La revisión por el Tribunal Supremo
de las duras sentencias –525 años en
total– contra 46 ciudadanos vascos
impuestas por la Audiencia Nacional
en el marco del sumario 18/98 contra
la izquierda abertzale civil se ha saldado
con muy desigual resolución.
La vista en el Supremo finalizó el pasado 22 de abril con, de nuevo, la insistencia de las defensas en la falta de pruebas y en el impulso político- represivo del proceso. El 29 de abril, el alto tribunal anunciaba y hacía firme la absolución de ocho de los nueve condenados a penas de nueve y diez años de prisión en la “pieza desobediencia civil”. Sin embargo, el Supremo no se pronunció sobre el resto de los recursos, y ni tan siquiera, al cierre de esta edición, se sabe cuándo hará pública su resolución, de manera que no hay todavía ninguna sentencia firme contra los otros acusados. Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, se adelantó a la sentencia e interpretó que la absolución comunicada por el alto tribunal de alguno de los encausados suponía la condena del resto. Y ordenó la detención, que agentes de la Guardia Civil realizaron por la noche, y posterior encarcelamiento de ocho de los encausados que permanecían en libertad provisional, en la mayoría de los casos por motivos de salud. Entre ellos, Jabier Salutregi, último director del clausurado Egin; el histórico dirigente abertzale José Luis Elkoro, de 73 años y aquejado de graves problemas de salud; e incluso de Juan Pablo Diéguez, detenido en el Hospital de la Cruz Roja de Bilbao mientras convalecía de una reciente operación en el menisco y a pesar de requerir de respiración asistida. Sus abogados no recibieron notificación alguna y accedieron al auto de la Audiencia a través de los medios de comunicación.
Aunque el contenido del fallo y la sentencia no es público todavía, se da por hecho que el Supremo rebajará entre dos y tres años las condenas por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada impuestas a los 38 condenados, que deberán permanecer encarcelados entre siete y 22 años, según los casos. Para esta rebaja, el alto tribunal estimaría que la Audiencia Nacional aplicó los máximos castigos previstos sin que se justificara debidamente.
Al mismo tiempo y por orden del Supremo, la Audiencia Nacional dejaba sin valor la condena a penas de nueve y diez años de cárcel impuesta contra ocho condenados en la denominada pieza de ‘desobediencia civil’. Sabino Ormazabal, Fernando Olalde, Mario Zubiaga, Alberto Frías, Mikel Aznar, Olatz Altuna, Mikel Zuluaga e Iñaki O’Shea –quien abandonó el 29 de abril la prisión donde permanecía encarcelado desde diciembre de 2007– han quedado completamente exonerados. Por un delito que nunca cometieron, O ‘Shea ha cumplido 24 meses de cárcel; Aznar, 16 y Ormazabal, ocho. La decisión deja prácticamente sin efecto jurídico alguno la operación contra la Fundación Joxemi Zumalabe dirigida por el magistrado Baltasar Garzón. Sólo Carlos Trenor, de 63 años y procesado también en aquella causa, permanece encarcelado al concurrir contra él otra condena por su participación en Orain SA, la editora de Egin. El Supremo también ha absuelto a Natale Landa, condenada a 11 años en la pieza ‘Ekin’, quien también abandonó la cárcel a finales de abril.
Entidades jurídicas y organismos sociales que han denunciado “la severa injusticia que supone todo el macroproceso 18/98” han declinado emitir valoraciones hasta conocer el contenido exacto de la sentencia, que deberá validar o no la tesis de “todo es ETA”, impulsada por Garzón desde 1998 y que le llevó a clausurar un periódico y una radio.
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