Esta situación que se difundió a través de internet, y por un gran número de televisiones africanas, es una práctica habitual, según explica, un participante de la red madrileña Ferrocarril Clandestino. Al igual que otras organizaciones, como la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), en los últimos años han exigido que se termine con estas prácticas, además del cierre de los centros de internamiento para extranjeros (CIE).
Incluso, en 2006 cuando tres nigerianos eran deportados y custodiados bajo custodia de Policía Nacional, Osamuyia Aikpitanhi, uno de los tres pasajeros de origen nigeriano que eran deportados bajo custodia de la Policía Nacional, moría inmovilizado -atado de manos y piernas- y amordazado. “ Alguien lo ha maltratado, le ha atado una cinta en la boca, como un esclavo, lo ha atado como una cabra. ¿Qué le podía haber ocurrido?”, declaraba entonces a este periódico su hermano. Esta misma fuente del Ferrocarril Clandestino, que prefiere no identificarse para evitar cualquier tipo de problemas legales, explica que tras el intento de deportación, esta persona fue puesta en libertad, y se habría trasladado a Algeciras. O esa fueron las últimas noticias que tuvieron suyas cuando contactó con varias personas en Madrid para que le pudieran prestar algo de dinero e iniciar este viaje. Tras pasar el máximo de 40 días en un CIE madrileño fue puesto en libertad, la nueva ley de inmigración prevé un incremento de este tiempo hasta los 60. Las agresiones difundidas en el vídeo están intentando aclarar el ministro de Justicia senegalés, según explica Mbengue, que también ha denunciado esta agresión a través de la televisión internacional francófona TV5 Monde. “Tenemos que denunciarlo porque esto no puede sucederle a una persona por no tener papeles y ser de otro país”, recalca Mbengue. Incluso, “el ministro de Justicia ha ordenado al fiscal general instruir diligencias por actos inhumanos y degradantes previstos y reprimidos por la convención de Naciones Unidas adoptada en 1984”, afirmaba un comunicado divulgado tras los sucesos de Barajas por el Gobierno senegalés, que ha sido acusado de ser demasiado condescendiente con el Gobierno español por la ayuda económica facilitada en los últimos años.
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