Israel es sobradamente conocido por sus abusos contra el pueblo palestino. Pero además de esta tremenda realidad, hay otras que pasan desapercibidas. Tal es el caso de su política migratoria, plagada de redadas racistas y discriminatorias, centros de detención de inmigrantes y expulsiones, un panorama muy parecido, por ejemplo, al que podemos encontrar en Madrid.

Desde 2006, Israel se ha convertido en el destino de gran número de migrantes procedentes de diferentes partes del mundo: de países de África como Sudán, Eritrea y Costa de Marfil, de otros de América Latina como Colombia y Ecuador e incluso de algunos de Asia como Filipinas y China.

Las personas llegan hasta Tel Aviv huyendo de guerras, hambrunas, pobreza o simplemente buscando mejores oportunidades laborales que las que tenían en sus países de origen.

En la mayoría de los casos, los migrantes tienen el permiso de trabajo con el que accedieron al país y con el que no tienen problemas legales de residencia. Pero en cuanto un migrante pierde su trabajo queda automáticamente expuesto al proceso de expulsión para las personas en situación irregular, que comienza por un control de papeles en plena calle basado únicamente en la apariencia física y acaba en la deportación al país de origen, pasando previamente por la detención y la permanencia en centros de internamiento, como aseguran desde la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

Como respuesta a esta violencia institucional contra las personas migrantes, diferentes colectivos sociales y personas a título individual se han organizado para denunciar la política migratoria del Gobierno. En los últimos años se han hecho conciertos solidarios, manifestaciones y acciones directas como el bloqueo de varios coches policiales después de que éstos detuviesen a migrantes por no tener sus papeles de residencia en regla. En las protestas han participado israelíes, africanos, latinoamericanos y asiáticos exhibiendo carteles en diferentes lenguas denunciando el trato injusto que reciben.

Estados desarrollados económicamente como Israel cierran sus fronteras con la crisis. Los trabajadores que antes generaban riqueza ya no son necesarios y deben ser expulsados. Las leyes de inmigración que hay en cada país convierten la injusticia en legalidad, pero al igual que hay redadas y expulsiones, también hay colectivos y organizaciones que luchan porque ningún ser humano sea ilegal.