Cinco marroquíes muertos, según el Gobierno alauita, y 19 saharauis, según cifras oficiales de la República Árabe Saharaui Democrática, además de 159 personas desaparecidas y 723 heridas es el resultado que dejaba el desalojo del campamento Agdaym Izik a las afueras de la ciudad de El Aaiún por parte de las fuerzas armadas marroquíes. Terminar de concretar estas cifras llevará días, ya que los enfrentemientos entre las fuerzas armadas volvían después de los entierros que se producían la mañana del 9 de noviembre en la capital del Sáhara Occidental.

El ejército marroquí toma El Aaiún. / Thawra.

La ciudad saharaui fue tomada después del desalojo por militares, policías y colonos armados marroquíes. De esta forma, es muy difícil para la población saharaui saber de forma certera el paradero de sus allegados, como narra a DIAGONAL desde El Aaiún Silvia García, integrante del grupo de defensa de los derechos humanos Thawra.

Desde mediados de octubre, a las afueras de El Aaiún, ocupado por Marruecos, se había organizado un campamento para protestar por el fin de la discriminación contra los saharauis, la igualdad de oportunidades, el acceso a un trabajo y a una vivienda dignos, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Por primera vez, unas 20.000 personas realizaban una protesta continua de más de 20 días, desde que España abandonara el territorio, y por primera vez, el derecho a la autodeterminación de la población saharaui no primaba sobre el resto de reclamaciones. “Lo que Rabat no entendió entonces [tras la primera intifada de 2005] –y sigue sin entender– es que ya no se enfrenta a un grupo político surgido del desengaño de las promesas incumplidas por parte de la antigua potencia colonial, sino a unos jóvenes nacidos ya bajo la Administración marroquí que reivindican lo que debería ser normal”, explicaba Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona, y colaborador habitual de Bakeaz, en El Periódico el 9 de noviembre. “Esta es una nueva forma de resistencia y de reivindicación de los derechos de los recursos que Marruecos roba en el Sáhara. La población autóctona sabe que les están quitando los beneficios de su tierra”, explicaba a este periódico Pepe Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS).

La huelga de hambre de Aminatou Haidar en el aeropuerto de Lanzarote a finales de 2009 empezó la visibilización de la pelea por los derechos de la población saharaui en los territorios ocupados. “Gracias también a la ayuda de las nuevas tecnologías, porque las reivindicaciones y protestas saharuis siempre han existido. Al igual que la represión marroquí”, puntualiza Taboada. Mientras, en el desierto argelino unas 150.000 personas viven refugiadas en cinco campamentos desde que Marruecos tomara militarmente la antigua colonia española. El Estado español no ha concluido el proceso de descolonización al que estaba obligado al abandonar el territorio, por lo que todavía es la potencia administradora del territorio.

De la Marcha Verde se cumplían en estos primeros días de noviembre 35 años. Y aunque no se puede comparar, de nuevo la monarquía alauita “ha dado a la intervención militar una cobertura civil, para encubrir sus acciones”, explicaba a DIAGONAL Bucharaya Beyún, el delegado del Frente Polisario en el Estado español.

“Han armado a la población civil, incluso con una especie de catanas para que sean los colonos quienes agredan a la población saharaui. Tanto policías como civiles están entrando en viviendas y saqueando las tiendas de saharauis en El Aaiún”, narraba durante la tarde del 8 de noviembre a DIAGONAL por teléfono un saharaui que prefería no reconocer su identidad por miedo al espionaje telefónico. Momentos después las autoridades marroquíes imponían un toque de queda que vaciaba las calles de la ciudad saharaui, pero que no evitaba los saqueos por parte de la policía y de los colonos.

Pendientes de Nueva York
Con la llegada de la noche a El Aaiún, empezaron las conversaciones informales que para ese mismo día estaban previstas en Nueva York entre Marruecos, el Frente Polisario y la ONU, con la presencia de representantes de Mauritania y Argelia como invitados. “No esperamos nada de las conversaciones; Marruecos con el desalojo del campamento ha pretendido reventar las negociaciones y acusarnos a nosotros, si no nos sentábamos, de ser responsables de romper éstas”, analiza para DIAGONAL Bucharaya Beyún. Esta intervención violenta intentaba impedir la discusión de la agenda de trabajo que tiene trazada la comunidad internacional y que tiene como principal cita el 23 de noviembre, según denuncian los independentistas. Ese día estaba previsto desde hace semanas que Christopher Ross, representante de la ONU para el Sáhara Occidental se reuniera con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para informar de los avances en la zona.

