Tras cinco años de vía crucis, el caso 4F revive para dar la razón a los familiares y amigos que, desde el primer momento, han defendido la inocencia de los nueve jóvenes detenidos, procesados y condenados a penas de prisión como consecuencia de las graves heridas sufridas por un agente de la Guardia Urbana de Barcelona en febrero de 2006 tras el desalojo de una fiesta nocturna.

Detenidos en las inmediaciones del lugar, los jóvenes fueron condenados en un juicio donde no concurrieron pruebas materiales ni documentales que los implicaran. Sólo el testimonio de seis agentes de la Guardia Urbana, adscritos al grupo especial UNOC (antidisturbios), operó como prueba de cargo. En la vista oral, hasta cuatro peritos mostraron las contradicciones de una débil versión policial.

A pesar de las lagunas, los jóvenes fueron condenados en un proceso donde el Ayuntamiento de Barcelona ejerció la acusación. Dos de aquellos agentes, claves en el proceso 4F, han sido ahora condenados por un caso de torturas graves infligidas al ciudadano de Trinidad y Tobago Yuri Jardine. Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2006 en la discoteca Bikini de Barcelona, cuando los agentes –fuera de servicio– acosaron sexualmente a una amiga de Jardine, que les reprochó su actitud. Los agentes le agredieron, le golpearon y le detuvieron.

Trasladado a la comisaría de Zona Franca, fue golpeado nuevamente, amenazado con una pistola y sufrió quemaduras en la espalda. En una sentencia inusualmente severa, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona condena a los agentes Bakari Samyang y Víctor Bayona a dos años y tres meses de cárcel y ocho de inhabilitación por un delito de torturas graves, así como a indemnizar a la víctima con 15.000 euros. La sentencia, por defectos de forma y a pesar de considerar los hechos probados, no los condena por denuncia falsa, falsificación documental y simulación de delito.

Se da la circunstancia de que las torturas sufridas por dos de los jóvenes condenados por el caso 4F fueron infringidas, siete meses antes, por los mismos agentes ahora condenados, en la misma comisaría y con similar modus operandi. Las defensas de los Rodrigo Lanza y Alejandro, así como los grupos de apoyo, estudian ahora cómo puede incidir la sentencia en una hipotética revisión o reapertura de un caso que ya ha comportado el encarcelamiento de tres jóvenes y la muerte de Patricia Heras, quien se suicidó en abril pasado para no regresar a la cárcel de Wad-Ras tras la concesión de un permiso.

Concentración de recuerdo a Patri Heras (la condenada por el caso 4F que se suicidó) y en apoyo al resto de personas encausadas. Madrid, mayo de 2011. Imagen: Fotogracción