El proceso de Bolonia entra ya en su última etapa, casi diez años después de su inicio. En el Estado español, este último impulso mercantilizador se llama Estrategia Universidad 2015, que está previsto se apruebe en diciembre. Así, el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) ha anunciado el último golpe contra la universidad pública: financiación mixta subordinada a intereses empresariales, técnicas antidemocráticas de gobierno de la universidad y transferencia de la investigación pública a las empresas. Hay que redefinir el papel de la universidad y convertirla en “palanca del cambio cultural y económico”, según los parámetros establecidos en la Estrategia de Lisboa. La UE quiere ser más competitiva, pero sus rivales no se lo ponen fácil: si quiere liderar el mercado tendrá que librarse del Estado de bienestar’.

Los objetivos del Ministerio El acercamiento entre universidad y empresa es uno de los objetivos declarados del MCI. Una vez más son las necesidades empresariales las que tratan de satisfacerse mediante la creación del “mercado común de la ciencia”, en el que la demanda productiva orientará las líneas de investigación e innovación.

Los mecanismos previstos para asegurar la transferencia de los resultados de la investigación pública a manos privadas son varios. Se crean espacios donde convivirán universidad y empresa, además de Oficinas de Gestión de la Propiedad Intelectual para asegurar la explotación económica del conocimiento generado. Por otro lado se pretende asegurar la movilidad de “recursos humanos” de la universidad a la empresa y viceversa, incluyendo los “méritos tecnológicos” y concediendo excedencias específicas para la explotación empresarial de los resultados obtenidos. Todo ello acompañado por un modelo de financiación “público-privado” subordinado a intereses ajenos a la comunidad académica, convierte a la educación superior en un suculento negocio.

Mientras, suben las tasas y se sustituyen las becas por préstamos. La Estrategia 2015, con la connivencia de ministras y rectores, propone seguir ahondando en la desregulación de la educación superior.

Fomenta la competitividad entre centros y la individualización curricular del alumnado. El resultado, todos contra todos y la consecuente pérdida de capacidad de negociación colectiva. Además, gracias a la retórica de la formación a lo largo de la vida, las empresas externalizan los costes de formación y los trabajadores deberán costearse su propio reciclaje.

Menos control democrático

El Ministerio de Ciencia e Innovación propone también la incorporación de profesionales especializados en gestión, lo cual permitirá introducir en la educación superior técnicas propias del mundo empresarial. Con la coartada de la burocratización de la universidad se introduce esta nueva figura, que concentrará el poder en pocas manos que gestionarán en nombre de la eficiencia y la competitividad la educación superior universitaria. Ya la LOU dio poder a las empresas a través de la creación del Consejo Social. Se trata, en definitiva, de permitir que el mercado determine la estructura interna de instituciones públicas que escapan así al control democrático y cuyos servicios dejan de ser concebidos como derechos.