
Con un estremecedor “Sólo Dios sabe a dónde iremos a parar” Marvin Gaye cerraba su “Inner city blues” y abría paso a la negatividad que caracterizaría a la música negra norteamericana a partir de los años ‘70.
Lo suficientemente cerca del espíritu hippie, pero con los dos pies dentro del escenario de degradación urbana por el que atravesaban los guetos desde hacía ya una década, la mirada de Gaye a esa ciudad dentro de la ciudad ofrecía un contraste lúcido a la América de Nixon y a la ingenuidad de la que él mismo había sido un abanderado.
Al margen de las gigantescas distancias, cabe preguntarse qué aspecto tiene esa “ciudad interior” en la Europa de la crisis. ¿Sirve ese concepto de la geografía urbana estadounidense, traducido literalmente por Santiago Auserón, para dar la medida precisa de las poblaciones afectadas por la crisis y las políticas que la acompañan?
En esa ciudad partida caben las afirmaciones escépticas sobre la realidad de las dificultades económicas -”¡si están las terrazas llenas!”, se escucha también en invierno- y la criminalización de barrios enteros: los controles de la policía llegan a los locutorios, a las discotecas, a los intercambiadores que llevan a las domésticas desde las periferias empobrecidas hasta las áreas residenciales de clase media.
La ciudad partida rebosa de colegios concertados que rechazan a determinados alumnos: tú a la pública. Pero en la pública hay menos aulas de enlace y menos profesores: los recortes.
En la ciudad interior, por ejemplo, en Sevilla, tienes que demostrar que posees un piso amplio para traer a tu familia, aunque vivas de interna con la abuela de otro. Los expedientes se atascan y los embargos se ejecutan. El trabajo es el pago de una deuda, o se cobra en especie, o es una inversión de tiempo para conseguir un contrato y una tarjeta de residencia (no garantizada). La ciudad interior a veces canta, a veces baila y responde “No pasa nada”. O: “todo va a salir bien”. O : “queremos huir de aquí”.

A finales de junio, el rechazo popular a una redada policial en el barrio madrileño de Lavapiés devolvía a la actualidad la polémica de los llamados “controles racistas”: la retención y posterior detención de viandantes de acuerdo a criterios raciales, con el supuesto objetivo de detectar y expulsar a la población indocumentada. En marzo, el fotógrafo de Diagonal Edu León vivía su quinto juicio por fotografiar esta práctica ordenada por el ministerio de Interior en la época del hoy candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, una política considerada ilegal por diferentes juristas.
Interior no quiere testigos en las redadas policiales con criterios raciales
Vídeo: Rubalcaba niega la existencia de redadas. Vía fotogracción.
El reciente veto del Gobierno a extender nuevas tarjetas de trabajo a los ciudadanos rumanos, criticado hasta por la Comisión Europea, ha supuesto un nuevo paso en la política de ’cerrojazo’ migratorio impulsada de forma silenciosa por el ejecutivo de Zapatero. En junio entraba en vigor un nuevo reglamento de extranjería que permitirá a los futuros gobiernos limitar las nuevas solicitudes de trabajo y residencia a un catálogo de empleos de dificil cobertura.
Papeles para mayordomos de buque
El responsable de inmigración del PP dice que el Gobierno ya ha aprobado el contrato de integración
El caso de la retirada de la tutela sobre su hija a una usuaria de un centro de acogida madrileño por darle el pecho demostró la existencia de criterios arbitrarios en las políticas llamadas sociales.
En noviembre entrevistábamos a Miguel Montes Neiro, el preso con más antigüedad en las cárceles españolas. Ahora cumple ya más de 100 días en huelga de hambre para exigir su puesta en libertad. Miguel es uno de los más de 300 presos del Estado español para quienes la cadena perpetua ya existe de facto.
"El preso tipo es un varón, sin trabajo fijo o de escasa cualificación y
relativamente joven"
El 20% de las personas presas esperan una condena firme
Este reportaje premiado alerta sobre la tendencia de sectores de la judicatura a tener en cuenta la existencia de una supuesta enfermedad para decidir a favor del padre en juicios de custodia. Pero no en cualquier tipo de juicios, sino en aquellos celebrados en un contexto de violencia o abusos.

Relativamente poco conocidas, las operaciones Carioca y Macedonia han implicado a altos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en casos de corrupción relacionados con el narcotráfico y la trata de blancas.
La reciente muerte del joven Ramón Barrios en un centro de menores de Madrid ha vuelto a suscitar la rabia entre familiares, amigos y grupos de apoyo a los menores privados de libertad. Sin embargo, dos años después de que otras denuncias de malos tratos trascendieran a la opinión pública, la situación apenas ha cambiado.
Escucha la entrevista a la familia de Ramón Barrios en Radio Enlace
Después de cinco años de severas limitaciones de movilidad, nueve jóvenes serán juzgadas en octubre por supuestos delitos de atentado a la autoridad durante las sentadas por el derecho a techo del año 2006. El precedente más directo del 15M se enfrenta así a un juicio en el que el fiscal pide penas de hasta 6 años de cárcel. Y llama mucho la atención, tanto en los comentarios como en las propias alusiones del texto, la entrevista digital, las respuestas de Macromundo y del Grupo 47, la presencia ya inminente de eso que luego hemos llamado “Movimiento 15M”.
"Aparte de no tener derecho a vivienda tampoco tenemos derecho a manifestarnos..."
Aupado por los medios que ya vislumbran el final del zapaterismo, el juez Baltasar Garzón está dispuesto a pasar una nueva página en su errática trayectoria como hombre público. En Diagonal hemos relatado el penúltimo episodio de este curriculum transformista: después de varias oportunidades fallidas, el Gobierno español ha logrado finalmente colocar al contestado juez ‘estrella’ en un organismo judicial europeo.
El 6 de julio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, un organismo paneuropeo de defensa de los derechos humanos, eligió al magistrado de la Audiencia Nacional como representante español en el Comité para la Prevención de la Tortura. “La elección de una persona que, cuando menos no ha investigado suficientemente denuncias por torturas y cuando más puede haber sido colaborador necesario de las mismas, ataca la credibilidad de esta institución”, sostenía Carlos Hernández, activista de derechos humanos.