En cuestión de dos semanas, se han publicado en El País una serie de artículos poco objetivos sobre Perú y los triunfos económicos mediante el expolio de materias primas por parte de las empresas transnacionales. No obstante, al conocer la campaña “Invertir en el Perú” que este diario está promoviendo bajo el patrocinio de REPSOL, BBVA y Telefónica, no es de extrañar el enfoque demagógico que se le ha dado a la noticia “Una mina decide el futuro de Perú”, publicado en El País el pasado 18 de enero. En relación al artículo queríamos ofrecer nuestro apoyo al pueblo de Perú, que se está movilizando decidido a que sea la ciudadanía quien decida el futuro del país, y no una mina.

Puede que hayan oído hablar del conflicto que ha generado un nuevo proyecto minero en la región de Cajamarca en Perú (ver Diagonal 165). Se trata del proyecto Conga de Minera Yanacocha. El rechazo a este proyecto es la gota que colma el vaso de un conflicto permanente que existe desde que esta empresa opera en la región. Su actividad se basa en la extracción de oro a cielo abierto mediante la “tecnología” de irrigar cianuro sobre las toneladas de tierra removida. Después de 19 años de actividad minera, Cajamarca no ha tenido oportunidad de ver el progreso prometido, la pobreza alcanzó un 49.1% en 2010 (INEI). De lo que sí pueden dar testimonio los cajamarquinos es de cómo esta actividad ha generado impactos negativos en sus vidas sin que la empresa se responsabilice de ellos, como la disminución y contaminación de agua en sus canales y manantiales y la vulneración de los derechos de las comunidades.
Ahora, los socios accionistas están decididos a incrementar sus beneficios con el nuevo proyecto Conga situado sobre las cabeceras de cuenca de tres de los principales ríos de la región, fundamentales para el desarrollo agropecuario que es la principal actividad de la población rural.
Ante las protestas populares en defensa del agua, el gobierno central se mostró intransigente ocupando la ciudad de Cajamarca con 4.000 soldados y 3.000 policías antidisturbios, declarando el estado de emergencia. Frente a estos abusos de poder que ejercen empresas y gobiernos, prevaleciendo los dividendos de los accionistas por encima de la defensa de la vida, denunciamos que inversores extranjeros cierren los ojos a estos atropellos de los derechos humanos y ambientales, nos solidarizamos con el pueblo cajamarquino y pedimos que su voz sea escuchada.