En 1992, la población extranjera en el Estado español era de 393.100 personas, de las cuales más del 50% procedían de la UE. Estas cifras nos dan idea del extraordinario cambio que supone el fenómeno migratorio en nuestro país. Examinar cómo la población española asimila este cambio y las políticas públicas al respecto es el objetivo del Informe Anual que elabora la Federación Estatal de SOS Racismo. En ese sentido, el informe sobre 2008 pone especial énfasis en el análisis de la política europea en materia migratoria y concluye que la ética ha dejado de tener presencia en la política de inmigración, incluso se niega la condición de seres humanos de las personas inmigrantes. El ejemplo más flagrante ha sido la Directiva Europea de Retorno, más conocida como la de la Vergüenza.

Destaca igualmente la política casi obsesiva de control de flujos a través de las fronteras con más de 676 millones de euros en el Fondo Europeo de Retorno (un programa marco “para mejorar la gestión de los flujos migratorios en la UE”) para el período 2008 - 2013, y 70 millones de euros para el Frontex (agencia europea para el control de la inmigración) en 2008. El perverso principio de una inmigración ‘escogida’ en lugar de ‘sufrida’ que popularizara en su día Sarkozy ha dado lugar a que en 2008 se hayan fraguado directivas que se aprobarán a lo largo del presente año. Otros aspectos que toca el informe son los primeros pasos dados en el Estado español para reformar la actual ley de extranjería.

Hay que insistir en la importancia de prevenir actitudes de rechazo ante el fenómeno migratorio. Destacamos a este respecto que los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia no invitan al optimismo, pues desde el año 2000 las actitudes de rechazo han ido en aumento y actualmente tenemos un porcentaje de reacios a la inmigración que asciende al 37%, le siguen los ambivalentes, que representan el 34% de la muestra. Y después se sitúan los tolerantes, que ahora ascienden al 29%. No obstante, los mensajes del Gobierno en este nuevo contexto de crisis no ayudan precisamente a aumentar esta última cifra. Para la consulta bibliográfica quedan estudios que venían a demostrar que el PIB per cápita se habría reducido en un 0,6% anual de no haber sido por la inmigración o que el 30% del crecimiento medio anual en los últimos diez años de ese mismo PIB se puede asignar a la inmigración.

Por el contrario, hoy el discurso no pone el acento en el inmigrante, ni siquiera en su aspecto utilitarista. Lo decía el otro día de manera muy gráfica la secretaria de Estado Consuelo Rumí: “En esta crisis, los inmigrantes no son el problema, pero tampoco la solución”. No se puede ser más claro. Igual de claros son los datos que avisan del aumento en el rechazo a la población inmigrante.

Una encuesta publicada por el Financial Times el pasado marzo nos dice que en torno al 70% de los españoles apoyaría que su gobierno pidiese a los inmigrantes desempleados que se fuesen del país. Y si los políticos se dejan arrastrar por consigas de voto fácil (llámese nacionalismo económico, retorno obligatorio, etc.) terminaremos descubriendo que el problema no era la economía, sino el racismo.