Gonzalo Gómez fue una de las personas que en 2002 veían necesario “una reacción contundente” contra el golpe de Estado que se fraguaba en Venezuela y comenzaron “a denunciar a través de internet todo lo que estaba sucediendo”. Desde entonces, su portal ha tenido más de 50 millones de visitas y forma “parte de una floreciente oleada de medios de comunicación comunitarios alternativos que han surgido al calor del proceso de cambio”.

DIAGONAL: ¿De qué modo conviven estos nuevos medios comunitarios con los medios de comunicación estatales, reconducidos o creados desde la llegada de Chávez?

GONZALO GÓMEZ: En realidad, de lo que se trata es de utilizar la verdadera libertad de expresión, que es la de la gente, y no la de las empresas, la de los que hacen comercio con la comunicación. Una cosa es la comunicación desde los medios del Estado cuando ésta está abierta a la participación social, y la gente se siente reconocida en ella, interviniendo en ella y controlándola. Y otra cosa es la comunicación realizada desde el aparato del Estado para imponer los intereses de la burguesía o de la burocracia estatal. En Venezuela hay centenares de medios de comunicación comunitarios alternativos, pero también, la necesidad de avanzar hacia la construcción de un sistema público de comunicación en manos de las organizaciones de poder popular, de los consejos comunales, etc.

D.: En la mayoría de medios del Estado español se ha lanzado el mensaje de que Chávez está acabando con la libertad de expresión, que está cerrando televisiones que no son afines, como por ejemplo, Radio Caracas Televisión (RCTV).

G. G.: A RCTV se le venció la concesión. Según la ley, es potestad del Estado renovarla u otorgarla si se cumplen unos requisitos. Es uno de los medios que se involucraron de manera clara en la promoción del golpe de Estado, no sólo haciendo el trabajo comunicacional y propagandístico, sino que además han sido diseñadores del golpe, participando en su cobertura al completo. Es lógico que a un medio así no se le renueve la concesión. Incluso deberían haber sido enjuiciados, ya que dieron auspicio a crímenes y masacres. A pesar de ello, RCTV puede emitir en televisión por cable, donde hacen llamadas al golpe de Estado militar. Para mí, esto no es estar en contra de la libertad de expresión.

RETIRADA DE LICENCIAS. Según la ley, es potestad del Estado renovarla u otorgarla si se cumplen unos requisitos. Olmo Calvo

D.: ¿Se han tomado medidas similares con otras emisoras?

G. G.: El CONATEL (quien regula las telecomunicaciones en Venezuela) no renovó las licencias a unas 36 emisoras que incumplían con las leyes, bien porque comerciaron con sus licencias, porque las transfirieron como herencias o porque funcionaban de manera irregular.

D.: Según el Gobierno, el objetivo de estas medidas no es sólo regular esas ilegalidades, sino redistribuir democráticamente el espacio radioeléctrico. ¿En qué medida se está llevando a cabo este reparto?

G. G.: La realidad que nos encontramos es que todavía la mayoría de medios de comunicación son privados. Predominan sobre los medios estatales en cantidad y en capacidad de alcance. Pero más bien el objetivo no es que el Estado le quite los medios al sector privado, sino que esos medios tengan un control social.

D.: ¿Qué ha cambiado para los medios comunitarios y alternativos desde la llegada de Chávez?

G. G.: Hay unas condiciones más favorables que antes para el desarrollo de los medios comunitarios, mucho mejores que antes. El Estado no pone demasiadas trabas. Además, en los medios estatales se están reflejando mucho más las actividades de los movimientos sociales. Pero éstos siguen bajo el control institucional, no del pueblo. Porque el poder popular de las comunas no es real si no tienen medios de comunicación propios. Esto es todavía un reto de la revolución bolivariana.

D.: ¿Ha habido cambios legislativos en esa línea?

G. G.: Seguimos con la misma ley de telecomunicaciones que teníamos antes. Para nosotros los medios de comunicación no deben estar sujetos a intereses comerciales, sino que deben satisfacer el derecho a la comunicación. Esa ley debe ser cambiada. Podría establecer unos porcentajes para el Estado, otros para los medios comunitarios y para el sector privado, aunque este último siempre bajo ciertas condiciones.

D.: ¿Qué percepción tienes de los medios alternativos del Estado español?

G. G.: Cuando he hablado con grupos de aquí, me llama la atención que suene descabellado mi propuesta de que, por ejemplo, sean los propios sindicatos los que traten de tener sus propias radios, TV, periódicos,… Muchas veces los movimientos populares tienen a su alcance herramientas comunicacionales, pero no las utilizan. ¿Por qué? Creo que es porque la burguesía nos acostumbró a asumir que ellos son los que tienen los medios y nosotros mendigamos que nos recojan una noticia o que nos acepten una rueda de prensa. En lugar de construir nosotros mismos nuestros propios medios y prepararnos para manejarlos.