Ilustración: Iván Solbes.

“Yo no sabía que era adoptada. Mis padres nunca me contaron nada. Ahora conozco mis orígenes. Es frustrante levantarse por la mañana y no saber quién eres”. Así comienza su relato Isabel, nombre ficticio de una adoptada nacida en febrero de 1981 en la clínica privada San Ramón de Madrid. A los 30 años ha reconstruido su historia y ha conocido a su familia biológica gracias a un ‘despiste’ de la trama que rellenó las facturas que pagaron sus padres adoptivos cuando ella era un bebé.

“Con 18 años, muchos adoptados saben que sus padres no son los padres biológicos, aunque no les digan nada. Te empiezas a dar cuenta de cosas. No hay fotos del nacimiento. En mi caso, además, cuando ya sospechaba que era adoptada encontré una foto en la que mi madre tenía que estar embarazada de ocho meses de mi hermano... No lo estaba”.

Partida de nacimiento literal

Con todas estas sospechas, Isabel fue a una asistente social. “Me dijo que pidiese una partida literal de nacimiento en el registro. Pero no lo hice. Me tomé diez años”.

Hace dos años, pidió la partida de nacimiento por internet. Sabía que había nacido en San Ramón pero desconocía todo lo que había alrededor de esa maternidad. “Encontré los foros de adoptados de San Ramón: que si el doctor Vela, que si el tráfico de niños...”, explica Isabel.

En esa maternidad privada, cientos de bebés fueron entregados con documentos manipulados. Una red de pisos regentados por monjas surtía de embarazadas a la maternidad. Sus hijos eran vendidos gracias a la complicidad de un grupo de personas a las órdenes del ginecólogo Eduardo Vela Vela.

Con la partida de nacimiento en la mano, las sospechas de Isabel se confirmaron. “Mi hermano y yo hablamos con mis padres. Nos confirmaron que éramos adoptados, hijos de la misma madre”. Pero no querían dar muchas explicaciones. Sus padres no podían tener hijos y estaban apuntados en todas las listas de los hospitales públicos de Madrid, pero tenían que esperar uno o dos años. A su padre, un compañero de trabajo le dijo cómo agilizar la espera y que se dirigiera a la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), asociación privada considerada de utilidad pública, y de ahí los enviaron a San Ramón. “A los dos días de nacer ya estaba con mis padres adoptivos, sin ningún documento oficial, sólo con un papel de la clínica que decía que había nacido el 12 de agosto de 1981 –pero yo nací en febrero–, mi peso y la hora de nacimiento. A los cinco meses mis padres se personaron en el juzgado con testigos y la documentación facilitada por la AEPA para pedir el auto de adopción. En la carta, que firmaba el doctor Vela en el juzgado, decía que yo era de padres desconocidos. “Pero dos años después mis padres recibieron la llamada de la asistente social de la AEPA porque tenían otro bebé de la misma madre. Entonces, ¿por qué figura que soy abandonada, de padres desconocidos?”, se pregunta Isabel. Y responde: “Ellos sabían quién era mi madre”.

En todos los casos de adoptados en San Ramón, no aparecen las renuncias de las madres y les dicen que los expedientes tampoco existen. “Los hijos con la mayoría de edad no hemos podido averiguar nuestros orígenes como marca la ley. Tenemos todos la misma carta firmada por el doctor Vela, en la que consta que fuimos abandonados. Cuando vamos a la Comunidad de Madrid a solicitar nuestro expediente nos dicen: ‘Otro de San Ramón... Aquí no hay nada’, repiten”, explica Isabel. Tras varias conversaciones y “algunas broncas”, sus padres han ido contándole algunas cosas en estos dos últimos años. Sabían que su madre era una maestra que dio a luz con 24 años. “Mis padres dijeron cómo se llamaba y que podría ser una mujer de la zona de Aragón, datos que le escucharon a la asistente social”. A San Ramón llegaban mujeres desde todos los puntos del país, se trataba de ocultar el embarazo. “Muchas embarazadas decidieron dar a sus hijos, otras muchas no pudieron arrepentirse. Cuando despertaban de la anestesia, pues a todas las dormían, el bebé había desaparecido”, señala Isabel.

Entre los testimonios de las madres e hijos que integran la Asociación de Afectados de las Clínicas San Ramón, Santa Cristina y Belén, una madre dice que ella no sabía que su hijo iba a desaparecer. Las monjas la llevaron a esa maternidad. Tras el parto insistió en ver al niño y sólo pudo estar unos segundos con él. Le dieron el alta con la promesa de entregarle más tarde al bebé. Cuando volvió a la clínica, una monja le dijo: “Tú aquí no has estado”.

