INDIGNACIÓN EN MADRID. Concentración de protesta contra las agresiones a gitanos frente a la Embajada de Italia el 3 de junio.

Italia es xenófoba. Ésta es la conclusión del Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en referencia a las medidas sobre inmigración aprobadas por el nuevo Gobierno. Juicio firme, pero quizás tardío, teniendo en cuenta las propuestas y el clima de intolerancia que éstas han desatado.

Respecto a las medidas legislativas, “el problema de los inmigrantes criminales”, según las palabras de uno de los líderes de la coalición de Gobierno, justifica un endurecimiento de las políticas. Y para ello, se presenta toda una batería de medidas: el delito de inmigración clandestina –aunque según las ultimas declaraciones del primer ministro Berlusconi, no tener los papeles no será considerado delito, sino un agravante–; la reagrupación familiar sólo para padres e hijos con prueba de ADN; el aumento de un tercio de la pena para los irregulares condenados; la expulsión de los extranjeros que no justifiquen renta y vivienda; y la transformación de los Centros de Permanencia Temporal en Centros de Identificación y Expulsión (CIE), donde un inmigrante puede estar detenido hasta 18 meses. Estas son sólo algunas de las medidas en las que se concretan las políticas de tolerancia cero sobre inmigración, el tema central de la última campaña electoral.

Sin embargo, los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística no sustentan estas concepciones. La tasa de propensión a delinquir de los extranjeros es la misma que la de los autóctonos; todas las tipologías de delito están en declive desde hace ya varios años y los extranjeros ‘sin papeles’ están presentes en mayor número sólo en la categoría de hurtos y robos. Más que de asesinos y violadores se trata de personas que deben hacer frente a situaciones de exclusión socioeconómica. Si a eso le añadimos que en Italia, siempre según el Instituto, mueren tres personas cada día en su lugar de trabajo, muchas de las cuales son extranjeras, y se cometen cuatro violaciones diarias, cuyas víctimas son inmigrantes en el 50% de los casos, es evidente que la aplicación de leyes represivas contra la inmigración no encuentra su razón de ser en una real peligrosidad social.

Sin embargo, siempre según los datos disponibles, en los últimos años ha aumentado notablemente la percepción de la inseguridad por parte de los ciudadanos. Las personas se sienten más inseguras, y cada vez más tienden a relacionar este miedo con la llegada de los extranjeros. Así no extraña que se cree un clima de intolerancia y xenofobia como el que está viviendo Italia.

En Nápoles se desató la furia vecinal contra los campamentos de gitanos, obligados a huir dejando todas sus pertenencias a la merced de las llamas “autóctonas”. El Gobierno responde otorgando poderes especiales a los alcaldes de varias grandes ciudades para desalojar y expulsar a los gitanos, la mitad de los cuales son ciudadanos italianos o nacidos en Italia. En Milán, los policías locales suben a los autobuses urbanos, localizan a los presuntos extranjeros por los rasgos fenotípicos, toman nota de su identidad y la comunican a los juzgados para su control. Y, si están en situación irregular, les abren un procedimiento de expulsión. Para el ayuntamiento, son controles normales y se insertan en el “espíritu” de las nuevas medidas contra la inmigración ilegal. En Roma, al igual que en otras ciudades, se organizan comités de control de barrio en contra de las prostitutas extranjeras que una vez localizadas, son detenidas por los agentes de policía entre gritos de “pegarles más fuerte” de los vecinos venidos a echar una mano a las fuerzas de seguridad.

Tres sucesos que, al igual que muchos otros acontecimientos de principios de junio (como la muerte de un inmigrante en un CIE de Turín por falta de asistencia médica) evidencian la peligrosidad de la propaganda xenófoba. Las asociaciones de migrantes denuncian esta situación como una deriva autoritaria que recuerda las leyes raciales del fascismo. Justamente la conexión entre xenofobia y autoritarismo –bien reflejada a nivel gubernamental en la alianza entre la racista Liga Norte (LN) y la fascista Alianza Nacional (AN)– parece caracterizar los acontecimientos más recientes. En Verona, jóvenes hinchas apalean a un chico por no darles un cigarro, matándolo. Varios de ellos, pertenecientes a formaciones neofascistas, habían sido candidatos en la gubernamental LN. En Roma, cuya alcaldía ha sido conquistada por uno de los personajes más controvertidos de AN, miembros del grupo fascista Fuerza Nueva, han agredido a estudiantes universitarios. Para el Ayuntamiento, son “peleas entre extremistas políticos”; para los colectivos sociales, las asociaciones de migrantes y de defensa de los derechos humanos, son el resultado de un clima de odio y xenofobia ahora legitimado tanto en el plano ideológico como político.