Tras varios meses de ofensiva antiabortista y de reclamar al Gobierno la reforma de la Ley del Aborto de manera que éste salga del Código Penal y se garantice la normalización de esta prestación en la red sanitaria pública, las organizaciones feministas de todo el Estado preveían dedicar el 8 de marzo a reivindicar el aborto libre y gratuito. Una vez más, la agenda política estatal y las reivindicaciones feministas difieren radicalmente: la jornada de reflexión electoral previa a las elecciones generales del 9 de marzo coincide con la histórica movilización feminista del Día de la Mujer Trabajadora. Esto ha supuesto la prohibición de la marcha en Sevilla y Madrid, además de propiciar diferentes visiones respecto a la estrategia para afrontar la ilegalización. En ciudades como Barcelona, Bilbao, Valencia y Pamplona, la jornada de reflexión no ha sido un obstáculo y las mujeres seguirán saliendo a la calle el día 8.
Manifestaciones prohibidas
En Sevilla, la junta electoral provincial
no ha autorizado la manifestación
de la Plataforma 8 de Marzo
por considerar que el acto puede calificarse
de electoral. La Plataforma
ha presentado un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
que lo ha desestimado. En
Madrid, la Junta Electoral y Provincial
remitieron a Delegación de Gobierno,
que prohibió la marcha. La
Comisión 8 de Marzo recurrió al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
aportando la autorización de la
Delegación del Gobierno en Catalunya
y la solicitud de permiso de
Bilbao como elementos favorables
para autorizarla. El Tribunal impugnó
la primera por estar en catalán,
argumentando que se requería la
presencia de un traductor o traductora
homologados para descifrar el
documento, y la segunda porque sólo
era una solicitud, pese a que en
Bilbao el silencio administrativo se
interpreta como una autorización
de facto. Además, el abogado del
Estado aportó un recorte de prensa
de un diario en el que diversos colectivos
de mujeres afines al PSOE
abogaban por manifestarse el día 7
como prueba de que la manifestación
del día 8 no es una fecha esencial
para el movimiento.
En Madrid, la prohibición definitiva del 8 de marzo ha motivado una importante divergencia de posturas entre los grupos que integran la Comisión 8 de Marzo. Según la Casa Pública de Mujeres Eskalera Karakola, en la última reunión de la Comisión, celebrada en la Asamblea Feminista de Madrid, se produjo “un auténtico desembarco del PSOE protagonizado por sus distintas agrupaciones y organismos independientes y encabezado por la cúpula de la igualdad”. Según la Eskalera Karakola, “a golpe de gritos, insultos, pasilleo y acusaciones de radicalismo se desarticuló algo que el movimiento había mimado inteligentemente en otras épocas: su autonomía con respecto a los partidos. La manifestación tenía que ser el 7”.
Afirman que esto se justificó con “argumentos demagógicos” y afirmaciones como “todos los días son 8 de marzo” y “lo importante es que seamos muchas”, además de intentos de “generar miedo” ante un acto ilegal. La Casa Pública de Mujeres entiende que convocar la manifestación el día 7 tiene un interés partidista y puede ser utilizado al cierre de la campaña “como broche femenino, dirigido a legitimar una larga marcha hacia la institucionalización del feminismo”, por lo que ha decidido autodesconvocarse de la marcha.
A ellas se ha sumado el grupo Ladyfest/Patio Maravillas, aunque muchos de los grupos integrantes de la Comisión no aceptan, según Eskalera Karakola, la ilegalización que ha ratificado el TSJM. Por eso, se sienten“enojadas ante la amenaza de no poder celebrar libremente y sin acosos electoralistas la lucha de las mujeres”, declaran. El objetivo de la celebración del 8 de marzo de 2008 es, para estos grupos, “salir juntas, todas”, a reclamar el derecho a nuestros cuerpos, a nuestra sexualidad y a tomar nuestras propias decisiones, pues el lema escogido es la defensa del derecho al aborto. Para ellas, la prohibición indica que “las reivindicaciones, derechos y presencia pública feminista son un elemento de tercerísima fila. Si fuera un hecho aislado”, arguyen, “podríamos pensar que se les habrá pasado. Pero si lo unimos al destino de las reclamaciones que planteamos, entonces deja de ser mala suerte para convertirse en machismo, política machista. Y esto no es monopolio de la derecha”.
Desde la Comisión 8 de Marzo se declaran indignadas por “la prohibición de la manifestación y la manipulación electoralista”. Su posición es “ir el día 7 porque nos parece importante que en este momento político de acoso a las mujeres nuestra voz se escuche y que salgamos a la calle de forma masiva, lo que sólo se puede hacer con una manifestación autorizada. Si es ilegal, colectivos como las inmigrantes, las prostitutas y otras mujeres, independientemente de su signo político, no podrán acudir. Nos interesa denunciar la derechización de los derechos de las mujeres, el día no es lo imprescindible. Es muy importante tener una estrategia colectiva como movimiento”.
Así las cosas, la manifestación unitaria en Madrid será el 7 las 19.30 en Plaza Jacinto Benavente. Paralelamente circula una convocatoria feminista anónima para el día 8 de marzo, “como siempre”, en el mismo sitio y a la misma hora que la anterior. La consigna:“Manolo, Manolito, reflexiona tú solito”.
PROSIGUE LA PERSECUCIÓN Y LA PROHIBICIÓN DE ABORTOS LEGALES
Al margen de la polémica
en torno al 8 de
marzo, la ofensiva antiabortista
prosigue en
varios frentes. El 27 de
febrero la Policía de
Valencia citó a dos militantes
de Izquierda
Unida por haberse
autoinculpado de haber
abortado, en el marco
de la campaña que el
movimiento feminista
realiza en todo el Estado.
Una de ellas es candidata
al Congreso por
esta formación política,
la única que ha propuesto
reformar la
actual ley de despenalización
del aborto y
poner en marcha una
ley de plazos. Las citaciones
las ordenó el juzgado
de Instrucción nº
19 de Valencia.
El 28 de febrero, el Hospital
del Mar de Barcelona
negó el aborto a una
mujer de 34 años afectada
por un retraso mental
que afecta al 73% de
su capacidad psíquica y
mental. La mujer, embarazada
de cinco meses y
medio, cuenta con el
apoyo de su familia, que
ejerce la tutela y solicitó
el aborto alegando la
incapacidad de la gestante
para hacerse
cargo de descendencia.
El Hospital del Mar
alegó que su situación
no se ajusta a los tres
supuestos que prevé la
ley de despenalización
parcial del aborto (violación,
malformación
fetal o riesgo para la
salud de la mujer) y
que desconocían su
discapacidad.
En Madrid diversas entidades
denuncian que el
Instituto del Menor de la
Comunidad está denegando
el derecho a
abortar a jóvenes que
están bajo su tutela, vulnerando
sus derechos.
La Federación de Planificación Familiar Estatal, que gestiona diversos Centros de Atención a Jóvenes en Anticoncepción y Sexualidad, defiende “el derecho de jóvenes y adolescentes a decidir sobre su vida sexual”. La Federación reclama prevenir los “embarazos no deseados a través de una educación sexual exenta de prejuicios y estereotipos también en ámbitos no formales”.
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