El juicio contra los dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero por daños en protestas laborales del sector naval ha dado un giro sorprendente al ser identificado un testigo de la Fiscalía como “un policía infiltrado” que ha provocado destrozos en Barcelona durante las manifestaciones del movimiento antiglobalización en Barcelona.

Los sindicalistas han presentado una denuncia en el juzgado de guardia contra el funcionario policial que actuó como primer testigo de cargo de la Fiscalía en la vista del pasado 30 de enero, al haberle identificado como un infiltrado en esa organización, que “ha mentido en las generales de la Ley y ha actuado con animadversión” para incriminarles.

El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía participó en reuniones del sindicato en Oviedo y viajó a Barcelona en un autobús de la organización con motivo de las movilizaciones del movimiento antiglobalización contra la cumbre del Banco Mundial del año 2001, según expresa la denuncia.

Cándido y Morala sostienen que esta persona ha roto algunos cajeros de bancos y una cabina de teléfonos en el Paseo de Gràcia y recuerdan que la sombra de la Policía como causante de los destrozos para justificar la posterior represión llegó incluso al Parlamento.

Los dirigentes de la CSI están acusados de cometer daños durante movilizaciones en demanda de carga de trabajo para el astillero privado Naval Gijón durante los años 2004 y 2005 en dos juicios en los que la Fiscalía pide la sumatoria de cuatro años y dos años y medio de cárcel. El Sindicato Unificado de Policía, que el pasado 30 de enero había emitido un comunicado negando la existencia de una trama policial y política contra Cándido y Morala, difundió un segundo texto tras la denuncia contra el policía infiltrado en el que expresa que una de las funciones de ese cuerpo “es buscar información para garantizar la seguridad”.

La Corriente Sindical de Izquierda y la Plataforma Contra la Represión y las Libertades insisten en denunciar una trama político- policial impulsada por el PSOE e IU con el propósito de criminalizar las protestas laborales y favorecer la especulación urbanística en la zona de costa en la que están ubicados los astilleros.

Irregularidades en el juicio

Diversas organizaciones han calificado el juicio contra los sindicalistas como un “montaje” para criminalizar las protestas laborales. La petición de seis años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía se basa principalmente en un documento presentado por un funcionario municipal, en el que se evalúan los daños. Aunque el Gobierno local se vio obligado, ante la presión popular, a reconocer que el funcionario que elaboró el documento “carecía de poderes” para suscribirlo, no invalidó la prueba. Por otro lado, el juzgado impidió que testificaran reporteros cuyas fotografías demostraban que los sindicalistas no eran los responsables de los destrozos.