Foto: Magharebia

El islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) se impuso el pasado 25 de noviembre en unas elecciones con baja participación, en las que su triunfo da testimonio del deseo de cambio de una ciudadanía que ha optado por darle a un partido situado tradicionalmente en la oposición el control de un Parlamento que se ha convertido para buena parte de los marroquíes en símbolo del inmovilismo y las malas prácticas.

Con 107 de los 395 escaños, el PJD ha conseguido que el jefe de Gobierno de Marruecos en la primera legislatura postprimavera árabe sea su secretario general, Abdelilah Benkirán.

La otra gran protagonista de los comicios fue la abstención: hubo una participación de algo menos del 30% tras la llamada al boicot del Movimiento 20 de Febrero.

La cara amable

Mientras los resultados se leen desde Europa y EE UU con cierta preocupación por el repunte del islamismo en la región (tras el triunfo también del partido Ennahda en Túnez y el ascenso de formaciones afines a los Hermanos Musulmanes en Egipto), en el contexto marroquí la opción por este partido se enmarca más bien en un ‘voto de castigo’ a los partidos de la Kutla –la coalición de formaciones oficialistas que llevaba en el poder desde 2007–, a los que se ha acusado de inmovilismo, corrupción y servilismo a la corona.

Aunque leal al rey, el PJD ha sido la opción preferente para los votantes deseosos de un cambio, que han visto como favorable la “virginidad política” de este partido, creado en 1998 y que no había formado nunca parte del Ejecutivo. La formación ha sabido cristalizar el descontento en una campaña centrada en las propuestas de reforma económica y laboral y los argumentos de moralización de la vida pública.

Al mismo tiempo, ha mantenido una postura moderada en lo religioso: asegura que, pese a su ideal rigorista, no tocará los derechos de las mujeres ni cuestiones como el consumo de alcohol. Ha buscado además una imagen moderna, con una amplia presencia en internet, una postura de acercamiento a Occidente y cierta disposición al diálogo con los movimientos sociales de protesta.

Muchos no olvidan, sin embargo, que Benkirán no siempre ha sido tan conciliador. Con fama de arisco y poco dialogante, en el pasado ha suscitado polémicas por sus comentarios despectivos hacia la población bereber o por haber intentado que se prohibiera un concierto de Elton John en Rabat por miedo a que pudiera “extender la homosexualidad”.

Un proceso cosmético

Estas elecciones legislativas han sido el fruto de una convocatoria adelantada diez meses como consecuencia del proceso de reformas impulsado por el rey Mohamed VI en respuesta al movimiento ciudadano de protesta 20 de Febrero.

Se trata de la continuación por otros medios de la reforma electoral aprobada por referéndum el pasado julio, en virtud de la cual el monarca estaba sujeto en estos comicios a elegir al jefe de Gobierno de entre las listas del partido más votado; algo que, aunque no estuviera consignado en la ley, venía ocurriendo de facto durante todo su reinado.

Las elecciones no esconden que la mayor parte de los poderes siguen concentrados en la persona del rey

Este cambio, presentado como una muestra del mayor peso de los representantes electos en la estructura gubernamental, no logra sin embargo esconder que la mayor parte de los poderes siguen concentrados en la persona del rey, que se reserva los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia. La reforma, que fue además elaborada por una comisión elegida a dedo por el propio monarca, mantuvo también sin cambios otros atributos, como el de emir de los creyentes (que le pone a la cabeza de los asuntos religiosos en el país) y el control del poder judicial.

Por ello, el Movimiento 20 de Febrero, versión marroquí de la ola de revueltas vividas desde principios de año en los diversos países árabes, tuvo clara su postura ante estas elecciones: el boicot. Sus argumentos: la falta de legitimidad democrática de la reforma y del sistema electoral, la permanencia en las listas de candidatos acusados de corrupción o la falta de libertad de expresión reflejada en los arrestos arbitrarios de varios activistas.

Su propuesta fue secundada, durante la campaña, por varios partidos de izquierda, así como por el grupo islamista no legalizado Al AdlWa Al Ihssane (Justicia y Caridad), que, al contrario del PJD, no reconoce la soberanía del monarca. Conseguir mantener una tasa significativa de participación se convirtió, pues, en prioritario para el régimen, que dio todas las facilidades para el voto, retirando por ejemplo el requisito de estar previamente inscrito en el censo electoral.

Aun así, no logró que la participación superara el 28,4%; aunque el dato oficial presentó un 45%, teniendo en cuenta para el porcentaje sólo a los 13,6 millones de marroquíes que habían cumplido con el trámite del censo, y no a los 21millones en edad de votar.

De modo que, pese a su mayoría, el triunfo del PJD es fruto de los votos de no más de millón y medio de personas, mientras que unos cinco millones de ciudadanos repartieron sus papeletas entre el resto de partidos de los que 17 estarán representados en el Parlamento. Casi quince millones de marroquíes no votaron.

El movimiento no se contentó con no acudir a las urnas: dos días después de las elecciones, los manifestantes volvieron a salir a las calles de las principales ciudades del país, en una convocatoria que manifiesta un rechazo no al triunfo islamista, sino al propio proceso. La protesta estaba convocada antes de los comicios, ya que los activistas estaban decididos a impugnarlos de manera radical.

El partido vencedor, por su parte, se enfrenta ahora a una nueva prueba: la de encontrar las alianzas que le permitan una coalición de Gobierno con suficiente margen de acción.

El sistema marroquí está diseñado de modo que resulta muy difícil que una formación pueda gobernar en solitario, cerrando así la posibilidad de que un grupo político se erija en verdadera oposición al majzén, el círculo de poder cercano al monarca.

Sea cual sea su opción, el nuevo Ejecutivo tendrá que enfrentarse a la difícil situación social de un país con casi un 10% de desempleo, siete millones de trabajadores sin cobertura social y altas tasas de pobreza y analfabetismo. Problemas que durante mucho tiempo no estaban en el centro del debate, pero que ahora son recordados por un movimiento ciudadano que insiste en que no va a abandonar su lucha.