Hay retratos de personajes que revelan nítidamente el grado de corrupción sistémica del Estado español y sus oscuras vinculaciones internacionales. El de Florencio San Agapito, el cancerbero corrupto de Alierta, es uno de ellos.

Florencio San Agapito Ramos, excomisario que ha desempeñado puestos relevantes en el Ministerio del Interior (desde la UCD al PSOE, también durante el período del golpe del 23F) saltó al sector privado (más bien privatizado) y se convirtió en el jefe de seguridad con César Alierta en Tabacalera primero, en Telefónica después.

San Agapito está imputado en el caso Malaya por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio por pelotazos protagonizados junto al exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca; Pedro Román (exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella) y el hijo de un oficial nazi que terminó siendo cónsul alemán en Málaga, Juan Germán Hoffmann. Esto, que parece una película de terror, está documentado en el auto de procesamiento del 18 de julio de 2007 del sumario del caso Malaya. En el momento de su imputación, San Agapito era presidente de Telefónica Consultora de Proyectos, S.A. Después de su imputación, fue nombrado presidente de Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS).

Roca, Román, San Agapito y Hoffmann se repartieron seis millones de euros procedentes del pelotazo urbanístico marbellí denominado Operación Crucero Banús o Yambali 2000 a través de sus fundaciones en Liechtenstein. Según detalla el sumario, en el año 2001, Pedro Román Zurdo, en su época en el Ayuntamiento de Marbella, encontró una oportunidad de negocio mediante la compra de una parcela, la aprobación de un enorme aumento de edificabilidad de la misma y su venta posterior. Para llevarla a cabo, decidió asociarse con otros socios, como Florencio San Agapito Ramos, el gestor y abogado Juan Germán Hoffmann y Juan Antonio Roca. Para la compra del terreno, Román aportó el 62,5% del capital desde una cuenta en Suiza de la fundación Lare de Liechtenstein, de la que es titular su hija y testaferro, María del Pilar Román Martín. Florencio aportó el 15% a través de su fundación Clivoso. Hoffmann, el 7,5% a través de Fink 2010 y Juan Antonio Roca, otro 15% a través de la fundación Melifero.

La compra de la parcela se produjo a través de participaciones de la entidad Yambali 2000. Los cuatro millones de dólares se pagaron desde Suiza. Pero en la escritura constaba sólo la suma de 140.000.000 de pesetas. El 16 de octubre de 2001, tuvo lugar la compra de Yambali 2000, por parte de los cuatro socios que se ocultaban detrás de la sociedad de Suiza Lispag AG. El 25 de septiembre de 2002, se ratificó el convenio por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y el 3 de octubre del mismo año Ávila Rojas compró el 90% de la sociedad Yambali 2000 por un importe de 11.500.000 euros. Lo que significó una ganancia para los socios de más de seis millones de euros, que se repartieron en la misma proporción que las cantidades entregadas.

Florencio San Agapito Ramos, jefe de seguridad de César Alierta desde los tiempos en que presidía la también privatizada Tabacalera, no contento con protagonizar uno de los múltiples casos de corrupción que han alimentado la burbuja inmobiliaria, con la inestimable ayuda de la banca europea, figura además en el sumario malayo en varias operaciones relacionadas con el patrimonio que Roca tenía en el extranjero.

El 12 de septiembre de 2006, el Aregger Schleiss Baumann AG für Wirtchaftsberatung en Kriens realizaba la comunicación de una cuenta en el Trivatbank Reichmuth & Co. en Lucerna cuyos beneficiarios eran Juan Antonio Roca, Juan Hoffmann y otros dos súbditos españoles (Pedro Román y Florencio San Agapito). El sumario concluye que “Hoffmann habría participado de forma directa en las actividades de blanqueo de Roca al materializar operaciones desde Suiza en nombre y por cuenta de Roca actuando por medio de sociedades interpuestas, algunas como Melifero, de paraísos fiscales”.