004 (15 si se tiene en cuenta los fallecimientos de personas recién excarceladas), seis de ellas por suicidio. Salhaketa Bizkaia cuestiona algunos suicidios: “no es que digamos que entran los funcionarios a las celdas y les cuelgan, pero sí que se les presiona de tal modo que se puede decir que no son suicidios voluntarios sino inducidos”. El propio Francisco, en una carta-denuncia al Juzgado de Vitoria en septiembre del 2005, lo relataba: “cogen a un interno que esté un poco deprimido y empiezan los malos tratos psicológicos, luego pasan a los físicos, más tarde empiezan las vejaciones y demás faltas de respeto y humillaciones. Más tarde te empiezan a convencer de que eres la oveja negra de la familia, de la sociedad... Cuando te tienen hundido, que te ven derrotado, llorando y arrepentido, te dan soluciones y la que más te dan es que te suicides... Te dan un cúter, como me dieron a mí...” con estas palabras que nunca olvidaré: “empieza por el cuello que acabas antes” [Para leer la carta, ver DIAGONAL nº 27].

Ante las denuncias, la posterior y reciente dimisión de Mariano Merino, y el alto número de muertes, Instituciones Penitenciarias puso en marcha un “Plan de Choque” para Langraitz. Un plan que, según Salhaketa, ha consistido en unas charlas de formación de ocho horas a los presos de “acompañamiento”. Esta nueva figura creada por Instituciones Penitenciarias para la prevención de suicidios agrupa a presos que están, durante las 24 horas, con los reclusos a los que se considera susceptibles de quitarse la vida. Desde entonces, en Langraitz un preso ha muerto y ha habido cuatro intentos de suicidio.