HETEROGENEIDAD. La campaña ha conseguido que confluyan colectivos sociales muy diversos entre sí./ Oriana Eliçabe

El pasado 23 de diciembre el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobaba la nueva ordenanza cívica con el voto en contra de ICVEUiA, integrante del equipo de gobierno y cuya negativa provocó la convocatoria por parte del alcalde de un comité de crisis en el tripartito municipal. La oposición de ICVEUiA a la ordenanza no se hizo pública hasta pocos días antes de su definitiva aprobación, lo que fue motivo de críticas por parte de ERC y fuertes presiones por el PSC para que cambiara su voto por la abstención. A pesar que ICV-EUiA se sumó al coro de críticas que deslegitimaron la manifestación del 17 de diciembre, su negativa final abrió una brecha en el consenso institucional y mediático labrado durante meses por el equipo de gobierno a fin de presentar la ordenanza como una necesidad irrefutable que no podía ser objeto de discusión.

Sin embargo, esta brecha ya había sido abierta previamente en lo social mediante las movilizaciones desarrolladas durante noviembre y diciembre a fin de exigir su derogación.

Uno de los primeros colectivos en organizarse contra la ordenanza fueron las trabajadoras del sexo a través de la Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia, que convocó las concentraciones del mes de noviembre frente al ayuntamiento y una cadena humana el mismo día que se aprobaba la ordenanza. Paralelamente, desde los movimientos sociales se generó un espacio de confluencia bajo el lema ‘El carrer és de tothom’ (la calle es de todos) donde participaron colectivos de patinadores, graffiteros, skaters, okupas, plataformas y asambleas vecinales; y que organizó la manifestación del 17 de diciembre donde participaron más de 5.000 personas y una cacerolada en plaza Sant Jaume el 22 de diciembre, que reunió a varios centenares de personas.

Desde el inicio de la campaña emergieron tres factores que marcaron una diferencia respecto a dinámicas anteriores: en primer lugar, la heterogeneidad de los actores participantes, que provenían de distintas culturas organizativas que hasta entonces se ignoraban entre ellas, lo que más que una debilidad constituyó una fuerza, al aumentar la policromía tanto de los discursos como de los eventos. En segundo lugar, la experimentación de nuevos repertorios de acciones, que fueron desde la participación en la audiencia cívica municipal, para expresar el rechazo y utilizarla como altavoz de convocatoria, hasta la opción por un recorrido inusual que invadió de facto el centro de la ciudad, con la ausencia de bloques estancos y de referencias partidistas. Finalmente, el bloqueo mediático y la fuerte campaña de deslegitimación de la protesta a partir de las declaraciones de los responsables institucionales y la edición de crónicas que tergiversaban la cronología de los hechos y maximizaban incidentes nimios a fin de presentar la manifestación como un acto vandálico.

Entre los medios de comunicación que se han destacado en reiterar que determinadas prácticas ciudadanas (prostitución, mendicidad, okupación, grafittis...) constituyen muestras de incivismo y atentan a la convivencia ciudadana, cabe señalar el diario La Vanguardia, y en especial el director del suplemento ‘Vivir en Barcelona’, Albert Gimeno, que ya anteriormente había desarrollado crónicas criminalizadoras contra los movimientos sociales y que en la edición del 18 de diciembre se desgañitaba contra los manifestantes pidiendo mano dura policial.

Una vez aprobada la ordenanza, la plataforma organizadora de la contestación no ha definido todavía cómo darle continuidad a las movilizaciones y si las alianzas tejidas se mantendrán más allá de la campaña. Sin embargo, la impresión común de la plataforma es que la experiencia ha sido sumamente enriquecedora y vale la pena mantener las alianzas creadas, fortalecerlas y trazar otras nuevas.