La publicación del borrador de Reglamento de Extranjería el 8 de febrero ha abierto dos procesos independientes que, en la actual correlación de fuerzas política, traerán un endurecimiento de las actuales políticas de extranjería concretadas en la Ley de Extranjería (LOEX). El primero de los procesos ha sido el de diálogo social con las organizaciones que el Gobierno considera interlocutoras para delimitar algunas de las líneas de su política de extranjería. Las discusiones han pivotado formalmente en el Foro de Inmigración, formado por las grandes ONG y liderado por Cruz Roja española, que ha suavizado los procedimientos de expulsión previstos en el borrador. También dentro del diálogo social, pero de espaldas a la opinión pública, las discusiones con la patronal y los sindicatos han endurecido los requisitos para la reagrupación familiar al introducir la obligación de una renta mínima de 800 euros para que el reagrupante pueda traer a sus familiares. En el mismo plano, el énfasis del borrador en penalizar a los empleadores que no garanticen contratos de un año para aquellos trabajadores que son contratados en sus países de origen no tendrá una aplicación práctica fácil, dado que la legislación laboral española permite el despido objetivo de trabajadores en todo tipo de situaciones.

Monólogo bipartidista

En el segundo proceso, el de las competencias territoriales, resulta difícil distinguir entre el debate político práctico y la confrontación electoralista. El centro de la discusión entre Gobierno y PP parecen ser las nuevas competencias otorgadas a las comunidades autónomas para certificar el arraigo de aquellas personas que solicitan ’los papeles’. Esta variación supone la posibilidad práctica de que el PP aplique su polémico contrato de integración en las regiones que gobierna. La sorpresa llegó cuando el principal partido de la oposición anunció que se negaría a aceptar tal competencia. Mientras el debate se mantiene en estos términos, la crisis y el mercado de trabajo siguen imponiendo su ley: en febrero se encadenaron siete meses de caídas en la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social.