Rosendo Radilla, alcalde del municipio de Atoyac, en el Estado de Guerrero, fue detenido en un control militar de carreteras en 1974. Este activista social de 60 años fue visto por última vez en un cuartel días después. Las personas que estaban detenidas con él informaron de que fue torturado. 35 años después su familia sigue denunciando su desaparición.
Al igual que en otros casos de desapariciones forzadas, los sucesivos gobiernos mexicanos se han negado a reconocer su responsabilidad. Tras haber agotado los recursos de la jurisdicción interna, la familia, integrada en la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), y otras organizaciones, lograron llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pasado julio el Estado mexicano, representado por su secretario de Gobernación (el equivalente al ministro del Interior), Fernando Gómez Montt, reconoció la responsabilidad institucional en esta desaparición pero rechazó que la Corte Interamericana fuera competente para investigarla. La Afadem estima que en breve la Corte emitirá una resolución sobre este caso.
DIAGONAL: La desaparición de tu
padre ha llegado a la Corte Internacional.
¿Servirá para la denuncia
de otros cientos de casos?
TITA RADILLA: Sí. Es el primer
caso que llega hasta esta instancia
internacional. Es muy importante
porque lo consideramos un caso
paradigmático y porque abre las
puertas para que puedan entrar
muchos más. Y por el hecho de que
esta Corte puede obligar al Gobierno
mexicano a investigar.
En nuestro municipio hay una lista de 400 desaparecidos, pero hay muchas familias que no quieren aparecer en esa lista por miedo y lo respetamos, así que estimamos que son muchas más personas. En ese momento en el Estado de Guerrero había unos 25.000 efectivos militares. Eran muchísimos. De verdad que se fueron sobre la población con la excusa de terminar con la guerrilla.
La mayoría de los líderes de las comunidades de aquella época están desaparecidos. Todos los maestros rurales de aquella zona que pudieron salir se escaparon, pero todos los demás fueron desaparecidos. También desaparecieron a los campesinos. Ahí no importaba ni siquiera la militancia, porque algunos eran priistas y también están desaparecidos. Por ejemplo, un profesor llegaba a una comunidad y la comunidad le hacía una fiesta y entonces llegaba el Ejército y se llevaba a esa gente. Se llevaban a los hombres y a las mujeres que hubiesen participado en la organización de las actividades.
Fueron hechas por los mismos militares. Lo sabemos porque nosotros veíamos cuando eran detenidos, y no solamente fueron detenciones arbitrarias sino también ejecuciones y violaciones de mujeres. Cientos de personas detenidas y torturadas en las cárceles. Fue como una guerra contra la población. En el conjunto de México hay unos 1.300 casos denunciados
D.: Hay datos sobre la guerra sucia
de los ‘70 y ‘80. Y ahora, ¿hay un
nuevo ciclo de represión?
T.R.: Sí, desafortunadamente las
desapariciones forzadas han sido
desde hace muchos años una práctica
que ha sido institucionalizada
por el Estado mexicano para deshacerse
de personas no queridas,
sobre todo denunciadores sociales,
a los que hoy llaman ‘levantones’.
El Estado sostiene que ya no hay
desapariciones forzadas y trata de
responsabilizar al narcotráfico o
intenta vincular a las organizaciones
sociales con grupos armados
para justificar las desapariciones,
pero hay evidencias claras de que
el Ejército y la policía son los responsables.
D.: ¿Qué capacidad de presión sobre
México hay desde fuera?
T.R.: Bueno, para México es muy
importante la comunidad internacional.
El Gobierno quiere siempre
tener una imagen de respeto con
los derechos humanos cuando en
verdad es todo lo contrario. Para
nosotros es muy importante que la
comunidad internacional sepa que
en México no hay justicia. Que tuvimos
que salir para buscar justicia
en los tribunales internacionales
por la falta de voluntad política del
Gobierno para investigar.
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