Según Erlantz Ibarrondo, letrado
de la familia del adolescente antifascista
Carlos Andrés Palomino,
asesinado por el soldado Josué
Estébanez de la Hija en la estación
de metro de Legazpi el 11 de noviembre
de 2007, éste le atacó de
forma “inopinada y sorpresiva”. El
abogado ha accedido a las imágenes
de las cámaras del metro que
grabaron la agresión, que se produjo
cuando Estébanez iba a una
manifestación de Democracia Nacional
contra la inmigración en
Usera y se encontró con Palomino,
que acudía a la concentración de la
Coordinadora Antifascista en respuesta
a la marcha neonazi.
Según Ibarrondo, las imágenes muestran cómo Estébanez “ve llegar a la gente en el andén, se guarda el cuchillo en el antebrazo, va hacia la puerta del vagón y cuando entran todos no hay ni discusión. Carlos hace un gesto y señala su sudadera”. En un segundo, el soldado “hace un giro de muñeca y le clava una puñalada de arriba abajo para conseguir que fuera justo al corazón. Se ve que es un profesional. La autopsia demuestra que hubo un puntazo mortal en el corazón. Iba a matarlo”. Después apuñaló entre las costillas a Alejandro M.N., que intentó desarmarlo, causándole un neumotórax que le hizo pasar 17 días en el hospital. Según un testigo ocular, Estébanez siguió blandiendo el arma preguntando “ a ver quién era el siguiente”.
La acusación particular y la popular, que ejercen el Movimiento contra la Intolerancia y la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Vallecas, quieren que se condene a Estébanez por asesinato y homicidio con agravante de motivación ideológica, lo que le supondría una pena de 30 años de cárcel. Este agravante se aplicó en el caso del asesinato del panadero Ángel Berrueta, tiroteado por un policía nacional en Pamplona el 13 de marzo de 2004.
Por otro lado, el abogado de la familia intentó que el Juzgado 50 de Instrucción se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional e imputarle el delito de terrorismo individual, recogido en el artículo 577 del Código Penal, que se aplica cuando una persona individual altera la paz pública y el orden constitucional con sus actos, a lo que la Audiencia se negó. El 21 de enero, el Ministerio de Interior denegó la ayuda para víctimas del terrorismo que la familia de Carlos había pedido por la vía administrativa.
Un “patriota”
Estébanez alegó legítima defensa y miedo insuperable, atenuantes o incluso eximentes del delito. Según Ibarrondo,“dice que creía que le iban a linchar”. Asegura “que nunca tuvo intención de lesionar pero tiene entrenamiento militar, y sale con una navaja del cuartel porque es militar”. En el registro posterior le encontraron un puño americano. El letrado explica que se define como “un patriota” e iba a una manifestación del mismo signo, así que “reconoce que iba a la de Democracia Nacional”.
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