Desde sectores afines al Polisario, se esperaba un movimiento positivo como resultado de los dos últimos viajes a la zona de Ross y de las actuales conversaciones informales. Es decir, algo que desbloqueara la postura marroquí, sustentada especialmente por Francia, de no ofrecer nada más allá de la autonomía a la población saharaui. Mientras, igual que en 1991, el Frente Polisario exige un referendo donde la anexión del Sáhara a Marruecos, o el estatuto de autonomía dentro del reino alauita o la independecía pudieran aparecer en igualdad de condiciones en las papeletas de una consulta que se acordó junto al alto el fuego. Una exigencia respaldada por la legalidad internacional y varias resoluciones de Naciones Unidas.

“Los saharauis no queremos retomar la lucha armada, pero si es la única salida que tenemos, no nos queda otra opción que recoger el guante”, denunciaba el delegado del Polisario en Madrid a este periódico. Eso sí, Bucharaya recordaba que la vuelta a las armas estaría dentro de la legalidad internacional, como forma de defensa ante la ocupación por parte de una potencia extranjera, aunque reconoce que hay muchas más formas pacíficas de resistencia, como ha demostrado la población saharaui.

— - RESPONSABILIDAD ESPAÑOLA
En las calles de las grandes ciudades del Estado español activistas pro saharauis denunciaron después del desalojo el ataque militar a la población saharaui y la inactividad del Gobierno de Zapatero. “Con las declaraciones de la nueva ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, el Gobierno español ha pasado de una ambigüedad total a mirar a otro lado”, comentaba Taboada sobre las declaraciones de Jiménez sobre la necesidad “urgente” de que marroquíes y saharauis encuentren una solución. “Mirar a otro lado y esperar que pase el tiempo para que los saharauis se agoten y pierdan la fuerza ha sido siempre la apuesta del Gobierno español y del francés, antiguas potencias colonizadoras en la zona”, denuncia Taboada a este periódico.

Miradas hacia otro lado
EDI ESCOBAR
“Marruecos quiere provocar una guerra civil entre colonos y saharuis”, denunciaba Aminatou Haidar tras el desalojo del campamento desde Portugal. Días antes ya había advertido que se iba a producir un baño de sangre por la continua llegada de efectivos militares marroquíes. Haidar entonces ya pedía al Gobierno español que “por razones históricas, utilice su influencia para conseguir la solución de esta crisis”. Sus declaraciones se producían tras el encuentro de Trinidad Jiménez con su homólogo marroquí Fassi-Fihri, que acusó a la prensa española de manipular la realidad del Sáhara y alegó razones de seguridad para impedir la entrada de siete periodistas españoles en El Aaiún. Unas justificaciones que Jiménez dijo respetar. Días después más periodistas y diputados españoles no podían llegar hasta El Aaiún.

“Los 7” siguen sin juicio
Un tribunal de Casablanca juzgó el 5 de noviembre a los siete activistas que el año pasado fueron detenidos por Marruecos cuando regresaban de los campamentos de refugiados en Argelia. Entonces, fueron acusados de atentar contra la integridad territorial y seguridad de Marruecos, y se les sometió a la jurisdicción militar, aunque posteriormente se cambió por la civil. Durante días, estuvieron desaparecidos y todavía tres de ellos permanecen en una cárcel de Rabat. No es la primera vez que la vista se aplaza, ahora hasta mediados de diciembre. A mediados de octubre, Inés Miranda, abogada saharaui, narraba que “el Tribunal salió corriendo de la sala”, cuando empezaron los incidentes en la sala. En la última vista, los enfrentamientos se repitieron. Esta vez las imágenes sí llegaron ya que dos periodistas españoles resultaron heridos.

Responsabilidades
RUBÉN DÍAZ / TIFARITI
Ante la imposibilidad de informar de la muerte de Nayem Elgarhide desde el campamento, acciones como la manifestación y lectura de la carta a Ban Ki Moon, secretario general de la ONU, en Tifariti, en los territorios liberados del Sáhara, cobraron un protagonismo inesperado. En esa misiva los participantes en el IV ARTifariti expresaban su “preocupación por la situación de la población saharaui en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por el Reino de Marruecos, donde las violaciones de los Derechos Humanos de los saharauis son constantes, mediante la práctica de detenciones ilegales, torturas, juicios sumarios y negación de todos los derechos reconocidos por la legislación internacional”. Así hacían a la ONU “responsable” de esta dramática situación al negarse reiteradamente a vigilar los derechos humanos en territorios ocupados.