A los 27 acusados, que han ocupado diferentes responsabilidades públicas o han trabajado como abogados en el movimiento pro amnistía vasco, el juez Baltasar Garzón les imputa “pertenencia a organización armada”. El fiscal pide para cada uno de ellos penas de diez años de prisión. El juicio se desarrollará a partir del 21 de abril en el edificio de la Audiencia Nacional de la madrileña Casa de Campo, los lunes, martes y miércoles de las próximas semanas. El Movimiento Pro Amnistía vasco es una activa red de diferentes plataformas cívicas, asociaciones de derechos humanos y organismos activistas centrada en la denuncia anti represiva, la solidaridad y ayuda a los presos políticos vascos y a sus familiares. Las Gestoras Pro Amnistía constituyeron una de las mayores expresiones organizativas de este movimiento. Nacidas hace más de 30 años, en su haber cuenta con miles de actividades –ruedas de prensa, movilizaciones, actos públicos, recopilación de información sobre la represión, publicaciones–. Extendida a casi todos los pueblos y barrios del País Vasco, Gestoras acumuló un acreditado reconocimiento social y una importante capacidad de movilización. En 2001 este organismo llevó a cabo un proceso de unificación con Koordinaketa, su álter ego en el País Vasco francés, proceso del cual surgió Askatasuna.
Poco después de su nacimiento, el 31 de octubre de 2001, una operación policial ordenada por Baltasar Garzón, responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se saldaba con la detención de 12 portavoces y responsables de diferentes áreas de Askatasuna. Mientras eran allanados y registrados varios locales y oficinas de Gestoras, la policía también procedía a registrar dos despachos de abogados en Bilbao y Pamplona. Ambos despachos fueron precintados los ordenadores y demás documentación de los 12 abogados que trabajaban en ellos fueron requisados. Medios de comunicación y responsables políticos desataron una campaña contra la actividad de estos letrados y letradas, que trabajaban en casos calificables como “políticos”, con el argumento de que pertenecían al denominado por la policía “frente de macos” –cárceles– de ETA. El magistrado ordenaría posteriormente el desprecinto de ambos despachos y la devolución del material incautado, no sin antes duplicar todo el contenido informático así como copiar los documentos secuestrados durante los registros de los despachos.
Por su parte Juan Mari Olano, coordinador nacional de Askatasuna, sería detenido semanas después en Baiona (País Vasco francés) y tras un largo proceso, extraditado al Estado español. Olano y los 12 detenidos en la operación policial permanecieron cuatro años en prisión preventiva, el tiempo máximo de encarcelamiento que permite, sin que se celebre el juicio, la ley. Serían puestos en libertad con altas fianzas en 2004.
En febrero de 2003, en una nueva operación policial, eran detenidas otras cinco personas que ejercían de portavoces de Askatasuna. Sus domicilios fueron registrados, así como las sedes de la asociación de familiares Etxerat, en varias localidades vascas. Poco después Garzón ordenaba la acumulación de todas las diligencias previas relacionadas con estos operativos en el sumario 33/01.
El sumario 33/01
Estas operaciones judiciales han tenido continuidad hasta ahora con la nueva detención el pasado septiembre de Juan María Olano y en octubre de 2007 de Ohiana Agirre, también responsable y portavoz de Askatasuna. Ambos fueron posteriormente encarcelados por “reiteración en la actuación pública como representante de Askatasuna”. Olano acaba de quedar en libertad bajo una fianza astronómica en marzo. Mediante el sumario de investigación 33/01 Garzón ha suspendido la actividad de Gestoras pro Amnistía y de Askatasuna considerando ilícita su labor pública e imputa a 27 personas un delito de “pertenencia a organización armada”. El juez considera que todas sus “actividades las cumple Gestoras, bajo el control y dirección de ETA” por lo que participar en Gestoras es formar parte de la organización armada. Entre los elementos de imputación reflejados en el auto de acusación estaría el haber pertenecido en el pasado a otras organizaciones sociales, el estar vinculado sentimentalmente a presos o refugiados políticos vascos, la participación en actos de homenaje a presos, la elaboración de campañas, convocatoria de movilizaciones, la asistencia a reuniones, el desarrollo de proyectos del organismo... Actividades que en cualquier caso eran las públicamente desarrolladas. En un comunicado los acusados mantienen que el juicio que se inicia “criminaliza sin fundamentos legales la solidaridad con los presos políticos, la oposición a la represión y la violencia de Estado, y la actuación de defensa de los derechos humanos”.
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