Isabel dispone de copias de las facturas que pagaron sus padres por ella: 50.000 pesetas por la estancia de la embarazada en una residencia de monjas y 52.000 por el parto, en concepto de “quirófano, gasas, matrona, teléfono, etc”. Entre esos papeles, una anotación cambió su vida. “En el margen de una factura consta a lápiz el nombre de mi madre. A alguien se le olvidó borrarlo. El apellido es muy raro y en seguida encontré el pueblo en el que vivía mi madre.

El año pasado llamó una amiga a su casa. Yo no tuve valor. Pero no dijo nada de mí. Le atendió por teléfono la hija de mi madre, mi hermana. Después mi amiga llamó a mi abuela biológica y le contó casi todo, y más tarde envié una carta en la que adjuntaba mi número de teléfono”. Isabel dice que al poco tiempo habló con su tío. “Estábamos como un flan.

Él me dijo que todo cuadraba. Encontré a mi madre, pero ya era demasiado tarde. Había muerto por un cáncer hacía un año y medio”. Meses después se encontraron todos a medio camino, entre sus dos ciudades de origen, para conocerse. “Fue muy emotivo, pero en el encuentro no estaban mis otros hermanos, no lo saben aún. Mi madre biológica se casó al poco de nacer mi hermano. Y tuvo otros hijos con su novio de toda la vida, el que debe ser mi padre. Pero no lo sabemos, él también murió”.

“¿Por qué mis padres adoptivos no me dijeron la verdad? –se pregunta Isabel–. Ellos me responden que todo es legal, tienen escrituras. Pero, al fin y al cabo, ellos pagaron gastos desorbitados para la época”, señala. Cuando ella cumplió dos años, la asistente social de la AEPA, le dijo a sus padres que tenía otro niño para ellos. En ese caso, la madre biológica de Isabel dio a luz en la maternidad de Santa Cristina, en la zona privada. “En la adopción de mi hermano medió sor María Gómez Valbuena. A mis padres les dieron una carta igual que la mía en la que ponía que era un niño abandonado. Pero tampoco hay renuncia de mi madre biológica. Los papeles están aprobados por el Tutelar de Menores”.

Entregados para ser educados en la fe católica

Las escrituras de la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) contienen no sólo datos del bebé adoptado y las personas que intervinieron en la adopción, también constan los principios en los que los padres se comprometieron a educar a esos niños. En el caso de Isabel, las escrituras apuntan que los padres adoptivos “profesan la fe católica, bajo cuyas directrices se proponen educar a su hija (…). Y disfrutan de una buena posición social y económica”. La AEPA, asociación privada, contaba con las bendiciones del Tribunal Tutelar de Menores, con el que compartía las instalaciones en la calle Fernández de la Hoz, 35 de Madrid. La asociación tenía una lista de padres dispuestos a pagar por un bebé, y eso era bien visto por el Tribunal Tutelar. El fundador, el entonces fiscal del Tribunal Supremo Enrique Guijarro, creó la asociación en 1969 y estuvo al frente de ella hasta 1981. La organización tenía el respaldo del Consejo Superior de Protección de Menores y Cáritas. Tras Guijarro, la monja sor María Gómez Valbuena, desde su puesto de asistente social en la maternidad pública Santa Cristina, en la calle O’Don- nell, enviaba a los padres que querían adoptar a la AEPA. Mientras, muchas mujeres pasaban los últimos días del embarazo en pisos de monjas y después eran llevadadas a San Ramón doncde nacían los bebés que ya había adjudicado la Asociación Española para la Adopción. Sor María coordinó todo durante más de 12 años. Ella reconoció que en sólo tres años gestionó más de 3.000 adopciones. Esta asociación católica integraba a abogados, médicos y religiosos ligados al Opus Dei. Cuando la regulación de las adopciones fue pasando a manos del Estado, finales de los ‘80, tanto la monja como Guijarro se opusieron. Éste fue sustituido en la AEPA por el abogado José María Cruz, pero las ‘irregularidades’ siguieron. Las escrituras tenían la firma de las asistentes sociales Rosario Vegas y Consuelo de la Vega. Médicos como Ignacio Villa Elizaga o Enrique Bonachera y la abogada Amalia Franco, entre otras personas.